Gracias a este displicente trabajo – por llamarlo de alguna manera- ministros, legisladores, magistrados con derecho a antejuicio político se salvaron de ser procesados. Por lo que no nos sorprenda ver a muchos de ellos postulando al Congreso o integrando alguna plancha presidencial.
Durante la presidencia del upepista Aldo Estrada, llegaron a este subgrupo 41 acusaciones en total y la recomendación siempre fue la misma: declarar la improcedencia, decisión ratificada en las votaciones con el apoyo del Apra, fujimorismo y UPP.
Cabe señalar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es uno de los grupos de control político más importantes del Congreso. De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Parlamento, esta subcomisión está encargada de calificar la admisibilidad y la procedencia de las denuncias constitucionales presentadas. También de cumplir con la función de efectuar las investigaciones sobre los procesos de acusación constitucional, emitiendo para el efecto el informe final correspondiente
Los favorecidos
El subgrupo favoreció así al ex ministro de Justicia Aurelio Pastor (acusado por el indulto al prófugo José Enrique Crousillat) y al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, denunciado por la escandalosa subvención a Fabiola de la Cuba.
También a los ministros Enrique Cornejo Ramírez (Transportes) y Adolfo de Córdova (Agricultura) por vulnerar decretos supremos e incumplimiento de resoluciones judiciales, respectivamente. A ellos se suma el ex ministro de Economía Luis Valdivia Montano.
También se declaró improcedente la denuncia contra el ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon.
Entre los congresistas, se rechazó la acusación contra Nancy Obregón por presunto abuso de autoridad y tráfico ilícito de drogas, a raíz de las actividades de su ex asesor.
Entre los magistrados salvados figuran la ex jefa de Ocma Elcira Vásquez, miembros del JNE con su presidente Hugo Sivina a la cabeza, miembros del Tribunal Constitucional y vocales supremos.
Solo Gutiérrez
“De todo lo que hemos votado, el 99% se declaró improcedente a pedido de la presidencia. Impiden que se estudie el tema de fondo, cuando sí hay argumentos para denunciar”, señaló en su momento Cayo Galindo.
Aquella vez el legislador nacionalista agregó a un medio local que “todo informe que sale de asesoría técnica (del subgrupo) es improcedente. La vocación de Estrada es totalmente limpiadora”.
De acuerdo con información existente, solo se admitió, a insistencia opositora, la acusación contra Álvaro Gutiérrez por peculado, falsedad y otros delitos.
Delitos de función
Tratando de justificar la baja productividad de este sub grupo de trabajo, el parlamentario
Aldo Estrada señaló que durante su presidencia solo se admitió una de las evaluadas debido a que las demás no calificaban como delitos de función en agravio del Estado y la Constitución.
“Lo que pasa amigo periodista es que la mayoría de la gente cree que nosotros debemos dar trámite a toda denuncia presentada, cuando las cosas no funcionan así. Los delitos comunes no caben en esta subcomisión”, reveló el upepista. Meses atrás Estrada dijo a La República que ellos no eran mesa de partes.
Según el reglamento, cuando un caso llega a la Comisión Permanente, es enviado al archivo si la subcomisión declara improcedente la denuncia; pero si declara su procedencia, se amplía el plazo de investigación a la subcomisión para sustentar la denuncia.
LOS DENUNCIADOS
De acuerdo con la actual titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Karina Beteta, están pendientes de ver las denuncias contra el ex premier Jorge del Castillo y los ministros Óscar Ugarte (Salud) y Rosario Fernández (Justicia). También contra el ex titular del Interior, Octavio Salazar; Economía, Luís Carranza; José Antonio Chang (Educación) y Rafael Rey (Defensa). Figuran asimismo el ex presidente Alejandro Toledo y el actual mandatario Alan García Pérez.
En la lista también están los congresistas apristas Edgar Núñez y Wilder Calderón. También De partido nacionalista, Yaneth Cajahuanca. Asimismo varios magistrados como el aún presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.
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