Después de 15 años de la Operación Chavín de Huantar, ésta todavía sigue dando que hablar. Por pedido de algunas ONGs, la CIDH ha demandado al Estado peruano por no esclarecer los hechos de una presunta ejecución extrajudicial. Por lo pronto, el Gobierno ya adelantó que no enjuiciará a ningún militar que participó en dicha operación
La responsabilidad que ha encontrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Estado peruano por la violación del derecho a la vida en el caso de tres emerretistas supuestamente ejecutados al término de la operación de rescate de rehenes de la residencia japonesa, en 1997, ha vuelto hacer que la gente se pregunte ¿qué sucedió realmente ese 22 de abril de hace 15 años? ¿Realmente hubieron ejecuciones extrajudiciales? ¿O se trata de todo un tinglado de algunas ONGs para desprestigiar al país?
La Operación Chavín de Huántar fue una operación militar del gobierno del Perú presidida por el entonces presidente Alberto Fujimori para rescatar a los rehenes de manos de miembros del MRTA de la embajada de Japón.
La toma de la embajada japonesa en Lima comenzó el 17 de diciembre de 1996, cuando 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno y militares de alto rango y hombres de negocios que asistían a una celebración con ocasión del 63º aniversario del natalicio del Emperador de Japón Akihito.
La mayoría de los 800 rehenes que tomó el MRTA fueron liberados esa misma noche. Tras ser mantenidos como rehenes por 125 días, los 72 restantes fueron liberados el 22 de abril de 1997 en una incursión de comandos de las Fuerzas Armadas de Perú, durante la cual murieron un rehén, dos comandos y todos los militantes de esa agrupación subversiva. La operación fue vista por la mayoría de peruanos como un gran éxito y obtuvo atención mediática en todo el mundo.
Inicialmente, el presidente del Perú Alberto Fujimori recibió gran crédito por salvar las vidas de casi todos los rehenes; sin embargo, tiempo después surgieron comentarios sobre algunas ejecuciones extrajudiciales debido al testimonio que brindó a un medio internacional uno de los funcionarios japoneses secuestrados de nombre Hidetaka Ogura, y que según la prensa de su país era un diplomático de raíces comunistas.
¿Quiénes están detrás de la demanda?
En base a este testimonio las ONGs y parte de algunas autoridades caviares (izquierdistas acomodados), que hoy forman parte de la CIDH como Diego García- Sayán, solicitaron a la Corte a finales del 2001 demande al Estado peruano para que se enjuicie a los militares que participaron en la Operación Chavín de Huantar.
Una de esas ONGs que participaron en la demanda fue la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) cuya directora adjunta en ese entonces era nada menos que Eligia Rodríguez Bustamante, madre de uno de los emerretistas abatidos por los comandos, quien años antes ya había pedido ante la Fiscalía una investigación para sancionar a los militares por supuestos asesinatos extrajudiciales en dicha operación. Aunque dicho pedido fue desestimado en un principio, fijó un precedente para lo que vendría tiempo después.
Esta misma ONG Aprodeh a la que perteneció Rodríguez Bustamante, es hoy presidida por Francisco Soberón, quién por el año 1986 fue miembro del comité central de Vanguardia Revolucionaria (VR), movimiento que se encargaba de movilizar a campesinos para su levantamiento en contra del gobierno de Juan Velazco Alvarado.
VR, que era secundado por el frente Unidad Democrática Popular (UDP) que era dirigido por Oscar Dancourt y Fernando Rospigliosi, años más tarde se desarticularía y daría paso al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que puso a muchos de sus componentes en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), de los cuales destacaron Carlos Tapia, Javier Ciurlizza, así como el ministro de Justicia del Gobierno de transición de Valentín Paniagua, y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y principal gestor de la demanda contra el Perú, Diego García-Sayán.
Desde la posición como ministro de Justicia durante la gestión de Paniagua, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos que se abrieron ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes” en las Fuerzas Armadas y policiales.
Entonces recapitulando. En los párrafos anteriores hemos demostrado que un gran porcentaje de los que hoy promueven un nuevo juicio a los comandos tienen un pasado izquierdista, entonces nos hacemos una pregunta ¿Cuál es su verdadera intención de estas personas?¿Por qué insisten en llevar al terreno penal hechos que ya fueron absueltos en su momento por el fuero militar?
La respuesta es muy sencilla. Muchos de los antes mencionados pertenecen a ONGs dedicadas a captar dinero del extranjero para el uso exclusivo de promoción de derechos humanos en el Perú, de los cuales no están obligados a tributar debido a que los ampara la ley. Entonces aquí estaría la respuesta de su afán por abrir juicios ya resueltos y tratar de que exista toda una corriente política a favor de terroristas condenados.
De acuerdo con el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco Távara, Aprodeh recibió en el 2010 de la cooperación internacional la suma de 652,422 dólares. El Instituto de Defensa Legal (IDL) 5 millones 724 mil dólares y la Comisión Andina de Juristas 1`161,416 dólares.
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