Petroaudios: tres años después

El caso BTR salió a la luz sin saber que pondría en evidencia los actos de corrupción y arreglos bajo la mesa del gobierno aprista. Hoy, tres años después, este proceso judicial no tiene visos de acabar. Según fuentes fidedignas, existirían oscuros intereses aun por develar. ¿Usted qué piensa?

Han pasado cerca de tres años desde que en octubre del 2008 los peruanos nos enteramos a través de unos audios como algunos altos funcionarios del gobierno aprista fungían de lobistas para favorecer a una petrolera con lotes de explotación de crudo en nuestra amazonia.
Así salieron del anonimato o volvieron hacer protagonistas en la opinión pública personajes como el aprista Alberto Químper (funcionario de Perupetro), y Rómulo León Alegría (exministro de Agricultura del primer gobierno aprista), quienes servían de intermediarios entre el Estado y las empresas que pugnaban por hacerse de jugosos contratos.
A los pocos días de haberse conocido el audio entre Químper y León Alegría, el escándalo comenzó a salpicar también a otros personajes, entre empresarios, militares, funcionarios públicos y ministros de Estado.
¿Será por eso que a tres años de destapado el escándalo, aún no hay ningún sentenciado? ¿Qué interés oscuros se tejen sobre el caso BTR?, ¿Quiénes estarían interesados en que no se sepa la verdad?
Para César Gutiérrez, expresidente de Petroperú por aquellos años, es evidente que existe una presión política y económica para que hasta la fecha no se haya incluido como testigos a las empresas involucradas en el escándalo, cosa que debió haberse hecho ya que ellos fueron los que financiaron las interceptaciones telefónicas y por ende también tienen cierta responsabilidad en el asunto.
“Las autoridades saben qué empresas están involucradas y no puedo entender porque no han sido citados en calidad de testigos, ni mucho menos se les haya abierto una acusación judicial a sus altos directivos. Ellos tienen que responder y señalar básicamente dos preguntas específicas: ¿Con quienes hicieron el trato y por qué monto? y ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones?
En el caso BTR, Gutiérrez también cuestiona el papel de la empresa Telefónica, debido a que durante todo el tiempo que duraron las interceptaciones, jamás pudieron detectar el chuponeo del que eran víctimas sus redes, “esto llama a la sospecha”, dice.
Para el ingeniero mecánico, es obvio que tratan de ocultar información valiosa que daría un giro de 360 grados a la investigación.
Entre tanto para César Romero, periodista del diario La República e investigador del caso BTR, no es un secreto que existieron maniobras misteriosas que manipularon información confidencial del caso, ahí tenemos, por ejemplo, la incautación de los USB de la gerente general de Business Track, Giselle Giannotti, en la que existían audios de conversaciones telefónicas de personajes políticos y empresarios. Estos registros según Romero habrían sido borrados y otros manipulados por terceros.
“Hoy, tres años después, se hace público el borrador de más de 500 archivos en un proceso que desde un primer momento ha estado marcado por la falta de transparencia y por los encontronazos entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso. Hay demasiados intereses que se cruzan y las autoridades judiciales deben ser las primeras interesadas en aclarar esta denuncia, salvo que, como ha ocurrido en otras oportunidades, opten por echarle tierra y esperar a que pase y todos olviden lo ocurrido”, refiere el periodista.
Por su parte el excongresista y presidente de la comisión investigadora del caso BTR, Oswaldo Luizar, manifiesta que está convencido de que en este caso hubieron ordenes que se tuvieron que cumplir a cabalidad por parte de los acusados, haciendo referencia a que es difícil que tanto Ponce Feijoo como Tomacio, estén en condiciones de acusar a quienes lo contrataron y cual era el propósito de la misma.
Para Luizar, no cabe duda que se desaparecieran audios comprometedores en las oficinas de la DINADRO por orden superior. “Es más, reitero que son los altos funcionarios del exgobierno quienes mantienen blindados a Luis Ponce Feijóo, Carlos Tomasio, Giselle Gianotti y Martin Fernández Virhues, los mismos que en todo momento se negaron a asistir a la Comisión de Fiscalización del Congreso por recomendación de sus abogados amparándose en que el caso estaba judicializado”, sostiene el excongresista.
Una opinión parecida al de Luizar tiene el periodista Fernando Rospigliosi, quién fue el que hizo pública la denuncia. Rospigliosi señala que hasta el momento a pesar de los interrogatorios y las pruebas presentadas a la Fiscalía, esta no ha dado indicios de resolver el caso. Según el hombre de prensa, la jueza como el Ministerio Público estarían dilatando el proceso con argumentos poco creíbles que lo único que hacen es entorpecer las investigaciones en curso.
Rospigliosi enfatiza que en los tres años que lleva el proceso ya debieron haberse delimitado las preguntas básicas en toda investigación, en este caso: ¿quién o quienes ordenaron la investigación?, ¿quiénes pagaron la interceptación?, ¿quiénes recibieron la información en el sector empresarial?, ¿qué funcionarios públicos actuaron favoreciendo a algún interés popular?
“Las autoridades están esperando que se terminen de desaparecer las pocas pruebas que existen. Es claro que lo que se quiere es dilatar el proceso y esperar que los detenidos como Rómulo León Alegría, Alberto Químper y compañía que en la actualidad están cerca de 36 meses sin sentencia puedan pedir su libertad por exceso de carcelería”, refiere Rospigliosi.
No cabe duda que el caso BTR mientras siga en el limbo, constituye una mancha para todos aquellos que desean que la corrupción termine en el país. El Poder Judicial tiene la palabra.