La corrupción como lacra social

No cabe duda que la corrupción no descansa. En los últimos dos años esta parece haberse incrementado. Mientras para la Contraloría más de 10 mil funcionarios públicos se habrían beneficiado de las arcas del Estado, para algunos entendidos este número sería mucho más, sobre todo porque las OCI a lo largo de todo este tiempo han estado-en su mayoría-reteniendo una serie de denuncias

Las recientes declaraciones del contralor Fuad Khoury de que durante los últimos dos años 10, 659 funcionarios, tanto del gobierno central, regional como municipal, habrían incurrido en actos de corrupción solo habría sido la punta del iceberg de una grave enfermedad que nos viene aquejando desde tiempos inmemoriales.

Según el director ejecutivo de la Organización Valores contra la Corrupción, Lic. Enrique Arias Haro, la cantidad real de servidores y funcionarios que habrían cometido actos delictivos sería mucho mayor. A su juicio, esta alcanzaría unas 50,000 mil personas.

“Si a la fecha solo esta pequeña cifra está siendo procesada es por culpa de las Oficinas de Control Interno (OCI), quienes en su mayoría no vienen cumpliendo con los plazos determinados para evacuar los cientos de miles de denuncias que reciben de tal o cual funcionario”, sostiene Arias.

En el Perú las OCI hasta hace poco dependían presupuestalmente de las dependencias donde funcionaban. A fines del anterior gobierno, el Congreso dio una ley a través del cual estas debían ser transferidas a la Contraloría General de la República. Ese proceso aún no culmina, mientras tanto cientos de actos de corrupción siguen quedando impunes.

En la vida diaria

Esta lacra que se ha enquistado fuertemente en el país, no solo se da a nivel de entidades gubernamentales. También lo podemos observar en la vida diaria. Por ejemplo, cuando abordamos cualquier transporte, vamos al mercado o cuando realizamos algunos trámites oficiales.

Estos hechos pueden suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos (venta de calificaciones), entre padres y maestros (compra de notas aprobatorias para sus hijos) entre directores y padres de familia (venta del derecho de ingreso a una escuela), entre directores y profesores (venta de plazas), entre autoridades de las escuelas (compra de permisos), etc. Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo.

Según Pro Ética, el mayor número de actos de corrupción que se registra en el país se da precisamente en las instituciones públicas donde los órganos de control son ineficientes o complacientes, principalmente las localizadas en el interior del país. En estos casos, en las UGELES, en los centros y postas de salud y en los gobiernos locales, sobre todo en las distritales.

Lo peor que genera la corrupción, es que su lucha hace que se pierdan recursos que bien pudiera gastarse en los servicios públicos que proporciona el gobierno, tales como transporte público, electricidad, agua potable, etc.

La corrupción, entonces, provoca que haya fallas en el suministro de agua, baja calidad de los servicios médicos, baja calidad de los servicios educativos, fallas en la infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes eléctricos.

Además, puede terminar poniendo en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de los servicios médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, pueden costarle la vida a un ciudadano durante un temblor. La malas carreteras pueden ser muy peligrosas para los conductores de camiones y sus pasajeros.

De acuerdo con algunos estudiosos, en el Perú por culpa de la corrupción se pierde aproximadamente unos 22 billones de soles.

La salida

Muchas son las propuestas que se han dicho en los últimos tiempos para poder controlar y desterrar la corrupción. A pesar de las buenas intenciones que han tenido algunas autoridades, poco es lo que se ha avanzado, básicamente porque las instituciones que tienen que luchar contra esta lacra lo han estado haciendo descoordinadamente y poco profesional.

Para el exprocurador anticorrupción, Ronald Gamarra, si se quiere afrontar con éxito este problema se debe articular a todas las instituciones del Estado bajo un mismo objetivo: que es la de detectar y desterrar esta lacra. Para ello, dice, se requerirá de gente que no solo esté preparado técnicamente sino que sea sobre todo honesto. “De que nos sirve que tenga maestría o doctorado, si es un ladrón de saco y corbata”, sostiene Gamarra.

Por su parte, el Lic. Enrique Arias considera que es necesario reestructurar la Contraloría General de la República para hacerla más eficiente y menos burocrática.

A su juicio, el Congreso de la República debe priorizar esos cambios y buscar una partida para lograr que esta institución sea auditada, ya que no es posible, dice, que la Contraloría sea el único organismo del Estado donde no se pueda revisar sus cuentas ni tampoco el trabajo de sus funcionarios, muchos de los cuales han sido cuestionados por varias instituciones. “No es posible que amparándose en una autonomía esta institución se sienta un ente intocable. En el Perú, nadie tiene corona”, subraya Arias.

Sabía:

De los 10,659 funcionarios de los tres estamentos de gobierno implicados en actos de corrupción en los últimos dos años, 8,212 tienen responsabilidad administrativa, 1.903 fueron denunciados penalmente y 554 fueron demandados por la vía civil.