El gobierno de Ollanta Humala atraviesa un difícil momento. Los diferentes conflictos sociales que heredó de la gestión anterior le vienen poniendo en jaque, no solo porque tiene que evitar que se desaliente la inversión privada sino también porque debe cumplir con una promesa electoral
La llegada de los 100 días del gobierno de Ollanta Humala no pudo ser peor. ¡Carteles, banderolas, desmanes y bloqueos de carreteras!, fueron las primeras manifestaciones del descontento de pobladores de diferentes regiones del país que se oponen a la minería. Cajamarca, Andahuaylas y Moquegua son solo algunos de los departamentos en los que el diálogo nunca llegó, desencadenado una batalla campal entre campesinos y autoridades del sector.
En Andahuaylas, por ejemplo, los enfrentamientos alcanzaron su máximo clímax la tarde del jueves último, donde el viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, quedó atrapado durante varios minutos en el Hospital Regional, mientras afuera una turba de dos mil campesinos protestaba lanzando piedras por la súbita partida de los ministros de Energía y de Agricultura.
Paralelamente en Cajamarca se daba inicio a una ola de protestas, esta vez, lideradas por el Frente de Defensa Ambiental y diversas organizaciones sociales que están en contra de la ejecución del proyecto minero Conga.
Los diferentes conflictos sociales que vive actualmente el país no son nuevos para los gobiernos. Durante la administración de Toledo y García varios pueblos se levantaron contra lo que ellos consideran un atropello por parte de la clase política. ¿Quién no recordará las consecuencias que dejó las protestas de Bagua?
La crisis de intranquilidad que afronta el país, hizo recordar a muchos que días antes de asumir el cargo, el hoy presidente Humala prometió solucionar los 255 conflictos sociales que el gobierno aprista le venía dejando.
Tomando en cuenta que una cosa es estar fuera de la administración pública y otra adentro, ¿qué hará ahora el gobierno para no enfrentarse, por un lado, con la población mayormente rural que fue quien votó por el proyecto nacionalista, y por otro lado, no desalentar la inversión privada que es la que va financiar los diversos programas sociales con inclusión social que Humala quiere implementar?
Para el economista del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres, Miguel Santillana, es casi imposible que este gobierno haga algo por solucionar los diversos problemas sociales, debido a que existen conflictos de intereses, pactos y acuerdos bajo la mesa con las mismas empresas que financiaron parte de su campaña por lo que es poco probable que se generen mecanismos que perjudiquen las cuantiosas inversiones de estas compañías.
“Es un poco complicado que el Estado sea juez y parte a la vez. Estoy convencido que en estos momento existen presiones al más alto nivel para que se aprueben los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros”, sostiene Santillana.
Esa misma percepción también la comparte el exministro del Interior Fernando Rospigliosi, quién añade que hacer una campaña holgada prometiendo a diestra y siniestra que se acabarían los conflictos sociales es una cosa, y otra, es estar en el gobierno donde la existencia de compromisos no te permiten cumplir tus ofrecimientos.
Rospigliosi señala que a este abanico de problema se le suma lo recientemente señalado por el primer ministro Salomón Lerner, quién ha dicho que se respetará la política económica y la inversión privada, en particular la minería. ¿Entonces cómo quedamos? ¿Estamos con las poblaciones aparentemente afectadas por las empresas mineras o con los empresarios?, se pregunta el exministro.
Para Rospigliosi está claro que el gobierno carece de capacidad política para manejar conflictos, sus principales funcionarios empezando por el presidente nadie los entiende y lo peor todavía es que carecen de operadores políticos para intervenir adecuadamente. “Así, las cosas terminan siempre recayendo en manos de la Policía que, además, es claramente impotente para imponer el orden”, puntualiza.
El problema no es de ahora
Una posición opuesta a las antes mencionadas es la del sociólogo del Centro de Estudios y Promoción del desarrollo (Desco), Carlos Monge, quién señala que la manera como se ha venido aprobando los proyectos medioambientales en nuestro país en estos últimos años, a pesar de saberse que muchos de ellos atentaban contra el ecosistema, ha hecho que varias comunidades se sientan desconfiadas cuando se les toca este tema. Por lo tanto, dice, no le podemos echar la culpa a este gobierno de lo que viene sucediendo.
Monge recomendó al Estado ya no ser un simple veedor en cuanto a los estudios de impacto ambiental solicitadas por las mineras, sino más bien asumir el papel de cliente para poner estándares de salubridad que impidan que las mineras afecten a las poblaciones colindantes al proyecto.
“En este caso el gobierno representado por el Ministerio del Ambiente, debe encargarse de fiscalizar todas las solicitudes de concesión minera, generando de esta manera un clima de tranquilidad para los lugareños, cosa que no ha venido haciéndose debido a la falta de una reglamentación. Esta figura ha sido repetitiva durante los dos últimos gobiernos, en donde los estudios eran realizadas por empresas contratadas por la minera, creando de esta manera un clima de parcialidad que desencadenaba en una manifestación”, sostiene el representante de Desco.
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