En el Perú la controversia sobre el aborto terapéutico ha cobrado fuerza a raíz de la sanción que la ONU ha interpuesto al Estado por el caso de una menor que quedó invalida al no ser operada por la negativa de los médicos a intervenirla por no existir un protocolo. ¿Usted qué opina respecto a este tema?
El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw) de la ONU recientemente acaba de condenar al Estado peruano por violar los derechos humanos de una adolescente que requería de un aborto terapéutico y determinó que el Estado debe establecer un mecanismo para el acceso efectivo a este procedimiento que es legal en el país.
Como se recuerda, en el 2008 una menor de 13 años de iniciales L.C. fue violada por un desalmado mototaxista de 40 años. Producto de esa violación, la niña intentó suicidarse: saltó desde un edificio y sobrevivió, pero los médicos que la atendieron se negaron a realizar la cirugía que necesitaba por su embarazo y quedó inválida de por vida.
La lamentable situación de esta menor, llevó a que Promsex conjuntamente con el Centro de Derechos Reproductivos presentaran el caso de L.C ante el Comité Cedaw el 2009
No es la primera vez
El caso de la niña L.C no es nuevo en el país. En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a favor de una joven de 17 años que fue obligada a dar a luz a un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (no tenía cerebro) y a alimentarlo durante los cuatro días que sobrevivió, experiencia que la dejó con un grave cuadro de depresión.
De acuerdo con el Colegio Médico del Perú, casos como los ya mencionados se dan con cierta frecuencia, sobre todo en provincia donde por el bajo nivel de instrucción de las víctimas sus historias quedan desapercibidas.
Para nadie es un secreto que el embarazo no deseado en el país-sobre todo en las menores de edad- se ha vuelto un problema, debido a que los hospitales están impedidos de dar información sobre los métodos anticonceptivos a estas personas, además de no contar con insumos suficientes de anticonceptivos. Esta situación como es obvio, ha hecho que las tasas de abortos clandestinos se incrementen con todo el daño que ello origina a la salud física y mental de las mujeres que se sometan a esta práctica.
Como bien señala Demus, las tasas de abortos clandestinos podrían reducirse significativamente si el gobierno tuviera el interés político de permitir a las mujeres a ejercer su derecho de acceder a interrumpir su embarazo cuando ella pone en peligro su vida y la del bebé que va nacer. Lamentablemente la falta de un protocolo ha hecho que por un lado varios médicos se nieguen a practicar este tipo de aborto, y por el otro, a que gente inescrupulosa vea en esta situación una manera para poder lucrarse sin importarle la salud de la paciente a quienes someten a prácticas aberrantes que ya han generado la muerte de miles de mujeres en el país.
Esta cruda realidad que afecta a los más pobres viene haciendo que buena parte de la opinión pública se pregunte ¿por qué los sucesivos gobiernos nunca aprobaron un protocolo para el aborto terapéutico?
Probablemente la respuesta esté, como dicen las diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos, en la presión que ejercen algunos grupos de poder que buscan que esta situación continúe de manera indefinida
Cabe señalar que en el Perú el aborto es legal cuando es el único medio para salvar la vida de la mujer o para evitar un daño grave y permanente en su salud.
Abortos no seguros
En el año 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), aplicó una encuesta de opinión a profesionales y no profesionales, conocedores del tema de salud reproductiva, con el fin de confeccionar una lista de mecanismos utilizados por las mujeres para interrumpir sus embarazos no deseados.
En ese grupo de opciones fue notorio el uso vaginal, oral o combinado de prostaglandina, medicamento que bien administrado por un profesional y siguiendo un protocolo produce la interrupción del embarazo sin poner en peligro la vida de la paciente. En cambio, es un arma letal cuando dicho medicamento es prescrito por personas no entrenadas o es ingerido vía automedicación.
Es importante conocer que las mujeres urbanas que se ven en la necesidad de practicarse un aborto, el 45% lo realiza con una persona no calificada. Esta cifra en el caso de las áreas rurales se incrementa a 66%.
Según el Ministerio de Salud, existe un 72% de probabilidad de complicación del aborto si este lo realiza una persona no calificada o la misma mujer; y 24% si lo realizan las obstetrices o enfermeras. En cambio, el riesgo baja a 4% si el aborto es practicado por un médico.
La difícil situación de las mujeres que se someten a abortos inseguros obedece a la ausencia de políticas adecuadas de salud sexual y reproductiva. La Defensoría del Pueblo ha comprobado la deficiencia de los servicios que ofrece el Estado respecto a este tema. En gran parte de los hospitales y centros de salud del país hay desabastecimiento de insumos anticonceptivos por falta de presupuesto o por la ineficacia en su distribución. Esta situación se agrava por los cobros indebidos en los establecimientos de salud, hecho que limita el acceso a la consejería.
Una realidad a enfrentar
Para establecer un estimado del número de abortos inducidos por año, se toma como referencia las cifras del Ministerio de Salud de 2004. En ese año las Direcciones de Salud del país reportaron 42 mil 558 atenciones por aborto incompleto, a las que se debe aplicar un ajuste de 10% para corregir omisión, con lo que el número asciende a 46 mil 810.
Sin embargo, por cada aborto que llega a los hospitales hay otros siete que no figuran en las estadísticas porque se realizan en condiciones seguras, sin complicaciones o con complicaciones leves, o por el contrario, estas son tan serias que la mujer muere sin recibir tratamiento alguno.
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