El problema suscitado en Cajamarca con el proyecto Conga, ha puesto nuevamente en el tapete el tema del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
De acuerdo con nuestra legislación vigente, son las empresas interesadas en explotar un yacimiento, ya sea minero o petrolero, las responsables del financiamiento y ejecución del EIA.
Según el MINEM, como parte de la elaboración del EIA la empresa está obligada a convocar a los miembros de la comunidad que van hacer afectadas por el proyecto para explicarles sobre los costos y beneficios de la explotación minera.
Si las cosas son así, por lo menos en el papel, una buena parte de la gente se pregunta por qué los cajamarquinos se oponen al proyecto Conga.
La respuesta a esta pregunta válida lo encontramos probablemente en el modelo equivocado en el que se elaboran los EIA en el país.
Actualmente los EIA no cuentan con la participación de un equipo técnico evaluador donde la comunidad esté presente. Así como tampoco con una norma que fiscalice que el proceso de consulta a los pueblos se respete.
Esta situación, como es lógico, ha traído consigo que la comunidad sienta que no se les garantiza la salud, el desarrollo y la educación de sus miembros.
Según Irene Artavia de la Federación Internacional Ambientalista, esta realidad ha hecho que la población desconfíe, ya que considera que los EIA fueron elaborados de acuerdo con la conveniencia de la empresa. “Este es el círculo vicioso que debe romperse”, sostiene la ingeniera.
Para Artavia, si el gobierno quiere evitarse de mayores conflictos sociales debe otorgar a la comunidad el derecho de dar seguimiento y acompañamiento a las visitas de campo así como darles los mecanismos para estar informada de los procesos que el fiscalizador y equipo técnico de expertos realiza con el EIA.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de octubre se presentaron 154 conflictos de los cuales 124 son socio ambientales.
Los departamentos que presentaron mayor número de conflictos sociales son Áncash con 14 casos, Cusco con 13, Puno con 12, Cajamarca y Ayacucho con 11 casos respectivamente.
Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recordado que la evaluación de impacto ambiental es un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección del ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales. También es avalado por la experiencia acumulada en países desarrollados, que lo han incorporado a su ordenamiento jurídico desde años.
Según este organismo internacional, todo esto debe contribuir al óptimo manejo ambiental, incluyendo la mitigación y compensación por los impactos negativos, y finalmente revertir cualquier descalabro ecológico que se genere por los proyectos evitando que los pasivos ambientales recaigan en las comunidades.
Hay más
No solo la forma como se elaboran los EIA está fallando en nuestro país. De acuerdo con la excongresista Gloria Ramos, también el tema de su evaluación y aprobación está en entredicho.
Según Ramos no es posible que el MINEM aún tenga la función de evaluar si estos estudios están bien o mal elaborados, cuando esa facultad le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente que para ver este tema y otros relacionados con el ecosistema se creó.
Para el ambientalista José Regalado, si hasta la fecha no se ha trasladado esa función al nuevo ministerio, a pesar que esta ya tiene dos años de funcionamiento, es porque existen intereses de parte de varios funcionarios del MINEM para que ello no suceda.
Según Regalado, está comprobado que hay muchos técnicos del MINEM que tienen familiares trabajando en las compañías mineras. Esta situación hace que ellos nunca se opongan a un EIA presentados por estas empresas.
Hace poco el conflicto de competencia existente entre ambos ministerios, trajo consigo que el titular de Medio Ambiente dijera que el EIA del proyecto Conga contaba con una serie falencias. Esta revelación como es obvio hizo que los manifestantes opuestos a esta concesión afirmaran que ellos tenían la razón y que la empresa estaba mintiendo.
Pérdidas millonarias
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cajamarca, por cada día de paralización contra el proyecto Conga, la región pierde 10 millones de dólares.
“Los más perjudicados son las pequeñas y micro empresas, los campesinos ganaderos y la población en general”, subrayó Luis Céspedes, gerente general de dicha institución, a una radio de alcance nacional.
De acuerdo con este ejecutivo, el sector transportes también viene siendo perjudicado con la pérdida de más de 800 mil soles diarios, al igual que el turismo de la zona.
Precisamente el martes 29 de noviembre, Corpac suspendió los vuelos comerciales ante la amenaza de un piquete de manifestantes que llegaron al aeropuerto de esta ciudad con la intención de tomarla.
Esta situación trajo consigo que decenas de turistas, tanto nacionales como extranjeros, se queden varados en Cajamarca.
DATOS:
1.- De acuerdo con el EIA elaborado por la compañía minera Yanacocha, el proyecto Conga contempla secar las lagunas Azul y Chica que serán convertidas en botaderos durante 19 años.
2.- El trasvase de estas dos lagunas hará desaparecer los bofedales, que son colchones acuíferos que las rodean
3.- El EIA señala que la pérdida de estos bofedales serán compensadas mediante el establecimiento de un humedal en el área de emplazamiento.
4.- En Cajamarca existen otras seis concesiones mineras que esperan su licencia social: La Zanja, Tantahuatay, Cerro Corona, Galeno, Michiquillay y Yanacocha.
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