Los problemas sociales que afronta el país, sobre todo en Cajamarca con el proyecto Conga, ha concitado el interés de la prensa internacional.
Para la prestigiosa agencia de noticias BBC Mundo, Humala se enfrenta a la más dura prueba en su corto periodo de gobierno, en la que debe equilibrar las necesidades del desarrollo económico con el respeto a los derechos de las comunidades y a los compromisos con la inversión extranjera.
Hace poco más de una semana, Humala trató nuevamente de asegurar al pueblo peruano y a inversores extranjeros que, bajo su liderazgo, las empresas mineras podrían seguir teniendo rentables ganancias sin afectar a las comunidades preocupadas por los impactos de las actividades extractivas.
“La minería no ha cumplido con el rol social de atender a las comunidades y ese abuso ha generado un clima de desconfianza,” dijo el mandatario peruano el 24 de noviembre.
“Ese clima nos polariza y nos divide entre oro o agua. (…) Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez.”
Perú tiene una tradición minera centenaria, y la minería sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Pero eso tiene un coste social y medioambiental.
Protestas heredadas
Cuando Humala tomó la presidencia en julio, heredó unos 200 conflictos de pobladores que rechazan la explotación minera y temen por la contaminación de sus tierras.
Durante la gestión de su antecesor Alan García, las protestas solían resolverse con el envío de militares y la restricción de las libertades civiles, cosa que el nuevo mandatario prometió un cambio radical de ese pasado.
Sin embargo, después de 11 días de una huelga en rechazo a un gigantesco proyecto minero en la región norteña de Cajamarca – la mayor inversión en la historia del país- y violentos enfrentamientos entre policía y comuneros, el presidente siguió los pasos de sus antecesores y declaró el estado de emergencia.
“El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada,” dijo Humala en un breve mensaje a la Nación el domingo por la noche.
Cuestión de confianza
A raíz del estado de emergencia los pobladores cajamarquinos no podrán reunirse o transitar libremente dentro de su jurisdicción por 60 días.
Con un coste de US$ 4.800 millones, el proyecto Conga de extracción de oro y cobre, cuya socia mayoritaria es la empresa minera estadounidense Newmont, prevé secar dos lagunas que serán convertidas en botaderos mientras que la falta del líquido elemento serán reemplazadas con reservas de agua artificiales.
Pese a que ya se hizo y fue aprobado un estudio de impacto ambiental, los manifestantes temen que dicho proyecto llevará a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua utilizadas para la agricultura y la ganadería.
Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, cree que el gobierno debería antes que todo restablecer la confianza entre la población y la empresa minera.
“Es posible tratar de encontrar condiciones en la cuales la actividad minera en una zona como Cajamarca pueda desarrollarse,” dijo del Castillo a la agencia AP.
Transformación necesaria
Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres, no cree que el gobierno haya sido intransigente con el proyecto Conga, sino que el presidente hizo promesas electorales que no son viables.
“Hay videos donde Ollanta Humala candidato apoyaba la defensa del tema ambiental en contra de la minería,” dijo Santillana a BBC Mundo.
“Pero el Ollanta Humala presidente se ha dado cuenta que tiene que ser responsable por la vida de 30 millones de personas”, sostiene el investigador.
“Él quiere hacer una gran transformación. Y para hacer esa transformación, se necesitan recursos fiscales y altas tasas de inversión privada de capital peruano y extranjero en la economía nacional. Entonces, no se puede estar en contra de proyectos mineros como si al Perú le sobrara la plata”, refiere el especialista.
Un tercio de la población peruana aún vive en pobreza, y el presidente ha prometido una redistribución de las ganancias mineras para que beneficien mayormente a los sectores marginados.
Alternativas
Jorge Chávez Granadino, investigador del Foro Nacional Internacional, una ONG que promueve la gobernabilidad democrática, dice que Perú debería apostar a dar un salto adelante como otros países, para no tener que seguir dependiendo tanto de la minería y así evitar los conflictos sociales que esa genera.
“Costa Rica es un país que ha tomado la opción a orientarse a ciertos servicios – ambientales, turísticos y tecnológicos,” manifiesta Chávez Granadino a El País de España.
Según este investigador siempre es posible pensar en esta alternativa, la cual tardaría entre 20 y 30 años en desarrollarse.
Esa misma percepción la tiene la ingeniera Irene Artavia de la Federación Internacional Ambientalista, quien en conversación con BBC Mundo señala que ahora la preocupación del gobierno deberá ser el corto plazo, para ello tiene que ver cómo ordena esa transición.
Chávez Granadino como Artavia y otros, exhortan al diálogo y estiman que si un sector tiene que bajarse de nivel en el corto plazo para sostener el largo plazo, va tener que hacerse.
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