jueves, 11 de febrero de 2016

Crimen imparable


A pesar de los esfuerzos para derrotar a la delincuencia, más peruanos son víctimas de robos y de otros delitos. Lo peor, es que la policía trabaja en condiciones deplorables para protegernos.

 Desde que en agosto del 2010, 4 delincuentes dejaran cuadripléjica a la niña Romina Cornejo (recientemente fallecida) para robarle 5 mil soles a sus abuelos , casi muy poco se ha avanzado en el país en materia de seguridad ciudadana, por el contrario se ha agudizado.

De acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras en el 2014 la tasa de victimización – personas que afirman haber sido víctimas de algún delito - en nuestro país era de 30,5%, en el 2015 esta subió a 30,8%.

El estudio reveló que el 90% de los delitos corresponden a actos contra el patrimonio. Así tenemos, que 16 de cada 100 habitantes mayores de 15 años fueron víctimas de robo de dinero.

El INEI detalló que la mayoría de los actos contra el patrimonio se registraron en las calles, y que los robos e intentos de robo en viviendas disminuyeron el 2015 con relación al 2011.

Asimismo, que en el 8,1% de actos delictivos, el agresor portaba algún arma de fuego.

Por esta cruda realidad, el 88,4% de los peruanos mayores de 15 años se siente inseguro, es decir, teme ser blanco de algún delito en los próximos 12 meses. En el 2014, dicha percepción era solo de 86%.

Frente a este panorama, hay quienes han decidido adoptar alguna medida de seguridad para prevenir la delincuencia. De acuerdo con el INEI, esto ha hecho que el 23,7% de viviendas en el ámbito urbano cuenten con algún sistema de protección. El más empleado es la vigilancia de las juntas vecinales (32,2%) y la contratación de seguridad privada (30,8%).

Del mismo modo, el 40,5% de los habitantes de las zonas urbanas del país y el 35,3% en Lima Metropolitana poseen vigilancia en su zona o en su barrio, ya sea por parte de la Policía Nacional, del serenazgo local o por patrullaje integrado.

A pesar que las personas han reforzado sus medidas de prevención en materia de seguridad, según César Ortiz Anderson, presidente y fundador de Aprosec, aún hay mucha falta de conciencia de la ciudadanía respecto a este problema, sobre todo del sector emergente, que cree – erradamente - que nunca le va a pasar algo.

De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos son los distritos que presentan las mayores tasas de criminalidad en Lima.

Propuestas
Si bien el Ministerio del Interior ha eliminado el sistema 24x24 (un día de descanso por uno de trabajo) para contar con más efectivos patrullando las calles, y ha dotado de más equipos logísticos a la policía, todo hace indicar que en los próximos años la delincuencia seguirá ganando terreno en el Perú. Y ello es preocupante, porque un país inseguro desalienta la inversión privada.  

La inseguridad ciudadana hoy se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, incluso por encima de la generación de empleos.

Los políticos lo saben, por ello vienen proponiendo en esta campaña electoral diversas fórmulas para solucionar este problema.

Entre las propuestas más osadas tenemos el de encargar al Ejército el patrullaje de la ciudad y el facultar a los serenos a usar armas y a detener a las personas sin la presencia de algún policía.  

Para Ortiz Anderson, dichas propuestas son puras generalidades que demuestran el desconocimiento del tema. Según el experto en seguridad ciudadana, si se quiere tener éxito frente a este fenómeno se debe reformar las cuatro instituciones que tiene el Estado para enfrentar la delincuencia, es decir, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Mientras ello no se haga, dice, la inseguridad seguirá creciendo en el país.

No hay confianza
Otro dato revelador que arrojó la encuesta del INEI, es que el 86% de las personas que fueron víctimas de algún hecho delictivo optaron por no denunciarlo, debido a que consideraban que era una pérdida de tiempo.

Según César Ortiz, estos datos demuestran que los ciudadanos no confían en los operadores de justicia, de ahí que propuestas temerarias como ‘chapa tu choro’ hayan tenido acogida en buena parte de la población.

Un reciente estudio de USAID sobre Crimen, Corrupción y Justicia Popular del 2015 reveló que el Perú es uno de los países en Latinoamérica que muestra más apoyo social a tomar la justicia con sus propias manos, detrás de Ecuador y El Salvador.  

En el interior
Puno, Cusco y Tacna según el INEI son los departamentos con mayores índices de victimización.

En el caso de Puno, el contrabando y la minería ilegal son dos factores que atraen a la delincuencia a esta región. Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), por invasión de impuestos, Puno pierde S/. 300 millones al año.

La realidad de Cusco y Tacna es diferente. En el caso de esas regiones, la delincuencia se da básicamente por la presencia de turistas nacionales, pero sobre todo de extranjeros que viajan a esas ciudades con cientos de dólares y euros en las mochilas.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), los turistas extranjeros al llegar al Perú gastan en promedio US$ 1.200. Esta información lo saben los delincuentes, de ahí que los extranjeros sean sus blancos preferidos.

Derrotar la delincuencia es una prioridad; sin embargo, para ello, necesitamos, afirma César Ortiz, que la estrategia que se ponga en práctica se convierta en política de Estado, como se hizo con el tema económico. La última palabra, hoy lo tienen los candidatos. (Redacción)

LAS COMISARÍAS
De acuerdo con el IV Censo de Comisarías elaborado por el INEI, hasta el 2015 existían 1.470 delegaciones policiales en el país, 5,2% más que en el 2012.

Del total de las comisarías, solo el 42% cuenta con conexión propia con Internet, el 68% tiene acceso a la base de datos de Requisitorias de la PNP, y el 51% y 33% puede ingresar a los registros del Reniec y al Sistema de Denuncias Policiales.

Un hecho que debiera llamar a la preocupación a los candidatos presidenciales, es que solo el 62% de las 1.479 comisarías cuenta con servicios básicos (energía, agua, desagüe) las 24 horas del día. Quiere decir, que el 38% de ellas trabaja en condiciones deplorables.


Ortiz Anderson considera que así es muy difícil hacer frente al hampa, que cada vez cuenta con mayores recursos para evadir a la policía.