miércoles, 17 de noviembre de 2010

Relación de las municipalidades con gobierno central es cada vez más tirante


Una vez más el ejecutivo recorta presupuesto a los gobiernos locales. Nuevas autoridades tendrán que trabajar el 2011 con menos plata, por lo que algunas promesas electorales probablemente tendrán que esperar. Esta situación generaría molestias dentro de la población

Mientras por un lado el gobierno central afirma haber transferido en estos cuatro años competencias y recursos a las municipalidades y regiones, las autoridades del interior del país dicen lo contrario. Si bien reconocen que ahora tienen más responsabilidades lo mismo no pueden decir del dinero que es tan necesario para llevar la presencia del estado a los lugares históricamente olvidados.

La evidencia de que en estos cuatro años en materia de transferencia económica no se ha hecho nada a favor de los gobiernos locales lo tenemos en el Presupuesto General de la República. En el 2009 las municipalidades recibieron 15% menos con relación al 2008 y este año según el proyecto de ley presupuestal remitido por el ejecutivo al congreso esta instancia de gobierno volverá a sufrir un nuevo recorte para incrementar los recursos de los ministerios donde se hacen obras y se manejan los programas sociales.

No por algo las carteras de Energía y Minas, Transporte y de la Mujer el 2009 recibieron más plata a pesar que esta última solo ejecutó el año pasado el 70.5% de su presupuesto.

Para el gerente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Pedro Morales Mansilla, lo que el gobierno central está haciendo desde hace años a fin de mantener probablemente los grandes negociados que tiene con las empresas transnacionales, es desprestigiar a las demás instancias de gobierno, principalmente a las municipalidades, y para ello no le ha importado mentir a la opinión pública afirmando que son incompetentes en su capacidad de gasto o que tienen mucha plata refiriéndose al canon. “En ambos casos, la verdad está totalmente alejada de la realidad”.

“La gente debe saber que solo el 5% de las 1,800 municipalidades que hay en todo el país gozan del canon. Asimismo que para aprobar una obra de gran envergadura esta debe pasar primero por el SNIP, lo que obviamente retrasa su aprobación y por ende su ejecución. En cambio, cuando se trata del gobierno central esta instancia si se exonera de estos requisitos, es el caso del tren eléctrico cuyo costo alcanza los 400 millones de dólares”, sostiene Morales.

De acuerdo con el fin que persiguen los procesos de descentralización, el gobierno central y los gobiernos intermedios deben manejar en forma proporcional y equitativa los recursos del estado para de esa manera poder cubrir las distintas las necesidades de los pueblos del interior del país. Sin embargo en el Perú ese precepto no se viene cumpliendo.

Como bien señala Pedro Morales si realmente se quiere llevar la descentralización en serio se debe antes que nada hacer una reforma tributaria que aunada a la aceleración de las matrices de las competencias que le corresponden a las tres instancias de gobierno y a todo lo relacionado con la descentralización fiscal, nos permita conocer a ciencia cierta cuanto es lo que le corresponde a cado uno y no estar como ahora haciendo cálculos que no tienen mucho sustento técnico y que obviamente no cumplen con el ideal que persigue la descentralización.

A las autoridades edilicias no les queda más que trabajar con lo que les tocará el 2011, a la espera que con el nuevo presidente que se tendrá a partir del 28 de julio del próximo año si se pueda alcanzar el presupuesto que por derecho les corresponden. Mientras tanto, es muy probable que muchas promesas electorales tengan que posponerse hasta el 2012.

Al congreso

Pedro Morales quien hace poco postuló a la alcaldía de Huancayo perdiendo por solo 2 votos, señaló que si su partido y la militancia de su región así lo quieren él está dispuesto a postular al Congreso, donde ya fue por dos veces parlamentario.

Dijo que de llegar Congreso trabajará para hacer realidad una serie de normas que el país requiere, como es el caso de la modificatoria de la ley del consumidor que a su juicio no protege en su totalidad al usuario

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