El derecho a votar

La propuesta del presidente Ollanta Humala de eliminar el voto castrense para evitar que las Fuerzas Armadas y Policiales se politicen ha generado toda una polémica, entre quienes sostienen que los uniformados no son ciudadanos de segunda y por tanto tienen derecho a elegir a sus autoridades, y los que afirman que si teniendo el derecho a votar también deberían tenerlo para ser elegidos.

Humala, en el Día del Ejército argumentó su propuesta afirmando que es necesario alejar a los guardianes socráticos de la nación, de la república, de lo que es la política del día a día, ya que la tarea del soldado es superior, debido a que está por encima de las discusiones de coyuntura política.

Si revisamos la historia republicana de nuestro país, veremos que la percepción que tiene nuestro actual mandatario sobre el papel de los uniformados en la política dista mucho de la realidad.

Desde que nos hicimos independientes de la colonia española, la mayoría de los gobiernos que hemos tenido han sido militares. El historiador Raúl Porras Barrenechea tratando de explicar este fenómeno decía que la participación activa de los uniformados en la política se debió a la debilidad e incapacidad de los partidos de esos años para gobernar eficientemente un país. Razones no le faltaban. Salvo el civilismo que tuvo preponderancia política durante la mitad del siglo XIX e inicios del XX, logrando cumplir un rol clave en la Reconstrucción Nacional después de la Guerra del Pacífico, las pocas reformas (como la Reforma Agraria) que tuvimos fueron promovidas por los militares.

Con el fin de otorgar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales una mayor participación en la vida civil de nuestro país, los miembros del Legislativo consideraron en 1993 darles el derecho al voto.

Es así como nuestra actual Constitución en el artículo 34 les faculta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales a poder elegir y a tener participación ciudadana, claro está, dejando claro que no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro.

Al amparo de esta norma en las últimas elecciones generales y locales, los militares han elegido a quienes ellos han creído las mejores opciones para su localidad o país. En todos esos procesos electorales, no se han suscitado ningún problema. Ellos como cualquier otro civil han ejercido su derecho de votar por uno u otro candidato.

En la mayoría de los países latinoamericanas, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en ejercicio se les otorga el derecho a elegir pero no el de ser elegidos atendiendo, como dice el presidente de la Federación Nacional de Policías (Fenapol), Óscar Pedraza Sierra, al criterio de que la democracia debe incorporar en sus filas al más amplio abanico de sectores de ciudadanos y que, además, tratándose de uniformados, es preferible que voten a que se constituyan como un poder fáctico sobre la democracia.

Cuando en 1993 se discutía la conveniencia o no de otorgarle el derecho a los militares y policías a votar, se hablaba de que se exponía a sus miembros a un voto corporativo a favor del gobernante de turno, o en su defecto a politizarlos con el fin de favorecer a un determinado candidato. Sin embargo, a la luz de los hechos que se han dado en los últimos años, ninguno de esos temores se ha suscitado, salvo la alianza entre las Fuerza Armadas y Alberto Fujimori, manipuladas por el siniestro Montesinos.

Rechazo total

A decir, del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Alberto Beingolea, existe la impresión de que con el derecho al voto que se le otorgó a los militares y policiales, sobre todo a los primeros, los uniformados ahora lo piensan dos veces antes de interrumpir la democracia. Está claro, agrega, que esto obedece también a un sentimiento general antigolpista que recorre en la mayoría de los países de esta parte del continente, pero también a un ejercicio de madurez.

El portavoz de Alianza Por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, refirió que el reconocimiento del derecho al voto de los militares ubica al Perú en la misma línea de otros países de la región donde el derecho a elegir es fundamental en el ámbito de los derechos humanos. “Los militares son parte del Estado, de la sociedad, no son seres extraterrestres y, en consecuencia, tienen derecho a decidir quiénes son sus autoridades distritales, regionales y nacionales. Eso, además, fortalece su civismo y compromiso con el sistema democrático”, puntualizó.

En tanto, el vocero de Concertación Parlamentaria, Carlos Bruce, indicó que el voto militar “fue un avance” por lo que su eliminación sería un retroceso. “No hemos visto parcialización hacia algún candidato desde que fue instaurado. Si lo que se busca es garantizar la imparcialidad de los comicios, entonces que tampoco voten los servidores públicos”, comentó.

Para el exministro del Interior y actual congresista, Octavio Salazar, despojar a los uniformados de ese derecho sería un retroceso, ya que daría la impresión de que la clase civil aún los ve a ellos como ciudadanos de segunda clase cuando realmente no lo son.

Por la madurez cívica y profesional en la que se desenvuelve actualmente las Fuerzas Armadas y Policiales, difícilmente creemos que ese derecho ganado se dé a estas alturas del siglo XXI, aunque ello no signifique estar atentos a cualquier maniobra que busque arrebatarles un derecho ganado.

Sabía:

1.- El Perú ha tenido 79 presidentes, de las cuales la mayoría fueron militares. Entre los golpistas más conocidos están Francisco Morales Bermúdez, Juan Velasco Alvarado, Juan Sánchez Cerro, Oscar R. Benavides y Manuel Odria.

2.- Hasta el 2009, el país contaba con 110 mil militares, entre oficiales, técnicos y subalternos. En las Fuerzas Policiales la suma alcanza a 104 mil efectivos.