A pesar de lo que las mineras dicen, miles de niños y mujeres del interior del país aún siguen contaminándose de plomo y de otros metales pesados. Lo más preocupante es que nadie asume el costo para la recuperación de los enfermos, ya sea porque el Estado no tiene plata o porque las empresas privadas no les interesa la vida humana
Juan es un niño de diez años, pero debido a su tamaño y peso, se ve como uno de seis. La historia de su hermana, Primitiva, no es diferente: ella tiene siete años y apenas mide un metro y pesa tan solo 17 kilos. Su padre, Pedro Tolentino, nos cuenta que sus hijos tienen tos todo el tiempo, y que sufren de muchos dolores de estómago. Pedro y su esposa no pueden dormir pensando en el futuro de sus hijos, más ahora que no saben dónde acudir toda vez que la empresa Doe Run-responsable de sus dolencias- ha dejado de funcionar y lo que es peor no tienen plata para llevarlos al centro de salud de su localidad. Lo poco que ambos ganan apenas alcanza para comer.
A pesar que la historia de Juan y Primitiva como la de miles de niños y mujeres en el país no es nueva, esta aún persiste.
Para nadie es un secreto que la actividad extractiva tiene siempre el riesgo de contaminar aire, agua y tierra de los espacios vecinos y cercanos al de la actividad minera o petrolera, por lo que su manejo debiera ser cuidadoso y realizarse solo allí donde sea necesario.
Lamentablemente en el Perú estos dos requisitos no se cumplen, tanto porque los empresarios dedicados a esta actividad tratan de sacar el máximo de ganancias con el menor esfuerzo e inversión posible, cuanto porque el Estado en todos sus niveles no cumple de manera adecuada el rol de representante del bien común que en este caso significa regular y garantizar que se cumpla la legislación sobre la actividad extractiva, o, como es el caso, corregir las normas para que se adecue a las necesidades de protección y garantía de la salud individual, familiar y comunal, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución.
La cruda y triste realidad en que aún viven miles de personas afectadas por la minería, como Juan y Primitiva, llevó a que en el 2009 se formara en el Congreso un grupo de trabajo para estudiar la contaminación de niños con plomo en sangre.
Luego de dos años de arduo trabajo, como bien lo ha subrayado su presidenta, la congresista Gloria Ramos, este grupo presentó hace algunos días atrás las conclusiones de su informe. De acuerdo con el mismo, hoy en día más departamentos del país están siendo contaminados por la actividad minera. A las ciudades de La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, Callao, Lauricocha (Huánuco) y Rio Corrientes (Loreto) ahora se suman Puno, Madre de Dios, Lima provincia, Ancash, La Libertad y Cajamarca. En todos estos lugares, el grupo de trabajo evidenció que la mayoría de la población tiene en su cuerpo plomo, cadmio, arsénico, mercurio entre otros metales pesados.
Concesiones
Una de las conclusiones más preocupantes a que llegó el informe del grupo de trabajo, es que el interés del gobierno aprista para promover la inversión privada en el país lo llevó a claudicar su deber de proteger el medio ambiente y la salud de todos los peruanos.
De acuerdo con un informe del primer semestre del 2011 llamado “Observatorio de conflictos mineros en el Perú”, publicado por la ONG Cooperación, durante la administración de Alan García se batieron todos los records en materia de concesión, ya que en menos de cinco años se concesionaron el 18.91% de nuestro territorio. Es decir, más de 24 millones de hectáreas de la sierra y selva del país, involucrando comunidades campesinas y poblaciones locales, fueron expuestos a que sus vulnerabilidades a los problemas de contaminación e impacto en la salud de las poblaciones de las cuencas involucradas crecieran.
Ahora se entiende del por qué el alto número de conflictos sociales de tipo medioambiental en el país, que lamentablemente durante el gobierno aprista dejó más de una docena de muertos y heridos.
Los más afectados
El impacto de la contaminación minera y petrolera en la salud de las personas, se ha evidenciado en niveles de plomo en la sangre que sobrepasan en dos o más veces el límite máximo de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los niños.
A pesar que este problema data de muchos años, La Oroya y Cerro de Pasco continúan siendo las ciudades más afectadas por la contaminación minera.
De acuerdo con el informe del grupo de trabajo que presidio la congresista Gloria Ramos, en la ciudad de Cerro de Pasco donde opera una mina y un tajo abierto de la empresa Volcan, todavia existen más de la mitad de los menores de 12 años de Ayapoto, Paragsha y Quiulococha con altos niveles de plomo en la sangre.
Si bien el monitoreo que realizó Digesa y Osinerming en dicha ciudad demostró que la concentración de plomo en el aire estaba debajo de los estándares de calidad por lo que no representaba peligro alguno, sin embargo en el 2009, el 60% de los patios de las viviendas presentaban más de 1,200 miligramos de plomo en cada kilogramo de suelo, es decir, tres veces el estándar de calidad de suelos de la Agencia de Protección Ambiental. Asimismo que el 14% de las áreas de preparación de alimentos tenían niveles de plomo a 100 microgramos por cada pie cuadrado; también que el 79% de las muestras de polvo del piso de las cocinas poseía niveles altos de plomo que superaban el 100 ug/pie2.
Por su parte en La Oroya, donde hasta hace poco funcionaba el complejo metalúrgico de la Doe Run, se concluyó que hasta el 2009 todavía existía un 94.1% de niños menores de seis años con altos niveles de plomo superiores al máximo permitido por la OMS.
Para Ramos, la situación de las personas enfermas por la contaminación minera se agrava cuando el Estado destina una ínfima suma para la atención de los afectados, de allí la necesidad, como dice, de establecer un mecanismo que permita identificar a los responsables de los altos niveles de plomo en sangre para hacerles pagar el tratamiento y la indemnización respectiva por los daños causados a la salud de las personas.
No asumen su responsabilidad
La mayoría de las empresas mineras en el país tienen un carácter reactivo frente al problema de mitigación ambiental de ahí que no asuman su responsabilidad en el financiamiento de la atención de salud de los afectados por plomo en sangre, salvo en los casos de poblaciones organizadas que han demandado la solución a este grave problema.
Esta postura se vio reflejada cuando las empresas mineras que asistieron (Buenaventura, Doe Run Perú, Volcan, Raura, Los Quenuales y Milpo) a la invitación del grupo de trabajo del Congreso que venía investigando las consecuencias de la contaminación del plomo en la salud de los niños, afirmaron que no contaminaban el aire o agua con plomo por encima de los niveles máximo permisibles. Ellos más bien culparon a los pobladores de ser los responsables de esa situación debido a que construían sus viviendas en suelos y paredes contaminadas.
Para Betsey Valdivia, directora de la Asociación Aurora Villar, las empresas no pueden ser tan insensibles de negar un hecho que salta a la vista. “Ellas no solo deben invertir en procesos de extracción, explotación y exportación de minerales, deben también preocuparse en dar seguridad y garantizar la salud de la población trabajadora y del entorno”, sostiene.
Por su parte, el ecologista José Regalado, dice que aún cuando las empresas cumplan con los estándares de calidad ambiental, el efecto tóxico del plomo, cadmio y el mercurio en los seres humanos, siempre va existir mientras haya exposiciones agudas a estos minerales, o cuando exista exposiciones crónicas a bajos niveles durante periodos prolongados de tiempo.
Mientras el Estado y las empresas mineras sigan haciéndose a los locos en este problema, miles de niños y mujeres del país que tienen la mala suerte de vivir cerca de un yacimiento minero, seguirán enfermándose.
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