Se viene un nuevo Parlamento y la ciudadanía espera que este sea mejor del que se va. Para algunos analistas, el Congreso aún vigente se le recordará por ser uno de los más malos que ha tenido el país
El Congreso que se va ha tenido de todo, como en botica. Los aún “Padres de la Patria” derrocharon el dinero de todos los peruanos en lujos, viajes y empleados fantasmas.
Del balance que se puede hacer de la labor de este Congreso en estos casi cinco años, tenemos que uno de sus miembros fue a parar a la cárcel, dos fueron condenados por la justicia, mientras que cinco resultaron desaforados. En la lista también se encuentran cuatro en calidad de suspendidos.
El afán populista de muchos congresistas llevó a que aprobaran proyectos de ley que en su mayoría favorecieron a ciertos grupos económicos de poder con nombre y apellido y que dejaron como costo a las arcas fiscales unos 10 millones de soles de pérdida. Es decir, los peruanos pagamos los platos rotos de estos malos legisladores con nuestros impuestos.
Una prueba del rechazo de la población a la labor de este actual Congreso es que solo 28 lograron ser reelectos de los 130 que formaran parte del nuevo Parlamento.
El Congreso que se va, no solo estuvo salpicado de escándalos, también por una deficiente producción parlamentaria, a juicio de muchos analistas.
Dentro de los cientos de proyectos de ley que se presentaron en el periodo 2006-2010, muchos en vez de beneficiar al país terminaron perjudicándolo. Así podemos señalar la restitución de las exoneraciones tributarias a la Amazonia, que dejará un forado al Estado de S/ 5,000 millones al año.
Esta norma hecha ley, fue aprobada por insistencia de un grueso de parlamentarios que pecando de ingenuos aprobaron esta moción, la cual quedará como bomba de tiempo para el próximo gobierno.
Según algunos analistas, la aprobación de esta norma significará no solo un retroceso en la política para racionalizar los beneficios tributarios, sino también un respaldo a comportamientos elusivos y de evasión que perjudicarían al país dejando un déficit de S/ 33 mil millones a las zonas de la Amazonia, principalmente para la región Ucayali.
Otro de los proyectos polémicos aprobado por este Congreso es la ampliación por 30 años más de los beneficios fiscales para la Zona Franca de Tacna. Como consecuencia de esta norma, el medio ambiente de nuestro país seguirá viéndose afectado, por mucho tiempo más, por los gases tóxicos de estos vehículos usados.
Con respecto a este tema, Comex Perú ha hecho un pedido extremo al gobierno para revisar esta norma. “Sin importar los pésimos resultados que estas cosas nos dejan, aún existen parlamentarios que insisten en esta fórmula. El daño más grande es que estos mecanismos promueven un gran porcentaje del contrabando, las cifras así lo señalan y nadie quiere hacer caso”, sostiene un vocero de esta institución.
A estos desaciertos de nuestros “Padres de la Patria”, debemos sumar el aumento presupuestal para el incremento salarial para magistrados que dejaría un forado de cerca de S/ 2,500 millones anuales, además de generar presiones inflacionarias, de acuerdo con el propio Ministerio de Economía.
Otro problema generado por el Congreso que se va, a decir de la Asociación de Exportadores del Perú, es la aprobación de la Ley del Trabajador Portuario y de Estriba, que según los empresarios les restará competitividad debido a la creación de un impuesto temporal a las cargas de exportación. De ahí, que esta agremiación haya solicitado al presidente García observe esta norma.
Lo que se deja
Existieron una serie de reformas que no se hicieron ya sea por falta de tiempo o por desidia de nuestros parlamentarios. Uno de ellos fue la modificatoria que nunca se llegó a concretar del Banco Central de Reserva (BCR), mediante la elección escalonada de los miembros de su directorio, lo que daría a la entidad una mayor independencia y autonomía. Tampoco se llegó a concretar el blindaje a los fondos de los afiliados a las AFP, aunque el nuevo gobierno ha garantizado que estos recursos no se tocarán, sin embargo, el Ministerio de Economía reconoce que las actuales normas no impiden que las inversiones sean utilizadas para otros fines. En este mismo ámbito falta aprobar el aumento del límite de inversión de las AFP al 50%, mientras que las reformas del sistema previsional privado sigue como tarea pendiente para el próximo Congreso.
Otro hecho bochornoso que pinta en cuerpo entero a la mayoría de los miembros de este Congreso, es el conato de bronca que muchos armaron para finalmente no lograr elegir al nuevo Defensor del Pueblo.
Brillaron por su ausencia
Un hecho que llama la atención, es que este Congreso no logró a través de su subcomisión de Acusaciones Constitucionales denunciar a ningún funcionario público de renombre.
De acuerdo con el informe que esta subcomisión dio a conocer hace algunos días atrás, este Parlamento deja pendiente la resolución de 60 casos que incluyen al presidente Alan García, ministros y magistrados.
Cabe señalar que el Presidente mantiene dos acusaciones, la última de ellas por afectar la Constitución al emitir un decreto supremo para ejecutar el proyecto Majes Siguas II. La denuncia fue planteada por congresistas nacionalistas en diciembre del 2010.
Los casos de exministros son más graves: la acusación contra el extitular del Interior Fernando Barrios Ipenza, por cobrar una indemnización irregular en Essalud, viene durmiendo siete meses. A Barrios se le imputan los delitos de concusión, cobro indebido y enriquecimiento ilícito, pero el subgrupo nunca se pronunció.
También los exjefes del gabinete ministerial Jorge Del Castillo y Javier Velasquez Quesquén tienen pendientes acusaciones por la suscripción de un acuerdo con la Universidad de Yale y por emitir investigaciones en la venta de acciones de la azucarera Cartavio, respectivamente.
Por el mismo caso promovido por el Frente de Defensa de Cartavio, están acusados el actual presidente del Congreso, César Zumaeta, y Luís Alva Castro. A los apristas se les acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencia y otros delitos.
Por otro lado, el expresidente Alejandro Toledo y el exministro Pedro Pablo Kuczynski están acusados desde marzo pasado de cohecho impropio y colusión por aparentemente recibir aportes de una empresa brasileña favorecida con licitaciones para la carretera Interoceánica.
En el caso de los magistrados, la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz tiene cuatro denuncias. El extitular de la Corte Suprema Javier Villa Stein también cuenta con una acusación.
No cabe duda, que al próximo Congreso le espera un arduo trabajo para mejorar la producción de este que se va. De lo que hagan los nuevos “Padres de la Patria”, sabremos si este poder del Estado mejora o no su aceptación entre los peruanos.
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