Peligroso olvido

Varios de nuestros jóvenes no saben lo que aconteció el 5 de abril de 1992. Una realidad que debiera preocuparnos más aún cuando todavía tenemos un sistema democrático frágil que cada cinco años se polariza.

Jonathan Sandón (18) y Cindy Roca (22) son amigos y compañeros. Ambos cursan el sexto ciclo de comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Ellos han escuchado de sus profesores que para ser un buen periodista se tiene que leer mucho para poseer una amplia cultura. 

A despecho de lo que sus profesores les han dicho, ellos increíblemente no saben lo que pasó en el país un 5 de abril de 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Al igual que Jonathan y Cindy de la UTP, Carla, Diana y Elena, todos ellos alumnos del cuarto ciclo de economía de la Universidad Nacional del Callao, dicen no recordar lo que pasó ese día. 

De los tres, Diana (23) haciendo un esfuerzo trata de dar una respuesta. Ella refiere que esa fecha se capturó a Abimael Guzmán. Frio, le digo, a lo que Diana se queda pensando por unos segundo para terminar diciendo que no se acuerda.

Ya sea que la memoria de nuestros jóvenes sea frágil o simplemente no lo sepan, lo cierto es que sus respuestas debieran preocupar a todos los actores que apuestan por la democracia.

No es posible que un hecho como el autogolpe que protagonizó Alberto Fujimori y cuyas secuelas aún lo vivimos, no sea recordado por un buen número de jóvenes universitarios. 

Para el doctor Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh), esto no es más que el reflejo del descuido de la clase política que a pesar de todo el daño que significó el autogolpe del 5 abril no se han preocupado en preservar y difundir los hechos históricos más saltantes de nuestra vida republicana.

La intención del fujimorismo de volver al gobierno valiéndose de esa flaca memoria de los peruanos a llevado a sus dirigentes a seguir vendiendo ese discurso justificatorio del autoritarismo y la violación de derechos humanos.

Según Soberón, una tarea pendiente de los profesores, periodistas y ciudadanos precisamente será la de trabajar -sin caer en el negacionismo- en temas como estos que ayuden a los más jóvenes tener siempre presente lo que significó para el Perú los golpes de Estado así como también el terrorismo.

Por su parte el ex congresista aprista Aníbal Huerta considera muy preocupante esta realidad, puesto que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. “El Perú ya vivió buena parte de su vida republicana con gobiernos de facto que lo único que trajeron fue corrupción y robo en las arcas del Estado”, sentencia el dirigente aprista. 

Para Huerta, debe ser el Ministerio de Educación el encargado de mantener viva, por lo menos, el recuerdo de los hechos más importantes de nuestra historia. “Solo así cerraremos el paso a los aventureros políticos que creen que con gobiernos autocráticos se logra el desarrollo”.

Recordando la historia

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori declaró la suspensión de la Constitución, la clausura del Congreso y la intervención en el Poder Judicial. El llamado autogolpe contó con el aval de las Fuerzas Armadas —quienes salieron a defender minutos después de que Fujimori anunció el autogolpe vía televisión— junto con un sector importante del empresariado.  El autogolpe —y el régimen autoritario que instauró y que duró a lo largo de la década de los 90— ha dejado huellas profundas en la sociedad peruana. A pesar de los años que han pasado aún sufrimos la herencia que nos ha dejado. Ahí tenemos por ejemplo la corrupción y las prácticas ilegales como las intercepciones telefónicas que todavía no desaparecen.

Es importante reconocer que la democracia en el Perú de los 80 fue débil y se fue debilitando más aún con las decisiones de los gobernantes, tanto durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-85) como de Alan García (1985-90), de responder a la violencia de los grupos alzados en armas con la imposición casi permanente de estados de emergencia, que trajo consigo las consecuencias conocidas: el desplazamiento de las autoridades democráticas especialmente a nivel local, el empoderamiento de las fuerzas armadas, y graves violaciones a los derechos humanos. 

De esta debilidad el ingeniero Fujimori se aprovechó para dar el 5 de abril un autogolpe que le permitió a él y sus aliados crear un sistema de control político y social a nivel nacional que facilitó una corrupción sin precedente; la compra de los medios de comunicación, lo cual eliminó prácticamente la capacidad de la sociedad de cuestionar el modelo y las prácticas políticas del fujimorismo; y el silenciamiento de la sociedad civil frente al Leviathan que se fue construyendo y consolidándose luego del autogolpe. (RVC)