Centroamérica se está convirtiendo en santuario criminal, fábrica de supermercados de drogas, centro de lavado de dinero y lugar de reclutamiento de sicarios. Las policías, las prisiones y la justicia están colapsadas.
Hechos similares bajo entornos diferentes derivan en situaciones distintas. Por ello la regla básica del análisis político es que el contexto importa.
Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa se produjo un cambio de contexto en el tema del tráfico de cocaína. Fueron derrotados los grandes carteles colombianos, se desmantelaron las redes que estos tenían en Florida, mejoró la capacidad de interdicción marina de Estados Unidos en el Caribe y finalizó la política cubana de cooperación con el narcotráfico.
El tráfico de cocaína se trasladó entonces de la ruta más directa Colombia-Florida, hacia la ruta Colombia-Centroamérica-México frontera de Estados Unidos. México era entonces un país bastante pacífico y en Guatemala, Honduras y El Salvador eran los Gobiernos los que tradicionalmente mataban gente. Sin embargo, el cambio de contexto descrito produjo una gran explosión de violencia delictiva en Centroamérica y México que en realidad era tan previsible como inevitable.
Los hechos más emblemáticos del cambio descrito fueron: la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en Cuba en julio de 1989 y la película Scarface con la actuación de Al Pacino que nos cuenta del florecimiento del crimen organizado en el Miami de los ochenta.
En los años setenta y ochenta existió una política de tolerancia solapada hacia la producción y tráfico de drogas.
El crecimiento del poder criminal volvió insostenible la tolerancia solapada al narcotráfico. En ese sentido, la política de seguridad del presidente Calderón en México respondió a una realidad en la que no había opciones, esperar era dejar empeorar. México comenzó así a combatir al crimen organizado y a modificar positivamente las relaciones y el balance de fuerzas entre sociedad, Estado y delincuentes. Pese a que se habló mucho de los costos que ha implicado enfrentarse al crimen, la violencia no fue parte sustancial del debate en la reciente campaña electoral.
En Estados Unidos hay quienes piensan que la victoria del PRI constituye un riesgo de vuelta al pasado, a pesar de que el presidente electo de México Enrique Peña Nieto ha dicho que el combate al crimen organizado continuará. Tal como ya lo afirmaron algunos, México es hoy un país distinto y la política de seguridad del nuevo Gobierno necesitará, por interés propio, responder a una amenaza que ya no es la misma que hace 20 años.
La violencia en el Estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey, el “corazón industrial de México”, ha sido sin duda la más grande provocación del crimen organizado hacia el Estado mexicano. En este Estado, acostumbrado a gozar de paz y seguridad, coinciden actuando el Gobierno Federal del PAN, el Gobierno del Estado del PRI, el Gobierno de la ciudad de Monterrey del PAN, los poderes económicos más importantes de México, un centro académico de la más alta calificación y una población considerada ejemplo cívico para el país.
En Nuevo León está en desarrollo una nueva policía llamada Fuerza Civil que a la fecha ha preparado cerca de 2.000 efectivos; se está edificando una colonia conocida como “ciudad policial” para los miembros de la nueva corporación; y como parte de la política de prevención social y recuperación de espacios urbanos se ha construido el centro comunitario más grande del país en la colonia Independencia de Monterrey.
En un año el promedio diario y mensual de homicidios ha bajado más del 50%, el robo de vehículos más del 30% y todos los delitos van en descenso. Nuevo León-Monterrey es un indicador de una dinámica de construcción de consensos en México, que puede ser complicada, pero que al final funciona.
El problema no está en México, este país tiene los recursos y capacidades para mejorar su seguridad, lo más grave está en los pequeños, pobres y violentos países centroamericanos. Antes el problema era de tráfico de cocaína, ahora Guatemala produce heroína. Según fuentes públicas, hasta mayo de este año en Guatemala se habían incautado más de 470.000 galones de precursores para fabricar metanfetaminas, y en El Salvador casi 200 toneladas que serían solo una porción del total. Las policías, las prisiones y la justicia están colapsadas desde hace tiempo. Son naciones desesperadas esperando milagros ante la imposibilidad de impulsar políticas públicas.
La debilidad de estos Estados permite que los criminales hagan un uso cínico de sus territorios. Centroamérica se está transformado en santuario criminal, fábrica y supermercado de drogas, centro de lavado de dinero y lugar de reclutamiento de sicarios. La frontera sur de México ya es otra zona de caos por los flujos migratorios imparables, por el narcotráfico y por la expansión de las “maras” desde Centroamérica. Con sus 45 millones de habitantes, la región es parte natural de la geopolítica mexicana como potencia emergente, algo que ya le disputan Venezuela y Colombia. Hasta fechas recientes, México ha debido ocuparse de su propio problema, sin embargo la seguridad es ahora un problema transnacional. De nuevo no hay opción, o México contribuye a estabilizar Centroamérica, o Centroamérica impedirá que México se estabilice.
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