Legalmente, cada una de las 25 regiones de Perú debe contar con un plan de igualdad de oportunidades para la mujer. Pero en el último año, solo 10 de ellas destinaron recursos a superar las brechas de género y otras 10 ni siquiera elaboraron aún el obligatorio programa
El dato proviene del Cuarto Informe de la Defensoría del Pueblo, que revela que apenas 15 departamentos cuentan con un plan a favor de la igualdad de género y de ellos cinco no contemplan presupuestos para implementarlo. Entre los que carecen de planes de igualdad o recursos están los que presentan mayores índices de analfabetismo y violencia machista.
“Hay muchas mujeres que sufren la violencia en casa pero tienen miedo de denunciar por miedo a sus maridos y porque aún hay mucha gente que no acepta que las mujeres tienen derechos”, reseña Elsa Mamani, durante un viaje por la región de Cusco.
Mamani es una de las lideresas de la Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco, con medio millar de integrantes que decidieron dejar de lamentarse y actuar contra la violencia sexual y familiar.
Pero no todas las peruanas han seguido el mismo camino, son muchas las que continúan engrosando la lista de olvidados por el Estado, pese a que desde 2007 está vigente la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que obliga entre otras cosas a que cada región establezca y ejecute un plan para acortar la brecha de géneros.
Las regiones de Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Ancash, Cusco y Puno presentan los más altos índices de analfabetismo general y de mujeres que no saben leer ni escribir.
Y, justamente, estas se ubican entre los departamentos que aún no han elaborado planes regionales de igualdad de oportunidades o no han tomado medidas para destinar recursos que hagan realidad estos proyectos, que según la ley de oportunidades deben tener 13 lineamientos comunes y transversales a los programas de desarrollo regionales.
En su seguimiento anual de la gestión de los gobiernos regionales, la Defensoría reconoce un avance en la institución de normas y dispositivos a favor de las mujeres, pero no en otorgar recursos para disminuir las desigualdades de género.
Las cifras oficiales sitúan entre los mayores problemas de las peruanas a la mortalidad materna, la violencia sexista, el analfabetismo y el acceso al trabajo remunerado.
Apurímac es uno de esos casos preocupantes, porque presenta la tasa más alta de violencia contra la mujer y de analfabetismo de Perú. En esta región, 54,5 por ciento de las mujeres son maltratadas físicamente por sus parejas, según las Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009.
Allí el gobierno regional elaboró en 2010 su plan de igualdad de oportunidades, pero no destinó recursos para prevención y sanción de la violencia contra la mujer.
“Hay un problema en el gasto, no se está implementando la ley considerando la ejecución presupuestal que es lo que permitirá hacer cosas sustanciales para reducir las brechas”, manifiesta Eugenia Fernán-Zegarra, responsable de la oficina de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Apenas cuatro de los 25 gobiernos regionales han invertido para erradicar este tipo de violencia.
Para la defensora adjunta, otro aspecto que preocupa es que en el derecho al acceso a la educación, las mujeres siguen postergadas en comparación con los hombres.
En Apurímac, 32,2 por ciento de analfabetos son mujeres y 10,7 hombres, según el censo de 2007. Le sigue Huancavelica, la región con más pobreza de Perú, donde 30 por ciento de las mujeres no sabe leer ni escribir frente a 9,7 por ciento de hombres.
La brecha entre hombres y mujeres se mantiene en departamentos que como la de Huánuco tienen una tasa de analfabetismo más baja: 16,6 por ciento. A pesar de estas cifras, las mujeres iletradas suman 23,8 por ciento del total, frente a 9,5 por ciento de los hombres.
“Los promedios regionales ocultan estas preocupantes diferencias”, explica la defensora de la mujer.
El informe de la Defensoría advierte que sólo 10 gobiernos regionales asignaron en 2010 recursos para promover la matrícula y continuidad de los estudios de niños, niñas y adolescentes.
El reporte revela una conexión perniciosa entre un alto índice de analfabetismo femenino y una baja participación de las mujeres en las economías regionales, según el último censo nacional, de 2007.
Los casos de Huánuco, Apurímac, Huancavelica y la de Áncash son elocuentes. En esas regiones no más de 26 por ciento de las mujeres tiene acceso al trabajo remunerado, mientras en el caso de los hombres es de 73 por ciento.
Pese a esa realidad, solo un departamento de San Martín, destinó recursos el último año para acortar la brecha de género en el acceso al trabajo.
Además, la forma en que se garantiza el derecho al trabajo de las mujeres es fundamental, precisa Gladys Campos, dirigente de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú y extrabajadora de la empresa Sociedad Agrícola Virú, productora de espárragos en el norte del país.
“No solo se trata de trabajar sino que se reconozca nuestro esfuerzo de manera justa”, refiere Campos, tras contar que sus jornadas laborales duraban 17 horas diarias por apenas 214 dólares mensuales.
La mortalidad materna es otro problema grave. Cifras oficiales de 2009 indican que en Perú mueren 103 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, frente a la tasa promedio latinoamericana de 85 muertes vinculadas al parto por cada 100.000 nacidos vivos.
“Es una tasa muy alta, somos el último país de la región en enfrentar el problema después de Bolivia. Ese número es inaceptable porque estas muertes se pueden prevenir con la atención oportuna de la madre gestante y la atención del parto”, señala Fernán-Zegarra.
Para la funcionaria, Perú está lejos de cumplir con el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece que para 2015 el país debe reducir la mortalidad materna a una tasa de 75 decesos por 100.000 nacidos vivos.
“La ley de igualdad de oportunidades busca erradicar todo tipo de discriminación por género como la que se vive en Perú y que se fomenten mejores oportunidades de vida para la mujer”, insiste.
El Ministerio de Economía y Finanzas ordena que se evalúe el presupuesto con enfoque de género, pero no exige que se haga lo mismo al ejecutarlo, algo que debe corregirse según la defensora adjunta.
En su informe, la Defensoría señala que algunas regiones piden que ese ministerio brinde facilidades para aprobar este tipo de proyectos de desarrollo humano. Un representante de la región norteña de Tumbes reconoció, por ejemplo, que se está más familiarizado con “proyectos de cemento y fierro y no con los dirigidos a cambiar actitudes”.
La Defensoría también considera que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo debe dar más apoyo técnico a estos gobiernos regionales. “Hay una debilidad muy grande en el manejo del presupuesto y hay que apostar porque se priorice el gasto en reducir estas brechas”, sostiene Fernán-Zegarra.
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