La amenaza está en casa

La violencia sexual es una lacra que aún no puede ser erradicada del país. A pesar que las penas son altas, cada año, miles de niñas son abusadas, generalmente por alguien allegado a la familia.

A sus 11 años, Pilar ya conoce el lado malo de la vida. Desde hace un año, su padre, John Froilán, la abusa sexualmente cada vez que llega ebrio a su casa.

Gracias a los vecinos que oyeron los gritos de la niña, este depravado sexual fue detenido por la policía este último 30 de junio, cuando se alistaba para salir de su cuarto, localizado en el Asentamiento Humano Virgen de Fátima, en San Juan de Miraflores, donde vivía al lado de sus dos hijos.

Frente a los efectivos policiales, John dijo sentirse arrepentido, y que desde hace un año vive solo con sus hijos luego de separarse de la madre de ellos.

Una historia parecida la vivió Rosita, luego de cumplir nueve años. Aprovechando que su mamá llegaba tarde los viernes y sábados, su padrastro comenzó a tocarle sus partes íntimas, sobre todo cuando llegaba borracho.

Durante año, Rosita no se atrevió a contarle nada a su mamá por miedo, ya que fue amenazada por su padrastro. Sin embargo, un día se armó de valor, luego que este quiso penetrarla.

Ante la policía, Fabiola, madre de Rosita, confesó que su hija en los últimos meses había cambiado su carácter, de alegre y juguetona, que siempre había sido, para convertirse en colérica y retraída. “Pensé que esos cambios se debía  a su edad, pero nunca me imaginé que fuera porque mi conviviente, que siempre se mostró cariñoso y atento con nosotras, la estaba tocando”, contó.

Así como Pilar y Rosita, en el Perú miles de niñas, y también niños, son abusadas sexualmente.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, el año pasado 4.482 menores de edad sufrieron de violencia sexual. De esta cifra, 3.982 fueron niñas y 500 niños y adolescentes.

En ese año, Lima fue el departamento que registró los mayores casos de violencia sexual (1.478). Le siguieron Junín (349 casos) y La Libertad (299 casos). (Ver mapa)

Un hecho que preocupa a los defensores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es que cada año el número de menores de edad violentados sexualmente va en aumento.

Luego de una pequeña reducción de estos casos en el 2009, 2010 y 2011, estos se volvieron a disparar en el 2012, y desde ese año no han dejado de incrementarse. (Ver cuadros)

Para combatir este problema social que afecta a los más vulnerables de la familia, el Congreso elevó las penas con el fin de persuadir a los agresores. Sin embargo, al igual que sucede en el feminicidio, vemos que estas no han dado resultados. Entonces, ¿en qué se falló? Según el doctor Carlos Villarroel, Comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, ningún hecho delictivo se soluciona únicamente con recurrir al Derecho Penal, y el mejor ejemplo, dice, lo tenemos en el delito de robo, que a pesar de haber sido modificado en innumerables ocasiones, todavía existe en nuestro país.

Lo mismo ocurre, agrega, con la violación sexual del menor de edad, cuya pena también puede llegar a cadena perpetua, como en el delito anterior, pero esto no parece ser una medida idónea para impedir su comisión, porque se siguen dando casos de violaciones contra menores de edad. 

Para Villarroel, la solución pasa por afrontar el problema de manera integral, a partir de la adopción de acciones preventivas, disuasivas y rehabilitadoras.

Por su parte, el juez del Segundo Juzgado de Familia de Ucayali, doctor Tulio Bermeo, considera que este problema social también persiste porque las autoridades no cumplen con el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2009-2015 y con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, donde se contemplan una serie de estrategias para abordar de manera integral este tema.

Según Bermeo, el incumplimiento de estos planes o estrategias se explica muchas veces por la desidia de las autoridades de visibilizar este problema social, debido a que prefieren tratar otros temas que concitan el interés público y que tienen cabida en los medios de comunicación, como es el caso de la inseguridad ciudadana y el problema del transporte.

De acuerdo con el doctor Bermeo, para abordar con eficiencia este tema requerimos que la familia, la escuela y las autoridades asuman el rol que le corresponden, “no mañana, sino hoy”.

Si bien existen otros problemas que preocupan a la ciudadanía, el representante de la Defensoría del Pueblo advierte que si hoy no se toma consciencia de la situación de vulnerabilidad a la que está expuesto el menor, en el futuro es muy probable que se tengan más delincuentes cometiendo una diversidad de delitos.

En efecto, de acuerdo con un estudio del Ministerio Público, la mayoría de los violadores, delincuentes, alcohólicos y drogadictos adultos sufrieron de niños agresiones sexuales, físicas y psicológicas, que al no haber sido tratados oportunamente terminaron marcándolos de por vida.

Para el doctor Villarroel, cuando se logré que las autoridades tomen consciencia de este tema, se podrán desarrollar presupuestos adecuados para financiar las actividades contra la violencia sexual de menores de edad. Fortalecer la labor preventiva de los comités de tutoría y orientación educativa del Ministerio de Educación, y reducir en el procedimiento de justicia por violación sexual los efectos de revictimización en las niñas, niños y adolescentes.

Mientras no se aborda el tema de las violaciones sexuales a menores de edad de manera global, y exista una voluntad de parte de la sociedad para desterrar esta lacra, más niñas, niños y adolescentes en el país seguirán siendo víctimas de estos depravados. (Redacción)

SEPA

San Juan de Lurigancho en el 2014 fue el distrito que registró el mayor número de casos de violación sexual a menores (135). Le siguió Villa el Salvador (125) y San Martín de Porres (90).