jueves, 11 de abril de 2013

¿La justicia que llega tarde es justa?


Juan Navarro estuvo  37 años en la cárcel sin sentencia. Así como él, un 80 % de presos en el país están en calidad de inculpados. El Poder Judicial, sostiene que esta situación, entre otras razones,  se debe a la pesada carga procesal que tienen. ¿Usted qué opina?

Gracias a dos Habeas Corpus Juan Navarro Acuña (78) volvió a pisar la calle después de estar muchos años en la cárcel sin sentencia. Tuvo que esperar que su caso fuera conocido por la opinión pública para que la justicia se acordara de él.
Y es que increíblemente su expediente se extravió con el pasar de los años. Lo único que se sabe de este humilde anciano es que nació en la provincia de Caraveli, Arequipa, y que en 1976 fue detenido por la policía por supuestamente haber matado a su madre
A Juan lo encontramos en la Clínica Psiquiátrica del penal de Lurigancho debido a que sufre de lagunas mentales y de esquizofrenia.
Sobre los hechos que motivaron su detención dice no acordarse mucho. “Lo único que recuerdo es que la “amiga” de mi padrastro quien siempre me decía que matara a mi madre me dio de tomar unas pastillas para el dolor puesto que me había caído un tablón sobre la cabeza”, cuenta.
Con 41 años de edad, Juan Navarro fue internado en el penal de varones de Arequipa de donde meses después saldría con dirección al Hospital Hipólito Unanue de Lima como consecuencia de una enfermedad. Luego de curarse fue recluido en el penal de Lurigancho el 3 de agosto de 1976.
Este anciano que no deja de tocarse la cabeza nos cuenta que al momento de su detención él dejó a una hija de tres años llamada Trina María así como a dos hermanos.
A pesar de tener familiares, Juan nunca recibió visita durante todo el tiempo que estuvo detenido. El director del penal de Lurigancho, coronel Tomás Garay, así lo confirma.
No es el único caso
El 80 por ciento de los miles de peruanos que están purgando prisión en las diferentes cárceles del país no tienen sentencia. Solo en el penal de Lurigancho, que es el más hacinado, hay 7,306 inculpados de una población de 8,596 internos.
Por años los jueces han señalado que una de las causas principales de tener tantos presos sin sentencia es la pesada carga procesal que afrontan. Pues bien,  ¿puede una realidad de esta naturaleza ser una justificación para tener a tantos inculpados en las cárceles del país?
Según el abogado penalista Fredy Rojas no existe razón que justifique tener a una persona privada de su libertad más allá de lo que la ley señala. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el plazo razonable no debe exceder de los dos años. Lamentablemente en el Perú ello no se cumple.
¿Qué tanto el Estado se ha preocupado por cambiar esta realidad? A la luz de los hechos muy poco a pesar que el Congreso aprobó hace algunos años un nuevo Código Procesal Penal para agilizar los juicios.
Si bien en diferentes distritos judiciales se viene aplicando este nuevo Código Procesal, el problema radica que lo hacen con muy pocos recursos debido a que el Ministerio de Economía no está cumpliendo con las transferencias que dicta la ley. Esto ha generado, por ejemplo, que muchos jueces, fiscales y personal del Poder Judicial no se hayan capacitado.
En el caso de Lima, donde se concentra la mayor carga procesal, su implementación se viene dilatando desde el 2011por razones económicas.
Para el penalista Fredy Rojas, está realidad viene demostrando la falta de decisión política de las autoridades para mejorar la administración de justicia del país.
Reparación civil
La libertad es un derecho innato de todo ser humano. En el caso de Juan Navarro Acuña la negligencia del Estado le privó de ese derecho. Ahora, como bien dice el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, le corresponde al Estado no solo darle un albergue sino también pagarle una reparación.
Si bien en la teoría este tipo de injusticias es resarcido con un pago pecuniario en la práctica muy pocas veces se cumple debido a lo oneroso que significa tener que demandar al Estado, pues el afectado tiene que contratar a un abogado y pagar las tasas judiciales. Algo que muchas veces está fuera de su alcance.
Juan Navarro hoy pasa sus días al lado de otros de ancianos en el albergue “El Buen Pastor” del distrito de San Martín de Porres. Ahí está nuevamente conociendo el mundo. Un mundo totalmente diferente a lo que él dejó cuando las puertas de la cárcel se abrieron-probablemente por un delito que nunca cometió- para privarle de su libertad hace 37 años. 

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