Prensa amordazada

Una vez más la prensa en el Perú se ve amenazada. Esta vez el peligro vino del Poder Judicial. Muchos entendidos señalan que a través de su proyecto de ley se favorecería a todos aquellos funcionarios públicos inmersos en actos de corrupción

En los últimos años muchas de las denuncias periodísticas que permitieron conocer a la ciudadanía los casos de corrupción de algunos malos funcionarios públicos fueron gracias a intercepciones telefónicas o videos grabados sin el consentimiento de las partes.

Si bien la forma en cómo fueron obtenidos esas pruebas están sancionadas por nuestro Código Penal, lo que si preocupa a los periodistas es que a través de una propuesta recientemente presentada por el Poder Judicial al Congreso de la República se pretenda penalizar la difusión de las mismas, más aún si el contenido de estas es de “interés público”

De aprobarse esta norma, la opinión pública ya no podría enterarse de los diversos casos de corrupción en que lamentablemente incurren muchas de nuestras autoridades y funcionarios estatales.

La propuesta presentada por el presidente de la Corte Suprema César San Martín, ha generado toda una polémica sobre las repercusiones que esta traería dentro del ambiente político y periodístico y las verdaderas intenciones que habría tenido el Poder Judicial para presentarlo.

Para el congresista y vocero de Gana Perú, Freddy Otárola, la propuesta judicial es un “exceso”, por lo que en nombre de su bancada, dijo que rechazaran dicho documento. “Apoyamos que los medios sigan difundiendo estos materiales que permiten saber los diversos problemas que suceden al interior de las instituciones públicas”, sostiene el congresista nacionalista.

Otárola dice que en un hipotético caso de aprobarse esta norma, los únicos que se van a favorecer son los corruptos de este gobierno y de los anteriores, ya que ningún medio va querer dar a conocer un ilícito por temor a ser penalizado.

Una similar percepción tiene el vocero de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, quien precisa que “no se puede cortar el rol fiscalizador de la prensa, cuya única limitación deberá ser la difusión de audios de índole privado; pero, cuando hay indicios de un ilícito donde esté involucrado una autoridad pública, es válido y legítimo que el medio los difunda sin el temor de tener que someterse a un proceso penal más adelante”.

Entre tanto su colega de bancada Luis Gallareta considera que en nuestro país donde el Poder Judicial deja mucho que desear y el sistema anticorrupción no funciona, la prensa se ha convertido en una herramienta importante para la lucha contra la corrupción, por lo que pretender amordazarla es favorecer a los corruptos.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, sostiene que es innecesario penalizar la difusión de audios ilegales pues, según precisa, ya existe legislación suficiente para castigar esa práctica. En ese sentido, advierte que sería un exceso abrir la posibilidad de enjuiciar a un periodista por la divulgación de información proveniente de la interceptación telefónica indebida.

También al medio

Para la directora del Consejo Nacional de Prensa Peruana, Kela León, esta medida de la Corte Suprema tendría repercusiones penales no solamente a los periodistas que difunden audios interceptados, sino que podría desencadenar hasta el cese o clausura de un medio de comunicación de manera temporal o definitiva. “En otras palabras, esto quiere decir explícitamente que el medio tendría un alto grado de responsabilidad penal con respecto a la decisión del comunicador de difundir material chuponeado”, sostiene León.

Al respecto el periodista y analista político Fernando Rospigliosi, afirma que sería desastrosa la aplicación de esta norma ya que pondría en jaque a la prensa que pretenda difundirlos

Pese a que el presidente del Poder Judicial, César San Martín, asegura que no habría “censura previa”, ya que la decisión de la difusión dependería del criterio periodístico, Rospigliosi piensa que la facultad que se la daría a los jueces es muy peligrosa si el caso cayera en manos de un magistrado despistado, corrupto o presionado”, asevera.

Rospigliosi asimismo afirma que el proyecto es “peligrosísimo” porque ha sido presentado cuando está por asumir el gobierno de Ollanta Humala, que ha sido cuestionado por su tendencia a atentar contra la libertad de prensa. “Le pondrán en bandeja de plata una herramienta de esta naturaleza”, sostiene.

No es nuevo

La intención de un Poder del Estado en el Perú de querer silenciar a la prensa no es nueva en nuestro país. En octubre de 2010 el congresista Walter Menchola presentó al Parlamento un anteproyecto para castigar con tres millones y medio de soles a quienes difundieran conversaciones grabadas sin autorización de un juez. Antes, en el 2009, el congresista José Vargas presentó un proyecto de ley para “regular” la obligación de los medios de comunicación de rectificar informaciones inexactas.

Durante la década de los 90, el entonces gobierno de Alberto Fujimori antes que presentar proyectos que conlleven a amordazar a la prensa, prefirió optar por comprar su línea editorial. Las imágenes observadas en los vladivideos confirman la podredumbre en la que habían caído muchos medios de comunicación a fin de asolapar los actos de corrupción de ese régimen.

Según Kela León, de aprobarse el anteproyecto de ley del Poder Judicial, conocido como “Ley Mordaza”, desaparecerían las denuncias televisivas basadas en audios incautados o nos quedaríamos sin emisoras de radio y televisión a nivel nacional. “Por el bien del país, esperamos que el próximo Congreso mande al archivo tan disparatada propuesta. El Poder Judicial en vez de preocuparse por los periodistas debiera enfocar su atención por mejorar su imagen ante la opinión pública, enfatiza la representante de prensa.