El mal precedente de Puno en las zonas cocaleras

El próximo gobierno tiene una tarea muy difícil para solucionar los diversos conflictos sociales que tiene el país. Si a ello le sumamos que los cocaleros también podrían levantarse en la medida que Humala no cumpla con ellos, la situación se hace muy complicada

Si bien los últimos acontecimientos de Puno, Huancavelica y Cajamarca, que originó la muerte de algunos peruanos y la destrucción de la propiedad pública, es el reflejo del abandono en que gran parte del se encuentra el interior del país, ya sea por la desidia o ignorancia de muchas autoridades o porque simplemente se siguen pensando que el Perú es solamente Lima, no se descarta, como bien lo ha dicho días atrás el doctor Porfirio Barrenechea de la Defensoría del Pueblo, el uso político de este malestar social por algunos malos dirigentes.

A pocas semanas de que se termine el segundo gobierno de Alan García, lo peor que le podría pasar es que estos conflictos sociales que hoy se encuentran focalizados en estas regiones se extiendan a las zonas cocaleras.

Para nadie es un secreto que la solución a la problemática de los agricultores que siembran la hoja de coca es un tema pendiente que data de hace 30 años atrás, sin que ningún gobierno haya tenido la capacidad para resolverla.

Para el experto en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, la concesión que ha hecho el gobierno a las demandas de los manifestantes aymaras es un mal referente que podría incentivar a otras organizaciones como las cocaleras, que vienen reclamando la paralización de la erradicación y la industrialización de la hoja de coca, a salir a las calles y lograr a través de la fuerza lo que no han podido conseguir vía el diálogo.

“Si a este inminente peligro le sumamos la intención del nuevo presidente Humala de empadronar a los cocaleros, que no es otra que legalizar toda la producción de coca existente en el país, que según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) es de 61,200 hectáreas, entonces las cosas se complican si el próximo gobierno no cumple con sus peticiones”, sostiene Antezana.

“Pero si Humala cumple sus ofertas electorales, si bien no tendrá conflictos con los cocaleros, sin embargo sin quererlo fortalecerá el narcotráfico y con ello la corrupción, la violencia y las muertes. O sea las consecuencias de sus propuestas serán peores que su solución”, advierte el experto.

Cabe señalar, que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el Perú acaba de alcanzar a Colombia como productor de coca en 2010, e incluso superarla, como consecuencia de un ligero aumento de su superficie cultivada contra una baja marcada de su vecino.

En Perú, la superficie cultivada con coca aumentó 2.2% llegando a 61,200 hectáreas, mientras que la producción de hoja de coca subió 1.2% totalizando un mínimo de 129,500 toneladas.

Ante esta realidad, Antezana sostiene que es necesario decirle al presidente electo que el camino de la interdicción con desarrollo y sin control de la hoja de coca, no es el más apropiado para enfrentar al narcotráfico, ya que con ese enfoque se conducirá a un mayor incremento de los cultivo de coca en pleno "efecto globo", es decir, se migrará esta planta de Colombia al Perú.

“Si el quiere acabar con este problema, entonces tiene que luchar contra el narcotráfico de manera integral, es decir, afectando todos los eslabones de la cadena narco (coca ilegal, insumos químicos, trafico de drogas y lavado de activos) articulado a programas de desarrollo económico social en las zonas de producción de coca y cocaína”, sostiene.

La propuesta de Humala de empadronar a los cocaleros es similar a la que Bolivia implantó hace algunos años con la nefasta consecuencia de haber hecho que la producción de coca y cocaína se dispare en ese país, obligando al presidente Morales a volver a retomar la erradicación compulsiva.

Según Jaime Antezana, se acercan tiempos muy duros para el próximo gobierno ya que tendrá que lidiar con mucha cautela, para evitarse este problema y el mal precedente que le ha dejado la administración García con el tema de Puno.

Sobre este punto, el analista político Martín Tanaka sostiene que el Apra está dejando una herencia muy grande al próximo gobierno. Según él, existen muchos asuntos urgentes que se debe solucionar, por ejemplo, definir ¿cuál será la estrategia y la entidad responsable frente a los conflictos?, ¿seguirá perteneciendo la Unidad de Prevención de conflictos a la Presidencia del Consejo de Ministros? “Es la pregunta que me hago y espero se tenga respuesta muy pronto”, manifiesta Tanaka.

De acuerdo conTanaka el gobierno entrante deberá buscar iniciativas que permitan crear un clima de distención y dialogo que logre atender los problemas urgentes mientras se implementan soluciones de fondo.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), Cesar Ortiz Anderson, señala que el trabajo de la Defensoría del Pueblo en este tema ha sido muy deficiente, ya que este gobierno no ha tenido interés en solucionar los diversos conflictos que ha afrontado. “Recién tuvo que pasar este problema en Puno para ponerse las pilas, o sea en el Perú existe la llamada “guerra avisada si mata gente”, dice Ortiz.

Para el experto en temas de seguridad, el mal precedente de Puno en el corto plazo traerá mucha cola, ya que otras organizaciones podrán levantarse como hicieron los aymaras para así alcanzar con la fuerza lo que con el diálogo no pudieron. “En este momento Cajamarca está a punto de correr la misma situación que Puno, y si los cocaleros de Tingo María y Monzón también se aprovechan de estas circunstancias, la situación del gobierno de Humala empieza muy complicada”, advierte el presidente de Aprosec.