El segundo gobierno aprista que está a punto de terminar se le recordará no tanto por el buen manejo económico que tuvo y que nos permitió crecer en el 2008 cerca del 10%, sino por los escandalosos casos de corrupción que remecieron las más altas esferas del partido.
Como bien aseguran varios politólogos, el no haber podido ser más enérgico en la lucha contra la corrupción, sin duda restará posibilidades al presidente Alan García de llegar nuevamente al poder en las elecciones del 2016.
Los casos de corrupción suscitados en Cofopri, Essalud, en la compra de los tanques chinos, el faenón de los Petroaudios, entre otras perlas, difícilmente podrán ser puestos de lado por el Apra durante la campaña de ese año.
Desde ya, convivir con la corrupción le ha costado al aún partido de gobierno haber sido reducido a la máxima expresión. En las últimas elecciones generales apenas superó el cinco por ciento, lo que le significó, por ejemplo, tener apenas cuatro representantes en el Congreso cuando en el 2006 alcanzó 36 curules.
Pero qué pasó en el Apra para haber dejado que la corrupción manchara su gobierno. Según el exfiscal Avelino Guillén, la falta de voluntad política del Ejecutivo llevó a que se dejará de reforzar a las instituciones que tienen ver con este tema. “De ahí que después de la sentencia a Alberto Fujimori no se conozca ningún otra de importancia por casos de este tipo. Normativamente, procesalmente, y a nivel de juicios no cabe duda que hubo un gran retroceso”, afirma Guillén.
Por su parte, Enrique Arias Haro, director Ejecutivo de la Organización Valores contra la Corrupción, considera que la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar este tema se debió a que ya tenían previsto lucrarse, servirse, de las arcas del Estado.
A su juicio, si el Apra realmente hubiera querido frenar esta lacra habría mejorado y fortalecido los controles, así como creado nuevas normas, cosa que no hizo y ahí están las consecuencias.
En las últimas elecciones generales, todos los candidatos coincidieron en señalar que para poder acabar con este flagelo que le cuesta mucho dinero al Estado, había entre otras cosas que fortalecer y darle más atribuciones a la Contraloría
Sin embargo, como lo señala Arias, si bien esta institución tiene la imagen de ser una entidad que lucha contra la corrupción, la realidad es distinta dado que dentro de sus funciones no está definida esta competencia, puesto que su labor central es de vigilancia del uso correcto de los fondos públicos.
Agenda pendiente
Aunque parezca contradictorio, a pesar que durante este gobierno sean suscitados varios casos de corrupción, también se han dado importantes andamiajes institucionales y normativos para combatir esta lacra, aunque ellos no han sido suficientes para evitar todos los escándalos que remecieron al Ejecutivo.
Según el exviceministro de Justicia y profesor universitario, Erasmo Reyna Alcántara, una tarea pendiente que se debe tomar en cuenta en el corto plazo es que se requiere comprometer a los gobiernos locales y regionales en la adopción de medidas de promoción de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
De acuerdo con estadísticas de las Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas, son más de 10 mil procesos que se tramitan en las cortes superiores de Justicia del interior del país por actos de corrupción, encabezando la lista Ancash y Junín con más de 1,200 y 800 procesos, respectivamente.
En tal sentido, Reyna dice que se debe promover la imprescriptibilidad de los delitos por actos de corrupción, que requerirá la modificación del artículo 41º de la Constitución
Asimismo señala que es necesario ampliar la Ley de Pérdida de Dominio para casos de corrupción, (Ley N° 29212) que en la actualidad solo está prevista para delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, trata de personas y extorsión. “Así, a través de un proceso sumarísimo, los bienes de propiedad de procesados por actos de corrupción pasarían inmediatamente a propiedad del Estado, sin esperar, como sucede en la actualidad, la culminación de largos procesos penales que duran hasta 10 años”, manifiesta.
El exviceministro de Justicia también considera que la designación del Procurador Nacional Anticorrupción y los Procuradores Públicos Descentralizados Anticorrupción deben hacerse previo concurso público nacional, “ya que ello garantizará que nadie cuestione la imparcialidad en el ejercicio de la función”.
Por su parte, Arias Haro sostiene que es necesario crear una entidad con participación de la Sociedad Civil, pero no solo aquella conformada por los Colegios Profesionales o ciertas ONGs amigas del Gobierno de turno (Caso Proética por ejemplo en este Gobierno saliente) sino de forma amplia y representativa para que se encargue entre otras labores a la atención de quejas y reclamos respecto al desempeño de instituciones como el OCMA (Poder Judicial), FCSI (Ministerio Público), SAD (Contraloría General), Defensoría, INSPECTORIA (PNP) entre otras, en donde muchas veces el ciudadano no es atendido de manera diligente por el falso espíritu de cuerpo, creando esta situación zozobra entre las personas, por lo que se requiere cambiar esta situación.
Asimismo refiere se debe modificar leyes, como por ejemplo dotar de sanciones efectivas al incumplimiento de la publicación de los informes del Órgano de Control Interno (OCI) en los portales web, situación que actualmente incumplen más del 98% de los gobiernos regionales, provinciales y locales.
No olvidemos que el país pierde millones de soles en la lucha contra la corrupción, dinero que pudiera servir para construir muchas obras o para financiar varios programas sociales a favor los pobres. De ahí la importancia de realizar un trabajo preventivo, mejorando la formación ciudadana en valores en el ámbito escolar y en los estudios superiores, ya que como dice Enrique Arias, se requiere de profesionales que más allá de los grados académicos, tengan valores éticos, dado que si no existe este requisito no habrá un compromiso real y desinteresado en mejorar y realizar una labor de dirección desde el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
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