Accomarca, 31 años de lucha y agravios

Tres décadas después de la matanza de 60 campesinos en Ayacucho, el Poder Judicial sentenció a varios militares que participaron en ese hecho de sangre. Para algunos familiares de las víctimas, la sentencia fue justa, para otros no.

Luego de años de espera, el último 1 de setiembre la Sala Penal Nacional sentenció a 10 militares que participaron en la matanza de más de 60 comuneros en Accomarca, Ayacucho, ocurrido el 14 de agosto de 1985.

A pesar de que algunos de los responsables de ese hecho de sangre fueron condenados a 25 años de presión, varios sobrevivientes y familiares de los fallecidos de Accomarca no quedaron conformes con el fallo, debido a que 7 de los acusados fueron absueltos y 9 no acudieron a la lectura de la sentencia.

Una de esas personas fue Cirila Pulido, quien el día de la masacre fue testigo de como miembros del Ejército maltrataban, torturaban y violaban a sus vecinos.

“Es indignante que hayamos esperado más de 30 años para encontrar una justicia parcial, todos debieron haber sido sentenciados”, afirma indignada esta campesina que esa noche perdió a su madre y a tres de sus hermanos.

Los antecedentes de la masacre

Accomarca es un distrito de la provincia ayacuchana de Vilcashuamán. Su centro urbano se encuentra en la ladera de una montaña a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Situada a casi seis horas de viaje desde Huamanga, su población vive de la ganadería y la agricultura.

Como tantos otros pueblos andinos durante la década de los ochenta y noventa, se vio atrapado entre dos fuegos: Sendero Luminoso y el Ejército. Tanto uno como el otro arremetieron contra su población, acusándola de colaborar con el oponente. De hecho, “no solamente hemos perdido a 69 personas (de la matanza del 14 de agosto de 1985) sino a 114, porque hubo muertes antes y después”, asegura Celestino Baldeón, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Accomarca, quien perdió a su madre en la masacre. “Nosotros no solo fuimos víctimas de los militares sino también de Sendero, que asesinó a 30 de los nuestros”, añade.

El informe que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recoge que, ya en 1982, el grupo armado maoísta mataba a las autoridades locales por negarse a dejar sus cargos. La situación, añade la investigación, empeoró a partir del año siguiente, cuando “este grupo subversivo adoptó una actitud mucho más coercitiva y asesinó a todo aquel que se mostrara en su contra”.

Cipriano Gamboa, quien ahora con 89 años es uno de los más viejos del lugar, estaba en esa época acercándose a los 60. Él vive en Lloqllapampa, una llanura a unos tres kilómetros del centro urbano de Accomarca, donde muchos vecinos tienen sus chacras y solo van por temporadas, cuando tienen que cosechar o preparar la tierra para la siguiente siembra. En este lugar, situado bastante más abajo respecto al pueblo, es donde tuvo lugar la matanza en 1985.

El anciano cuenta que Sendero les obligaba a proveerles de alimentos bajo amenaza de muerte: “Una vez los terrucos vinieron a mi casa. Eran tres jefes.  Me dijeron: ‘Cuando vengan los compañeros guerrilleros tienes que darles de comer, si no, matamos a tu familia’”.

En una ocasión, recuerda, le pusieron en una lista negra por emplear la palabra terruco. Dos profesores fueron a avisarle de que habían decidido en una asamblea ejecutarlo. Quiso escapar pero no pudo. Para hacer menos doloroso su pase al ‘más allá’ le dieron de beber “una botella y media de caña”. “Me llevaron a la plaza y un terruco de Accomarca me dijo que era un soplón. ‘Vamos a matarte por eso’, me espetó”. Cipriano envalentonado por el alcohol se defendió como pudo: “Yo soy progresista, ¿solo por decir terruco me van a matar? Si eso les molesta, ya no lo voy a decir más. Discúlpenme”.

En vez de ejecutarlo, los miembros de Sendero lo llevaron a una habitación, donde luego de darle un lapicero y un cuaderno le obligaron a anotar: “Vas a decir compañero, guerrillero, pero ya no terruco, entiendes, no”. No obstante, “cuando llegué a mi casa, me limpié el culo con el cuaderno y chanqué el lapicero con una piedra”.

Bolonio Parez estudiaba en el colegio de Accomarca en esos años y recuerda que al principio los senderistas reunían a todos los profesores y alumnos en la plaza. “Ahí daban charlas de que todos teníamos que participar en esta lucha, pero nosotros, los jóvenes, no queríamos colaborar”, afirma. 

Luego se retiraban del pueblo, aunque Bolonio asevera que ellos no sabían a dónde.

En 1983 comenzaron también las incursiones del Ejército, acusando a accomarquinos de colaborar con Sendero. Por eso los hombres eran maltratados sistemáticamente. Y eso en el mejor de los casos, pues muchos fueron detenidos o directamente ejecutados.

Cirila Pulido, quien en 1985 tenía 12 años, apunta que en esa época no “entendía lo que era terrorismo”. “Tan solo escuchaba a los militares que llegaban al pueblo reventando bala. A los hombres les golpeaban y les llamaban terrucos. Yo no sabía por qué los golpeaban y tenía miedo. 

Además, éramos quechuahablantes y no sabía lo que hablaban ellos, solamente que les gritaban y les pegaban”, indica la mujer, quien precisa que a los soldados los llamaban ‘cabitos’.

“Cuando llegaban, mi mamá le decía a mi papá: “Escóndete, que te van a golpear”. Venían, golpeaban a los hombres, mataban carneros o vacas, comían y se iban”.

“A los alumnos no nos respetaban, nos golpeaban”, sostiene Bolonio. “A la fuerza querían que cantáramos canciones militares. Nos decían: “¿Ustedes están con los terrucos, sí o no?”. Sin embargo, no estábamos. “Díganos dónde están. Llévennos”, nos ordenaban los ‘cabitos’, pero nosotros no lo sabíamos. En algunas ocasiones, ellos mataban a los jóvenes, los colgaban. Luego los senderista comenzaron hacer lo mismo”.

Por ello, Bolonio, como muchos otros jóvenes y no tan jóvenes del pueblo decidieron emigrar a la costa: “En agosto de 1983, dejando mis estudios, me fui a Nazca”.

Las mujeres tampoco se libraron de los abusos del Ejército. De ello da fe Justa Chuchón, quien con apenas 12 años fue ultrajada por soldados y salvó su vida solo de milagro. “Por no haber querido aceptar de ellos unas ojotas, uno de los tantos artículos que habían conseguido luego de robar una tienda, me torturaron y después me ultrajaron. Solo porque les rogué que no me mataran pude escaparme”. Así fue cómo se salvó esa vez.

Por eso, cuando el 14 de agosto, los militares convocaron a los vecinos a la plaza no quiso acudir al llamado. Ella estaba sola con su abuela, debido a que en esos días sus padres habían ido a un pueblo cercano a tocar.

El 14 de agosto de 1985

“Era la siete de la mañana cuando ingresaron cuatro patrullas por cuatro lugares. Empezaron a reventar balas en la zona y se dividieron en dos, unos por Accomarca y otro grupo por el río. 

Estábamos observando con mi abuelita y empezaron a desplazarse hasta que llegaron a Lloqllapampa”, relata. “Andaban gritando, mentando la madre, diciendo terroristas… mi abuelita quería ir hacia ellos, porque pasaron enfrente de nuestra choza. De repente pensé: ‘Nos van encontrar aquí y acusar de terroristas’”.

“Yo ya sabía lo que iban a hacer. Ellos no tenían respeto hacia las personas, así que le rogué a mi abuelita, con lágrimas en los ojos que nos fuéramos”, prosigue.

Escondida en una tuna junto con su abuela, Justa vio a los soldados llevarse a las mujeres para violarlas, a los hombres para torturarles y cómo metían a los que fusilaban en tres pequeñas casas que luego hicieron volar con varias granadas. Entre las víctimas estaba un tío de Justa, su mujer, embarazada, y los tres hijos del matrimonio, todos menores de edad.

“Los militares dijeron que iba a haber una reunión y todos lo creímos, pensamos que no nos iban a hacer nada, pero no fue así”, asegura Victoria Baldeón, quien perdió ese día a su madre, Primitiva Ramírez, y a su hermano de tres años. Su padre se escondió cuando llegaron las patrullas y su madre se fue al encuentro con el resto de los vecinos con el pequeño.

“Yo también quería seguirla, pero me dijo que fuera a ver las ovejas. Retrocedí, me fui y así me escapé. Si hubiera ido con mi mamá, estaría muerta”.

“Ellos vienen con sus armas y nos matan y dicen que nosotros hemos sido terroristas. De todos los que murieron en Lloqllapampa, nadie ha sido terrorista. Todos eran gente inocente que pagaron por culpa de otros”, reivindica la mujer, a la que se le quiebra la voz y se le humedecen los ojos cuando recuerda que la casa donde estaban su madre, su hermano y los demás vecinos estuvo ardiendo durante todo un día: “Se quemó 24 horas y no podíamos apagar el fuego”.

Acostumbrados a los malos tratos de los militares, muchos hombres huyeron al monte cuando los vieron venir, como el padre de Victoria, sin sospechar lo que les iba a pasar a las mujeres e hijos pequeños que dejaban atrás. Uno de esos hombres fue Cipriano Gamboa, quien salió corriendo monte arriba. “Los militares me metieron bala, pero no me dieron”, señala. Sin embargo, atrás dejaba a su mujer y a sus dos hijos, un niño y una niña, a los que no volvió a ver con vida.

“Por culpa de los terrucos, los sinchis nos mataron”, se lamenta mientras se toma unos minutos de descanso del trabajo de su chacra. Él es uno de los dos o tres únicos vecinos de Accomarca que al día de hoy viven todavía todo el año en Lloqllapampa. Desde 1985 está solo y sube al pueblo apenas una vez al mes a cobrar su ayuda del programa Juntos.

Cirila también se salvó ese día por muy poco. Cuando llegaron los soldados, ella estaba en su choza en Lloqllapampa con toda su familia: sus padres y sus tres hermanos pequeños. Ellos vivían en una parte alta desde donde se divisaba toda la pampa, así que cuando vio llegar al Ejército, el matrimonio decidió irse a trabajar a la huerta con el bebé para evitar problemas, dejando a Cirila a cargo de la casa, de los animales y de sus otros dos hermanos.

Mientras pastoreaba a sus ovejas y sus cabras, la niña vio cómo se militarizaba toda la pampa. Oía a los perros ladrar y los disparos de los soldados. Cuando estos ya tenían reunida a casi toda la gente pudo divisar a su madre que acudía a la supuesta asamblea junto a su suegra. Se habían entretenido en el camino en casa de unos familiares y ella acudió a la llamada para la reunión: “Había mandado a mi papá a otro sitio para que se escondiera y ella fue pensando que no le iban a hacer nada porque estaba con su bebé”.

“Vi que había también unos cuantos hombres ahí. Les pegaban, los habían amarrado con sogas. A las mujeres las jaloneaban. A las que tenían bebé les hacían cargarlo a otra persona y las arrastraban al monte. Ahí gritaban las señoras”, narra.

“Siendo casi la una de la tarde hicieron entrar a la gente a la casa del señor César Gamboa, que era el único que tenía techo de teja”, continúa Cirila, quien se sorprendió de que tantas personas entraran en un espacio tan reducido. Alrededor de esa casa había vacas así que cuando empezó a escuchar los disparar pensó que estaban matando a los animales y que el motivo de reunir a sus vecinos era obligarles a cocinarlas para ellos. “No imaginaba que estaban matando a la gente”.

“En eso veo un militar que bota una cosa que va saltando hacia la casa. Todos los militares se tiran al suelo y la casa suena. Otra vez igualito: tres veces hicieron ese sonido, todos en la misma casa. 

Cuando lanzaron la última, toda la casa explotó, como si fuera a alcanzar el cielo. Mis hermanos estaban llorando”, rememora.

Después los ‘cabitos’ volvieron a recorrer toda la pampa revisando casa por casa: “Traían niños y todo lo que encontraban. A los niños los metieron en una chocita donde luego los asesinaron”.

Cirila estuvo en shock, sin hablar y sin comer, junto con sus hermanos hasta que su padre llegó la tarde del día siguiente y le preguntó por su madre. Ahí se echó a llorar.

El 16 de agosto se acercaron a lo que quedaba de la casa de César Gamboa para buscar los restos de sus familiares: “Encontramos todo achicharrado y pedacitos de los cuerpos: manos, cabezas quemadas. De mi mamá no hemos encontrado ni un pedacito, ni siquiera una prenda. Habrá estado en la casa de teja porque ahí estaban calcinados todos los cuerpos”.

Cirila no tenía familia fuera del pueblo, así que se tuvo que esconder con su padre, sus hermanos y un grupo de una decena de vecinos en el monte, temerosos de que volvieran los militares a rematar a los sobrevivientes.

Accomarca tras la matanza

La noticia de la masacre había llegado a Lima y Alan García, quien había asumido el poder tres semanas antes de los acontecimientos, salió a la prensa para afirmar que no protegería a los culpables. 

Así que el Ejército trató de borrar las pruebas y eliminar a los testigos. No pudieron deshacerse de los restos, porque los familiares los habían enterrado en dos fosas comunes y no los encontraron, pero sí pudieron capturar a varios sobrevivientes, como Brígida Parez y su hijo Alejandro Baldeón, el matrimonio formado por Martín Baldeón y Paulina Pulido, quienes fueron llevados presos a la base de Vilcashuamán de donde nunca más se supo de ellos.

Quince días después de la matanza los soldados estuvieron a punto de atrapar a Cirila. Un día la vieron y le persiguieron por el monte. Tuvo que huir de ellos saltando una cascada y ocultándose tras ella. Se pasó todo el día en el agua y no se atrevió a salir hasta que anocheció. Cuando lo hizo deambuló por el monte “como loca” y muerta de miedo, no porque fuera de noche, sino por el temor de que los soldados la encontraran.

“Casi un mes estuvimos ahí”, escondidos en el monte, comenta la mujer. Hasta que el Congreso envió a una comisión a investigar los hechos: “Un día llamaron con parlantes en quechua: ‘Hermanos, hay que reunirnos porque ha venido una comisión del Congreso y vamos a declarar’”. Pese a que sospechaban que podía ser una trampa, finalmente los ocultos en el monte hicieron contacto con los congresistas y regresaron a Lloqllapampa. Cirila, sin embargo, no declaró ante los legisladores, pues estos venían resguardados por militares y ella les tenía pavor y no se acercó. Se quedó esperando en una chocita. Esa fobia a todo lo castrense le dura hasta la actualidad.

Accomarca estuvo prácticamente vacío hasta que tres meses después de la matanza comenzaron a regresar algunos de los que habían huido a Lima. Los accomarquinos que vivían en la capital se habían hecho con un local en una urbanización de Ate, donde al poco tiempo no cabía ni un alfiler de tantos desplazados que acogía. “Y la gente del campo no podía soportar la vivencia porque no había espacio libre, tantos niños para mantener… olvídate”, explica Celestino Baldeón desde ese mismo local, que ahora, ampliado, funciona como sede de la Asociación de Hijos del Distrito de Accomarca y de la Asociación de Víctimas.

Las penalidades de los desplazados

Si la vida en Accomarca fue complicada tras la matanza, la de los sobrevivientes que no volvieron tampoco fue un lecho de rosas. “Era un caos, porque en la ciudad todos los que somos de Ayacucho éramos tildados de terroristas y nadie conseguía trabajo”, subraya Justa Chuchón, quien fue a Lima y, debido a los malos recuerdos, no regresó nunca a vivir a Accomarca, pese a los ruegos de su madre. 

“No podíamos confiar en nadie. Teníamos miedo. Era un trauma total. No tengo vergüenza de decirlo: para sobrevivir he comido hasta de la basura”, confiesa.

Pero los problemas para encontrar trabajo no eran los únicos. También estaba el tema de las secuelas 

psicológicas por la tragedia vivida y sus consecuencias. Justa intentó seguir estudiando, pero no logró acabar la primaria. “Por el trauma psicológico yo era una persona que sentía que nadie me quería, me sentía sucia, algunas veces hasta he intentado suicidarme”, revela. Además, añade, a causa de estos problemas, cuando tuvo hijos se convirtió en una “madre maltratadora”, algo que superó gracias a la ayuda psicológica: “Estuve en terapia tres años, medicada, con pesadillas que muchas veces no me dejaban dormir… ha sido duro para mí. Y todo esto se lo había transmitido a mis hijas”.

Por si fuera poco, la guerra y la injusticia volvió a cebarse con su familia: En 1988 su padre “fue llevado preso acusado de terrorista injustamente”. Estuvo encarcelado un año, mientras la madre de 

Justa contrataba a un abogado que se dedicó únicamente a sacarle dinero. “Hasta que un día mi madre llorando y cargando a mis hermanitos entró a la Corte Superior a pedir justicia. Cuando revisaron la documentación de mi padre, le dijeron que su caso había sido archivado. A pesar de ello continuaba encerrado ya que nadie había movido un papel para sacarlo”.

Cuando el hombre regresó a Accomarca, estaba tan golpeado psicológicamente que cayó en el alcoholismo. “Se dedicaba a tomar y tomar. Por suerte dejó de hacerlo hace 12 años”, cuenta Justa.

Pese a todos los problemas, los deudos y sobrevivientes de la matanza no han dejado de buscar justicia para sus seres queridos. Para conseguirla han tenido que esperar 31 años y sortear innumerables obstáculos, ignominias y la reticencia del Poder Judicial por resarcir a las víctimas.

Aunque Alan García reaccionó enérgicamente a la matanza y ordenó la destitución del jefe de la segunda región militar, la más importante de Perú y que abarcaba la región de Ayacucho, la investigación que inició en principio la fiscalía provincial de Huamanga quedó truncada cuando el fuero militar planteó una contienda de competencias y la Corte Suprema, como era habitual en ese entonces en este tipo de casos, falló a su favor.

Según Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), la intención de la justicia castrense fue desde el principio garantizar la máxima impunidad posible para los miembros del Ejército. Tras ir descartando responsabilidades de la cadena de mando y de los soldados de tropa, finalmente, en 1993 acabó condenando únicamente a Telmo Hurtado, y ni siquiera por homicidio, sino por abuso de autoridad.

El entonces subteniente Hurtado, que con esta y otras intervenciones se ganó el apodo de ‘el Carnicero de los Andes’, era el jefe de la patrulla Lince 7, una de las dos (junto con la Lince 6) encargadas de entrar en Accomarca, mientras que las otras (Lobo y Tigre) vigilaban el perímetro.

La condena contra Hurtado fue de apenas cinco años de prisión. Pero tan solo cumplió dos, pues en 1995 el presidente Alberto Fujimori decretó una ley de amnistía para los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del conflicto interno. Los deudos y sobrevivientes todavía recuerdan que Fujimori condecoró a los responsables de la matanza. Además, la condena no le supuso a Hurtado su expulsión del Ejército y siguió su carrera militar normalmente, ascendiendo en el escalafón.

Durante el proceso recién terminado ante la justicia civil, enfrentado al resto de acusados, que le apuntaron a él de nuevo como único responsable, Hurtado admitió que hubo un acuerdo para eximir a sus superiores y aceptar toda la culpa por la matanza a condición de que no se viera afectada su carrera.

El proceso interminable

El juicio por el fuero civil comenzó a gestarse en 2001, cuando se derogaron las leyes de amnistía y los familiares y sobrevivientes presentaron una nueva denuncia. Cuando finalmente en 2005 se inició el proceso contra 29 militares, no imaginaron que tardarían todavía 10 años en lograr una sentencia.

El mismo día de la sentencia (el pasado 1 de setiembre), la actitud de los jueces de la Sala Penal Especial encargados del caso de llegar ocho horas tarde e impedir la entrada en la sala a la mitad de las víctimas que habían acudido, a los defensores de derechos humanos, a las cámaras de televisión y a buena parte de la prensa escrita, fue solo el colofón a un proceso en el que el trato a las víctimas fue manifiestamente irrespetuoso.

El mayor agravio fue sin duda la duración del proceso: un total de 11 años desde que se abrió, en 2005, incluidos casi seis de juicio oral.

Esta desconsideración ha sido en parte responsabilidad del Poder Judicial, como explica Carlos Rivera, ya que cuando empezó el juicio los tres magistrados estaban dedicados exclusivamente a la Sala Penal Nacional, instituida para juzgar los crímenes relacionados con el conflicto interno de 1980-2000, conforme pasó el tiempo dos de ellos (Brousset y Vidal) les fueron asignadas funciones en otras jurisprudencias, como Anticorrupción o Control Interno. “Es como si tuviera dos trabajos y para que se junten, primero deben hacer malabares para que hagan coincidir sus agendas, sus tribunales”, explica Rivera.

El letrado atribuye este inconveniente a una estrategia para neutralizar los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la contienda. “Estoy absolutamente convencido de que las autoridades del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sobre todo del Consejo pasado, han tenido la firme decisión de desactivar los juicios de derechos humanos”, expresa.

“Cuando estuvo Enrique Mendoza, el anterior presidente de la Corte Suprema, era una persona que no tenía nada que ver con derechos humanos”, detalla. “Creo que él de una forma medio subrepticia fue desactivando la Sala Penal Nacional”.

A esto se sumó una actitud displicente de los jueces con las tácticas dilatorias de los abogados de la defensa, añade Jo-Marie Burt, asesora de la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien ha sido observadora del proceso de Accomarca desde sus inicios. 

Este tipo de maniobras de los letrados defensores “es normal, es parte de la actuación de la defensa en un caso así”, sostiene Burt, quien no obstante denuncia la “actitud cómplice” de los magistrados, “que dejaron que esas actitudes progresaran y avanzaran”.

La sentencia era considerada inminente desde julio del año pasado, cuando el fiscal Luis Landa y la acusación particular presentaron sus alegatos en sendas audiencias de unas cuatro horas, cada una. 

Pero el proceso se dilató un año a consecuencia de alegatos interminables de los letrados defensores, que duraban varias sesiones sin que los magistrados pusieran ninguna objeción. “Encima, hay muchas audiencias que tuvieron que ser suspendidas porque unos abogados a los que les tocaba ese día no llegaban o uno de los jueces se enfermaba”, critica Burt.

Lo mismo pasó con las declaraciones finales a la que tienen derecho los acusados, que se extendieron durante meses repitiendo prácticamente los mismos argumentos esgrimidos durante los alegatos por sus defensas.

Aunque las víctimas nunca dejaron de asistir en un buen número a las audiencias, se lamentan del tiempo que han tenido que perder, descuidando sus trabajos o sus obligaciones familiares, en un proceso alargado hasta lo ridículo. Además, la demora contribuyó a que algunas de las víctimas que durante años habían luchado por justicia no llegaran a conocer el veredicto, ya que fallecieron. Lo mismo que pasó con alguno de los acusados, a los que no llegó la justicia. Rivera lamentó particularmente que César Uribe Martínez (que era G2, jefe de inteligencia) muriera sin ser condenado, ya que, asegura, “es un personaje clave pues da la idea de cometer el crimen”.

Para colmo, los sobrevivientes y familiares tuvieron que encontrarse cada audiencia con los acusados de masacrar a sus seres queridos en la entrada del juzgado del penal de Castro Castro, donde se llevó a cabo el juicio.

“En todas las audiencias los familiares sufrieron microagresiones frente a los imputados”, deplora Jo-Marie Burt. Los funcionarios del juzgado “siempre daban preferencia a los militares: les hacían entrar primero, les entregaban sus credenciales primero para irse, les saludaban con un ‘Hola, mi general’; y a los familiares de la víctimas los trataban como ciudadanos de segunda clase”.

Pero sin duda el momento más indignante del proceso para las víctimas fue cuando acudió a declarar en condición de testigo Alan García, en abril de 2014. El expresidente acudió con una portátil que copó la sala y que insultó a las víctimas al grito de terrucos, mientras les empujaba con sus carteles.

Dese el punto de vista jurídico, Carlos Rivera destaca que este juicio ha tenido la particularidad de tener por primera vez “como acusados a todos los elementos militares que participaron en el crimen, absolutamente todos”. Desde el comandante general que dio la orden, el general Wilfredo Mori Orzo, hasta los componentes de las patrullas, pasando por el Estado Mayor de la II División de Infantería, responsable del ataque.

Esto, comenta Rivera se debe a “la profundidad de las investigaciones desde el momento en que ocurren los hechos: de carácter periodístico, investigaciones a nivel del Congreso de la República, la investigación a profundidad que hace la Comisión de la Verdad…” e incluso “las propias investigaciones que hacen en el fuero militar”. Estas, agrega tuvieron la intención “de encubrir el crimen”, pero “terminan recopilando una información que, de no existir esta investigación, simplemente no se hubiera podido conocer”.

Sin embargo, esto no ha parecido ser suficiente para que los jueces consideraran culpables a todos los acusados.

La sentencia

Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han celebrado como un hecho trascendental la condena a 25 años de cárcel a Mori Orzo como autor intelectual principal de la masacre. La misma pena se llevaron los altos mandos Nelson Gonzales Feria (como jefe del Estado Mayor en 1985) y Carlos Delgado Medina (G3, jefe de operaciones de la II División de Infantería en 1985).

Los otros siete condenados que participaron directamente en el operativo del 14 de agosto: los jefes de patrulla Rivera Rondón y Hurtado, fueron condenados respectivamente a 24 y 23 años de prisión (de los que éste último ya ha cumplido 10 en prisión preventiva), mientras a cinco soldados rasos, solo a 10 años cada uno.

Así pues, el tribunal no aceptó la versión oficial que han mantenido las Fuerzas Armadas durante 31 años, y que fue en la que basaron su defensa la mayoría de los acusados: que todo se debió a una decisión personal de Telmo Hurtado, un militar que había estado destinado en la zona de conflicto más de lo que resulta conveniente para su salud mental. “Psicosis de guerra”, lo denominó su colega Rivera Rondón, que tampoco logró convencer a los magistrados de que el 15 de agosto, cuando se dirigía con su patrulla a Accomarca, se perdió y llegó cuando ya había pasado todo. Que cuando se encontró con Hurtado este no le contó que había matado a 69 campesinos, la mayoría niños y ancianos.

Tampoco se lo contó a nadie cuando regresaron a su base, según lo que han mantenido durante todos estos años sus superiores. Un argumento que no le ha valido a Mori, Gonzalez Feira y Delgado para evadir sus responsabilidades ante la justicia.

Pero Telmo Hurtado, que cuando comenzó el juicio estaba fugado en Estados Unidos, desmintió estas acusaciones. Pese a que la había admitido frente a la justicia militar en la década de 1990, el tribunal civil consideró consistente su nueva declaración.

“El balance (de los acusados) fue que Hurtado no iba a ser extraditado y por eso le echaron toda la culpa a él”, indica Rivera. Pero en 2011 Estados Unidos concedió su extradición y el antiguo jefe de patrulla “dijo que todo fue parte de una estrategia contrasubversiva”.

Reconoció esta vez que se limitó a cumplir las órdenes que le dieron sus superiores, que le dijeron que considerara terrorista a todo civil que encontrara y que, incluso cuando preguntó si eso también incluía a niños, le respondieron que sí.

Esto coincidió con los argumentos de la acusación de que la matanza de Accomarca fue “un crimen emblemático de una época en la que la forma de combatir el terrorismo era esta, eliminación masiva de personas, y la represión de una manera bastante brutal”, señala Carlos Rivera.

No obstante, al final siete acusados fueron absueltos, incluido Williams Zapata, que era el jefe de la compañía Lince. Rivera ya había manifestado antes de la sentencia sus dudas de que los jueces le condenaran por su condición de héroe tras su participación como jefe operativo en la operación Chavín de Huántar, en la que fueron rescatados los rehenes del MRTA de la residencia del embajador de Japón en 1997.

Entre los exculpados se encuentran también Luis Robles Nunura, el jefe de la patrulla Tigre, y Helber Gálvez, el jefe de la base de Vilcashuamán. Gálvez estaba acusado de las desapariciones de Martín Baldeón y Paulina Pulido los días siguientes a la masacre para encubrirla, algo de lo que los magistrados consideraron no tener pruebas suficientes.

Lo que sí consideraron más que probado es que hubo ensañamiento contra una población civil desarmada en una acción en la que los militares exhibieron premeditación y desprecio por la dignidad humana.

La sentencia también estableció una indemnización de 150.000 soles para cada víctima. Sin embargo, difícilmente una compensación va a pagar la pérdida de los familiares y tantos años de lucha y de oprobios. “Mi vida ya se truncó. Esa plata nunca va a devolverme a mi madre, nunca va a pagar esta vida que he vivido. Siempre va a estar en mi mente el recuerdo de lo que pasó hasta que muera”, sostiene Cirila. “No es fácil olvidar”. (Redacción/Gran Ángular)