Intrigas en la pesca

La expulsión de pesquera Exalmar de la Sociedad Nacional de Pesquería no desata un enredo sino revela el trasfondo de la discordia. ¿Quién tendrá la razón?

La fachada del local de la Sociedad Nacional de Pesquería, en la cuadra 24 de Javier Prado Oeste, era de un apropiado color azul marino. Ese no era, sin embargo, el color que describiría mejor el ánimo de los miembros del Consejo Directivo que participaron en la reunión del 28 de febrero pasado, que empezó hacia el mediodía.

Las dos convocatorias a la “sesión extraordinaria”, la primera del año, firmadas por la gerente general Viveca Amorós, mencionaban hasta tres temas de discusión. Al final, el asunto predominante se discutió con áspera brevedad y culminó en una decisión remecedora. Exalmar, una de las compañías más grandes de pesca en el Perú, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería.

El acuerdo, bajo el relativo eufemismo de ‘exclusión’ en lugar de expulsión, se tomó alrededor de la una de la tarde. En ese momento, tanto el presidente ejecutivo de Exalmar, Víctor Matta Curotto, como la gerente general, Rossana Ortiz Rodríguez, se levantaron, dijeron “no tenemos nada que hacer aquí”, y se fueron.

La decisión, en los hechos, ya estaba tomada. El punto de quiebre se dio en una tormentosa discusión en el Comité de Ética de la SNP el 15 de febrero.

Ahí se discutió la acusación de que Exalmar había comprado, durante la última temporada de pesca, la carga a las naves Jamil y Pontevedra, que pertenecen a la empresa Faenas Pesqueras. Uno de los barcos de esta empresa, Bibaco 24 (con matrícula N° CE-8178-CM), opera bajo el amparo de una medida cautelar.

Naves pesqueras en el puerto de Chimbote

Sucede que en noviembre de 2010, la SNP acordó que ninguno de sus asociados podría comprar las cargas de anchoveta de las naves que operaban con permisos (medidas cautelares) obtenidos en el Poder Judicial. Hasta entonces, casi todas las empresas del gremio le compraban a estas embarcaciones. (Ver detalles en la infografía). Según la explicación que dio el entonces presidente de la SNP, Humberto Speziani, los indicios de corrupción y malas maniobras en varios casos de naves que operaban bajo medidas judiciales –denunciados por el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante– los llevó a tomar esa decisión para, según lo parafraseó un diario, “desligar al gremio pesquero de cualquier acto vinculado con la corrupción”.

Más de un año después, Exalmar iba a ser la primera sancionada por, supuestamente, violar ese acuerdo.

Pero al empezar la discusión, el 15 de febrero, la gerente general de Exalmar, Rossana Ortiz, una mujer de carácter recio, pasó al contraataque. ¿De qué la acusaban? increpó especialmente a Speziani, asesor de la alta dirección de TASA, y a Ricardo Bernales, ejecutivo de Pesquera Diamante y primer vicepresidente de la SNP. ¿De comprar la pesca de las naves Jamil y Pontevedra? Ninguna de ellas, dijo, pescaba con mandato judicial, sus licencias estaban en orden. Lo que le contestaron, según recordó después Ortiz en entrevista con IDL-R, fue que “esas naves son hermanas de la Bibaco24, que opera con medidas judiciales. Están manchadas porque pertenecen a la misma empresa”.

“¡Eso no es correcto!” dijo Ortiz “si mi hermano roba, eso es problema de mi hermano…”. Según fuentes presentes en la discusión, Ortiz increpó a Speziani y Bernales que si la iban a sancionar por comprar pesca de compañías con naves protegidas por mandato judicial, debían sancionar igual a las empresas que ellos representaban: TASA, de la poderosa familia Brescia, y Pesquera Diamante.

Sucede que ambas compañías compraron anchoveta a las naves de Óscar Peña, conocido como ‘el rey de las medidas cautelares’ y gerente general de LSA Enterprises Perú S.A.C. y Hope Business S.A.C. Peña tiene como parte de su flota a Doña Licha II que no solo ha pescado con medidas cautelares sino, en los últimos meses, de manera completamente ilegal.

Speziani se defendió, de acuerdo con fuentes presentes en la discusión, con un argumento especioso: que si vetaban a Peña podían acusar a la SNP, de ‘concertación’.

Un correo electrónico enviado por Speziani a los agremiados, el 23 de noviembre, lo confirma: “Estoy en desacuerdo de considerar (en la lista negra) a un solo armador, como se podría inferir en el pedido, por razones de equidad”.

En una respuesta escrita y enviada por correo electrónico,TASA admitió haber comprado carga a las naves de Óscar Peña solo el año 2009 y a inicios de 2010.

Eso no es verdad. De acuerdo con los registros de descargas del ministerio de la Producción, las relaciones comerciales entre Peña y estas dos importantes empresas continuaron en la segunda temporada de pesca de 2010, contradictoriamente en los días en que Speziani anunció el pacto ético. En la primera temporada de 2011, TASA y Pesquera Diamante adquirieron cerca de 30 mil toneladas de las naves de Peña, cantidad valorizada en unos 8 millones de dólares si se convierte esta carga en harina.

En la última temporada de pesca de 2011, Pesquera Diamante se convirtió en la principal compradora en el norte y centro. TASA continuó comprándoles carga pero en el sur.

Entonces, en una historia de pecados colectivamente compartidos, ¿cuál fue la causa más probable de la expulsión de Exalmar?

Quizá la explicación esté en otro punto de la discusión en aquella sesión del 28 de febrero.

Es un tema que se incluyó en la agenda después de la citación oficial. El 23 de febrero, la gerente general de la SNP, Viveca Amorós escribió que “por especial encargo del Dr. Richard Inurritegui”, se añadiría a la agenda, el siguiente tema: “Resolución Judicial a favor de Pesquera Mar SAC y las implicancias que conlleva para los intereses de nuestros asociados”.