¿Impunidad para los asesinos?

Los miembros del Grupo Colina, escuadrón responsable de varias matanzas durante el gobierno fujimorista, gracias a un fallo judicial polémico pronto podrían estar en las calles. Esta situación, ha hecho que muchas agrupaciones a favor de los Derechos Humanos levanten su voz de protesta.

Veinte años que a la larga, no son nada, porque se recuerda como si hubiera pasado ayer. La madrugada del sábado 18 de julio de 1992, cuando el Grupo Colina incursionó en la Universidad La Cantuta para secuestrar y eliminar a un profesor y nueve estudiantes, apenas habían transcurrido 28 horas y 10 minutos del estallido del coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores.

Los 400 kilos de anfo y dinamita que apagaron la vida de 25 personas estallaron a las 9 y 20 de la noche del jueves 16 de julio de 1992. Y la desaparición de los cantuteños comenzó a la 1 y 15 del sábado 18 de julio.

Si bien el atentado de Tarata tuvo como autor a Sendero Luminoso, la matanza de La Cantuta fue la respuesta del Estado a través de un grupo llamado Colina, cuyos integrantes fueron sentenciados pero que ahora gracias a un fallo pronto podrían recuperar su libertad.

Polémica actual

Recientemente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acaba de emitir un fallo que a todas luces favorece a los miembros del Grupo Colina. Esta decisión ha generado toda una polémica. Mientras para el titular de esta Sala, Javier Villa Stein, lo acontecido en Barrios Altos no fue un delito de lesa humanidad, para otros los magistrados se equivocaron en su apreciación. 

Para el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, dicha decisión es vergonzosa y lo que hace es ‘premiar a los asesinos’. “Con este fallo se está insinuando que los asesinados eran subversivos y que se procedió bien. Por eso vamos a llevar este caso a instancias internacionales”, manifiesta. 

El abogado Mario Amoretti, sin embargo, tiene otra apreciación. Para el jurista, quienes critican dicho fallo tienen motivos políticos ya que no se puede actuar por sobre la sentencia de instancias anteriores en el sentido de que no se planteó acusación por delito de lesa humanidad en ellas.

“Nadie puede ser condenado por un hecho que no ha sido registrado”, sostiene Amoretti respecto de lo que sería un principio correctivo aplicado por la Corte Suprema.

¿Golpe al terrorismo o a los Derechos Humanos?

Al Grupo Colina, aparte de atribuírsele la masacre en Barrios Altos, también se les recuerda por el de La Cantuta, donde nueve alumnos y un profesor fueron secuestrados, asesinados y enterrados en Cieneguilla por presuntos vínculos con Sendero. Entonces, el dilema es, que si en tiempos donde el terrorismo atacaba sin tregua y sin piedad, ocultándose entre civiles sin revelar su verdadero rostro, ¿no eran suficientes motivos como para atacarlos ante esa crisis? Allí es donde entran a tallar los derechos humanos, ya que si bien los terroristas fueron los primeros en quebrantarlos, para el abogado Francisco Soberón, el Estado no debió rebajarse a incurrir en los mismos métodos de violencia y barbarie que los subversivos.

“Es inaceptable que a los terroristas, estando desarmados, se les detenga, juzgue y elimine en el mismo acto. No se justifica nada que obren en ese sentido. No se puede combatir la barbarie con barbarie”, advierte. 

Pero en opinión de John Caro; el exjefe de la Dincote (División Nacional contra el Terrorismo) el caso de La Cantuta fue una medida extrema pero en la que se erradicó a miembros de Sendero que participaron en el atentado de la calle Tarata. “No fue al azar. En el grupo de terroristas de La Cantuta hubo un infiltrado que participaba en sus reuniones. Cuando llegaron a llevárselos ese infiltrado les indicó quiénes fueron los responsables. Ese profesor daba discursos a favor de Sendero abiertamente, pero lo que pasa es que no se investiga”, revela Caro. 

Además, le queda claro que muchas de las mismas ONGs que protegen los derechos humanos están coludidas con los terroristas para que éstos no sean encarcelados y sean beneficiados con la impunidad y lo que buscan es lucrar con eso. Todo ello, por un sistema corrupto, un Poder Judicial podrido, donde se sobornan a jueces con lo que continúa ese cáncer que daña a la sociedad, que es el terrorismo. Por lo que John Caro considera, que la pena capital hacia los terroristas sería una medida para solucionar esto, a pesar del Pacto de San José (Costa Rica).

Con referencia a ese punto, Francisco Soberón rechaza totalmente la pena de muerte, ya que se debería capturar usando un sistema de inteligencia como con Abimael Guzmán y sentenciar a los culpables. “Si es necesario se deben tomar las armas para combatir, pero siempre respetando un Estado de Derecho ya que no se puede aplicar la ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”. Con respecto al caso de La Cantuta señala que fue un ultraje contra sus derechos ya que se trató de personas desarmadas que fueron secuestradas y en ningún momento hubo acción subversiva como se quiere hacer creer.

Los actos terroristas que se dieron en el pasado han dejado huellas imborrables. En la década del 90 se tomó las armas del terror para combatir el terror, lo que trajo como consecuencia, más miedo y muerte a su paso. En la actualidad los culpables están pagando sus delitos, pero la medida de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema marca un precedente de impunidad que daña la memoria de las víctimas y sus deudos que no son pocos. ¿Usted qué opina?