El aumento de la delincuencia preocupa a más de un peruano. Para combatir este flagelo, las autoridades vienen dando una serie de normas. César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, analiza estas medidas y da su punto de vista.
- ¿Por qué las autoridades en materia de seguridad casi siempre actúan después y no antes?
- Simple. Por carecer de una adecuada política de planificación criminal que contenga las técnicas fundamentales de inteligencia, referentes a la prevención y disuasión. Es importante señalar que el desconocimiento que tienen muchos políticos sobre este tema, ha hecho que no se cuente con un equipo multidisciplinario que esté trabajando la hoja de ruta a seguir que nos permita reducir el número y frecuencia de los delitos.
- El gobierno acaba de lanzar a mil policías y 300 patrulleros a la calle. Asimismo ha dado otras medidas para controlar la delincuencia. ¿Usted cree que serán suficientes?
- Sin duda es una respuesta al clamor de los ciudadanos, pero que en la práctica operacional no tendrá mucho efecto en una ciudad como Lima que hoy tiene casi 10 millones de habitantes y 42 distritos, y que además geográficamente se encuentra en una zona muy complicada.
Aquí, lo que debemos buscar más allá de poner mil o dos mil policías en la calle, es tener gente proba. De qué nos sirve todo ese contingente humano si ellos no están entrenados, equipados y no cuentan con una nueva y moderna inspectoria ni con el apoyo de la tecnología, cámaras, patrullaje, inteligencia encubierta, etc. Bajo esta realidad, es difícil conseguir buenos resultados en la lucha contra la delincuencia.
- Dentro de este paquete que se ha anunciado no se dice nada sobre la delincuencia juvenil, cuando se sabe que allí está la fuente que alimenta la aparición de todos estos hampones
- Todo es mejorable, en materia de leyes. Contra la delincuencia juvenil, se debería analizar cambios integrales, ya que un gran porcentaje de la delincuencia que soporta el país son adolescentes y jóvenes de los 13 a los 25 años que están casi olvidados por el Estado y con padres de familia que no saben, quieren o pueden criar bien a sus hijos.
Además hay que tomar en cuenta que la mayoría de delincuentes provienen de hogares disfuncionales, donde la violencia y el consumo de alcohol y drogas es el pan de cada día. Por ello la Escuela de Padres es una excelente alternativa para trabajar en forma conjunta con los centros escolares. Talleres con evaluaciones trimestrales que permitan encontrar los defectos, para mejorar el producto.
- Ante la nueva ola de crimines que asola el país la gente habla que se debe endurecerse más las penas. ¿Usted cree que con esta medida se logrará persuadir al delincuente?
- La estadística y la experiencia de muchos países demuestran que ni el endurecimiento de las penas, ni la misma pena de muerte retraen a los delincuentes avezados. Por lo tanto, más que buscar endurecer las penas lo que debemos hacer es pedir a los magistrados que apliquen bien la norma.
- ¿Por qué no trabajar en el tema educativo laboral. Eso no sería mejor que estar llenando las cárceles de gente?
- Ello dependerá del delito que el delincuente haya cometido. Como fuese, siempre va existir gente al cual se le tiene que encarcelar. Es cierto que hoy las cárceles en nuestro país están a punto de colapsar, no son seguras y muchos criminales monitorean los delitos desde ellas, por lo que debemos construir más cárceles pero seguras. Paralelamente sería bueno sentar las bases para poder trabajar temas educativos laborales, no solo dentro de los establecimientos penitenciarios sino también afuera cuando el interno ya cumplió con su condena.
- Se dice que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ya cuenta con el Plan de Seguridad hasta el 2016. ¿Usted cree que ello sea cierto?
- No sabemos si es Plan está terminado o no. Solo tenemos conocimiento de lo que la prensa ha informado. Pero asumiendo que fuera verdad, no creo que dicho Plan reúna los pragmatismos necesarios, ni tampoco cronogramas de cumplimientos. (RVC)
No se cumplen
Desde el 2000 a la fecha existen varias leyes aprobadas sobre el tema de la seguridad que son letra muerta. Por ejemplo, en el 2003 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; en el 2004 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal y el arresto ciudadano. Posteriormente en el 2010 se autorizó a los gobiernos regionales y locales a girar recursos en favor de la policía y en el 2011 se modificó el reglamento de ejecución penal, que prohibió el ingreso de equipos celulares a las cárceles.
También están las leyes de creación del Consejo Nacional de Política Criminal y del servicio policial voluntario emitidas en el 2011 y la vinculación de las juntas vecinales con la seguridad ciudadana aprobada el año pasado.
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