Presidentes regionales en la mira

Proyecto de ley solicita la vacancia de los líderes de cada región que usen los recursos del Estado en protestas sociales, tales como paros, huelgas o cualquier tipo de desmanes colectivos. Sin embargo, dicha iniciativa ¿será el camino idóneo hacia la tranquilidad social o solo centralizará más el poder político en nuestra capital?

Los actuales conflictos sociales que afronta el país, algunas de ellas promovidas por autoridades regionales y locales, no solo vienen afectando la economía de las zonas en protesta, sino- lo que es más lamentable- está originando la muerte de muchos peruanos. La muestra más clara lo tenemos en Espinar (Cusco), donde fallecieron más de cuatro personas mientras protestaban contra la mina Xstrata. 

Con el fin de encontrarle una solución a estos problemas que afectan al país, la Comisión de Descentralización del Congreso, el martes pasado, debatió en una sesión extraordinaria una iniciativa que propone establecer como causal de vacancia para los presidentes regionales el uso indebido de los recursos del Estado en huelgas, paros y problemas de tipo social. Además de fortalecer el rol fiscalizador que vienen desarrollando los consejeros de cada región, así como el aumento de las causales para la vacancia del cargo en cuanto a la presidencia regional.

La iniciativa asimismo busca establecer la erradicación rotunda del nepotismo en las regiones, para lo que se propone eliminar todo tipo de favoritismo a los familiares, en lo que respecta a algún puesto de trabajo en cualquier dependencia regional. Por lo que se medirá el grado de consanguinidad hasta el cuarto grado y, en el caso de afinidad, será hasta el segundo.

Se precisa que en el cuarto grado de consanguinidad están incluidos los hermanos, padres e hijos de los hermanos; mientras que en del segundo grado solo están los ahijados, los matrimonios, los compadres, etc.       

“Lo que nosotros estamos planteando es la vacancia de los presidentes regionales que usen los recursos de sus respectivos gobiernos para afectar a la población con actos reñidos con la tranquilidad pública, como lo están originando en Cajamarca. A los que quiebran el orden jurídico del Estado, generando desorden y desconcierto incumpliendo con sus funciones”, expresa el congresista oficialista Rogelio Cánches, quien además señala que “lo que se busca es que los presidentes asistan una vez al año ante el Pleno, para que den cuentas de su gestión, de manera obligatoria y en resguardo de los intereses de la nación”.

Por su parte, el presidente regional de Apurímac, Elías Segovia, dice que ese proyecto que se pretende hacer ley es innecesario, pues ya existen recursos fiscalizadores, de control y monitoreo en los gobiernos regionales que los presidentes conocen y obedecen.  

“Ese tema es muy relativo, porque si la evaluación se hace con criterio político, todo presupuesto va a estar orientado a actividades sociales”, expresa Segovia.

Sobre el supuesto uso que hacen algunos presidentes regionales del dinero del Estado para financiar y promover marchas que generan conflicto sociales, Elías Segovia sostiene que él no podría decir nada al respecto de algo que no le consta, más si podía responder por Apurímac.

“Yo tengo que responder por Apurímac. Nosotros actuamos como gobernantes, y el gobernante no tiene la disposición ni la necesidad de realizar acciones de fuerza porque va en contra del criterio del gobierno. Yo lamento mucho que en otras regiones puedan insinuar esas cosas, como es el caso de Cajamarca, pero aquí no pasa eso. Control y fiscalización hacia nosotros existe. La posibilidad de vacar a un presidente regional por haber participado de un paro es un tema que el marco de la ley contempla y se debe actuar en base a ese criterio”, sostiene.

Respecto a este mismo tema, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, afirma que esta iniciativa es producto de una situación específica y que se ha llevado a la generalidad, por lo cual, según indicó a RPP Noticias, no estaría correcto.

“No es la primera vez que proponen este tipo de normas. Pero si partimos de un caso particular, para generalizarlo, entonces, estamos mal”, señala.

Además, afirma que los mecanismos para la revocatoria y la vacancia son totalmente democráticos y están a disposición de la población, “y eso está claramente definido”, agrega.

Villanueva es, además, presidente de la Región San Martín, e indica que ya existen mecanismos fiscalizadores que velan por las buenas conductas de los presidentes regionales y añade que si se implantan mayores controles a dichos dirigentes solo se estaría abundando.

Centralización

Para Pedro Morales Mansilla, excongresista y exalcalde de Huancayo, la propuesta que se viene trabajando en el Congreso para aumentar la fiscalización a los gobiernos regionales y agregar más causales para vacar al presidente, solo hará que se centralice el poder político en el Parlamento no permitiendo avanzar el proceso descentralizador que se viene desarrollando en el país. 

“En primer lugar, todo funcionario tiene la obligación de rendir cuentas, de ser fiscalizado, controlado. Sin embargo, hay que tener presente que la descentralización es todo un proceso y forma parte de la reforma del Estado, por lo tanto, debe consolidarse, y no retroceder con leyes que tengan injerencias en los gobiernos regionales. Si bien es cierto, se puede dar la interpelación y hasta la censura, éstas deben darse en su propia instancia, a nivel del propio gobierno. Hay que perfeccionar y ampliar las competencias y las responsabilidades de los consejos regionales, que muy bien pueden interpelar y censurar al presidente”, señala. 

Morales afirma que esta acción de interferencia y censura no necesariamente debe realizarlo el Congreso de la República porque se estaría centralizando la capacidad de fiscalización y control. “Recordemos que estos consejeros regionales son tan legítimos como los congresistas de la República. El Estado somos todos, pero la interpelación y la censura debe funcionar en las instancias competentes”, agrega.

Como exalcalde de una ciudad creciente y moderna como Huancayo (Junín), Morales Mansilla dice que ninguna autoridad, ya sea local o regional, puede hacer uso del dinero del Estado para realizar protestas, que es algo muy diferente a encabezar o liderar alguna manifestación de tipo social que si está reconocido por la Constitución del Estado. “Por tanto, querer aprovecharse de ese derecho que gozan todas las autoridades para decirte que te voy a fiscalizar es simplemente generarte miedo y temor. Y así no se puede legislar”, enfatiza.