La ira aymara

Como sucedió hace un año en Bagua, poblaciones indígenas de Puno se volvieron a levantar contra el gobierno. El motivo, la voluntad del Ejecutivo de seguir decidiendo la suerte del país desde Lima

Luego de varias semanas de protestas que dejaron millonarias pérdidas económicas al departamento de Puno, los aymaras liderados por el dirigente Walter Aduviri acaban de anunciar una tregua hasta el martes 7 de junio, para luego retomar con fuerza si es que hasta esa fecha el gobierno no ha solucionado sus demandas.

Mientras algunos políticos y empresarios ven detrás de las reacciones de los campesinos una motivación política y antiminera, otros en cambio consideran que el culpable de estas protestas es el gobierno que hasta la fecha no toma la decisión de aprobar la Ley de Consulta que actualmente se encuentra en el Congreso de la República durmiendo el sueño de los injustos.

La verdad, es que esta protesta se inicio como una reacción frente al proyecto minero de Santa Ana, en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región. Luego se extendió por todo Puno debido a que existen muchas concesiones mineras en las cabeceras de las cuencas de los ríos, que de acuerdo con los campesinos, vienen contaminando el agua que es utilizada no solo para la agricultura sino también para el consumo de sus animales y de ellos mismos.

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Pedro Martínez, el tema de las concesiones mineras y petroleras es sólo un pretexto que están utilizando grupos extremistas infiltrados en Puno, que tienen como única agenda debilitar el sistema democrático y “maniatar” a dos actividades productivas importantes para el crecimiento económico del Perú.

Según el titular del gremio mineroenergético, Puno actualmente se beneficia del desarrollo de la minería formal, pues ha recibido como canon minero aproximadamente 1,238 millones de soles en el período 1996 – 2010, por lo que le parece extraño que quienes dirigen las protestas hagan “mutis” frente a la minería ilegal y el contrabando que golpea a esa región desde hace varios años.

Es importante anotar que Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en este departamento pasaron de 433,321 hectáreas en el 2002 a 1´643,746 en el 2010. O sea tuvo un aumento significativo de 279% en tan solo ocho años.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en Puno también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

En Puno existe otro ingrediente: el tema de la minería en zona de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. En el caso de Puno, en los últimos años se han dado varios decretos supremos y precisamente el DS 083-2007 es cuestionado por la población.

El conflicto en Puno también ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto.

Esto obliga a evaluar lo que está pasando en el país en cuanto al tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de las mismas parecen agotados: las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de los departamentos. Varios gobiernos regionales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.

Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.

En lo que se refiere a la consulta popular, se requiere que el Congreso de la República decida si insiste o no en su proyecto original y no siga dilatando el tema, porque precisamente la falta de una Ley de Consulta en el país ha originado que muchos de los conflictos sociales que tenemos se hayan originado por este motivo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en abril hubo 233 conflictos sociales, de los cuales 117 correspondieron a problemas socioambientales.

No hay interés

Tanto para la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca como la del Bloque Popular, Gloria Ramos, al gobierno y a sus aliados de Unidad Nacional y el Fujimorismo no les interesa que la Ley de Consulta popular este vigente en el país, ya que esos grupos políticos creen que si se aprueba sería darle a la gente el derecho al veto, cuando en realidad lo que busca la norma es alcanzar consensos entre las partes.

Por eso mismo, afirman que no creen que en lo que resta del gobierno aprista esta ley sea tocada por el Congreso.

No cabe duda, que hay muchos procedimientos que se deben mejorar para evitar conflictos y hechos tan lamentables como las que ocurrieron hace dos años en Bagua y ahora están aconteciendo en Puno. Un tema clave de política pública para la minería que el nuevo gobierno debe abordar en serio.

Sepa:

1.- Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, señaló que la ciudad de Puno perdió 1,2 millones de dólares por día y que los daños se extienden también a Arequipa o Cusco.

2.- Goran Vranicc, presindente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, señaló que las protestas de Puno originaron a su gremio al menos 15 millones de dólares en pérdidas por el bloqueo en la zona fronteriza.