Nuevamente los políticos le ponen la puntería a la prensa. Como sucedió en años anteriores donde se ha querido obstaculizar la función de fiscalización de los medios de comunicación, el Congreso acaba de aprobar la llamada “Ley Mordaza”, con el cual se pretende castigar con pena privativa de la libertad de entre dos a cuatro años de cárcel a quien interfiera, escuche o difunda una comunicación privada “independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar”.
El proyecto presentado por el congresista Javier Bedoya de Vivanco y aprobado por el Parlamento en dos votaciones ha quedado expedito para que el Ejecutivo lo promulgue u observe.
No cabe duda, que este proyecto por más que su autor afirme que no busca amenazar a la prensa sino que pretende respetar el derecho constitucional que toda persona tiene que es el derecho al honor y a la buena reputación a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propia que está consagrado en el artículo segundo de la Constitución (…), se ha convertido en un cortapisa a la libertad de expresión en el Perú.
El Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y el Colegio de Periodistas, instituciones a quienes el autor de la llamada “Ley Mordaza”, no consultó, así lo entienden y han levantado su voz de protesta.
La intención de algunos grupos de poder donde se incluyen los políticos siempre han sido la de obstaculizar la labor de la prensa. Ya en el pasado hubo varios intentos para amordazar a los medios de comunicación. ¿Será que esta vez lograrán sus objetivos?
Para el periodista de IDL - Reporteros Gustavo Gorriti, de haberse aprobado en el pasado una norma de esta naturaleza los Vladivideos y Petroaudios jamás se habrían sabido y sí se hubiera conocido más de un periodista habría desfilado por el Poder Judicial para ser llevado a la cárcel.
Según Gorriti los políticos en general, quieren que todos los medios aplaudan todo lo que ellos hacen, y si a esto le sumamos el miedo que tienen los congresistas a que se investigue los actos de corrupción en la que muchos están involucrados, entonces entendemos de donde viene la cosa.
Esta opinión la comparte el congresista elegido por Ancash Heriberto Benítez, quien fue el único que voto en contra de la aprobación de esta norma. Benítez opina que las leyes autoritarias no limitan el accionar de quienes defienden la libertad de expresión. “Lo que se ha presentando es un manotazo de ahogado que el Legislativo ha hecho eco para tratar de censurar a quienes tienen la obligación de denunciar cuando se presenten actos de corrupción. Ustedes creen que con prohibir la difusión de algún material comprometedor van a salvaguardar los intereses de las personas, están totalmente equivocados, lo que van a lograr es que la corrupción tenga carta libre para hacer lo que se les venga en gana”, sostiene.
Marco jurídico
Uno de los puntos fundamentales de la “Ley Mordaza” es como esta se esta presentando en el Código Penal. Para el asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Roberto Pereira, la manera como el proyecto es redactado afecta la libertad de prensa e información, porque existen muchos casos que no tienen naturaleza delictiva – que son los únicos que la ley exonera – pero si de interés público que no se podrían difundir como por ejemplo, una conversación privada en la que un “funcionario revela su incapacidad absoluta para ejercer el cargo”.
Entre tanto para el periodista Gustavo Gorriti, otro de los aspectos de esta ley es dejar en manos de los jueces la decisión de si se cometió o no un delito, cosa que sería un craso error.
Según Gorriti los periodistas no nos oponemos a que se sanciones a quienes infringen el ordenamiento legal por medio de ilegales escuchas o publican contenidos injuriosos o difamatorios, pero sí creemos que no corresponde a la discrecionalidad del juez, sino a los directores y editores de los medios decir cuándo compete, bajo responsabilidad, privilegiar el interés público sobre el derecho a la privacidad.
En otros países
El interés de los políticos de acallar a la prensa no es exclusivo solo del Perú. En América Latina hay varios países que a pesar de ser democráticos han denunciado a periodistas y gracias a algunas argucias legales han llegado cerrar uno que otro medio de comunicación.
En los últimos años, el gobierno de Rafael Correa de Ecuador se ha constituido en uno de los mayores opositores a la prensa. A principio de año, el mandatario norteño demandó ante el Poder Judicial a los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio, exeditor de la página de opinión, todos ellos del diario El Universo de Quito, todo porque supuestamente los hombres de prensa le habrían difamado en el medio donde trabajaban.
Meses después la justicia enviaría a todos estos periodistas a la cárcel, además de fijarles al pago solidario de 40 millones dólares a favor del presidente Correa.
Otro gobierno que también tiene un enfrentamiento con los medios es el de Argentina, que hace algunos días logró cerrarle un canal de cable al Grupo “El Clarín”.
Si bien las realidades de Ecuador y Argentina son diferentes en el país, lo cierto que si en algo se parecen es que a los políticos no les gusta que lo fiscalicen.
La “Ley Mordaza” ahora está en manos del Ejecutivo. Dependerá del presidente si lo aprueba o lo observa. Si sucede lo segundo que es muy probable que sea tomando en cuenta la actitud que ha tomado Humala respecto a la corrupción, el autor de esta norma ya adelantó que volverá a insistir en su proyecto. Así que estemos atentos a lo que pasa.
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