La ola de violencia que viene afectando al país no solo debe motivarnos a mejorar nuestra política de seguridad interna. Sino también a preguntarnos qué está pasando en la sociedad.
De acuerdo con la Policía Nacional, la mayoría de los delincuentes en el Perú son personas que empezaron a transitar por el mundo delictivo cuando apenas tenían 12 o 14 años. Es decir, siendo adolescentes.
Muchos de estos delincuentes juveniles antes de convertirse en avezados y temidos hampones estuvieron en un centro juvenil de rehabilitación. Es el caso de Juver Vargas, presunto agresor de la pequeña Ariana Reggiardo, y del “Cholo Jacinto”, quienes pasaron un tiempo en el famoso “Maranguita”.
Si bien el objetivo de los centros juveniles o correccionales como también se les conoce, es la de reeducar a los infractores para reinsertarlos a la sociedad, en el Perú parece que este propósito no se viene cumpliendo a cabalidad.
El último estudio sobre el tránsito entre los centros juveniles de rehabilitación y las prisiones peruanas realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) así lo confirma. Según esta institución, el 18% de los internos de los penales de Lurigancho y Sarita Colonia estuvieron alguna vez en un centro juvenil.
Federico Tong, asesor de la representación de la UNODC en el Perú, sostiene que esa realidad es consecuencia de las medidas facilistas que toman los jueces y fiscales para resolver el problema de la delincuencia juvenil.”Para nadie es un secreto que la mayoría de los adolescentes que han sido privados de su libertad en un centro de rehabilitación, terminan aprendiendo conductas delictivas mayores”.
De acuerdo con el estudio de UNODC, el 10% de los adolescentes son internados por hurto, que es una infracción. Para Tong, este 10% podría pasar por el proceso de la remisión, que no es otra cosa que una estrategia con la cual se evita que un delincuente juvenil ingrese al sistema judicial y penal.
El estudio del organismo internacional también concluyó que las infracciones y delitos contra la libertad sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud están dentro de los principales motivos de internamiento.
Según el asesor de UNODC, sino no queremos tener en las calles más delincuentes como el “Cholo Jacinto” los tres niveles de gobierno, llámese central, regional o municipal, deben trabajar en políticas preventivos – promocionales que estén dedicados a motivar a los jóvenes a practicar el deporte, arte y la cultura. Asimismo el Poder Judicial debe aplicar penas restaurativas que haga que el infractor pague su falta, ya sea con dinero o realizando algún trabajo a favor del afectado.
Cabe señalar que según la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente: “Ningún niño será privado de su libertad, salvo como medida de último recurso. La detención se llevará a cabo solamente durante el período más breve que proceda y, se impondrá únicamente si no hay ninguna otra medida alternativa que pueda contribuir a la reintegración y rehabilitación del niño”.
El Estado como responsable
Tulio Bermeo, Fiscal de Familia de Huánuco, sostiene que la falta de una política pública integral por parte del Estado para abordar el problema de la delincuencia juvenil ha hecho que esta se ahonda.
Una mirada rápida al presupuesto que elaboran los gobiernos regionales y locales incluido el nacional así lo demuestra. La mayoría de los recursos de estas instituciones públicas está centrada en la construcción de obras. “No cabe duda que la persona como fin supremo está en un segundo nivel para muchas autoridades”, refiere Bermeo.
A juicio del fiscal, la solución de este problema no pasa solo por construir más centros de reclusión sino que las medidas reeducativas que se tomen tengan un seguimiento adecuado para que estas se cumplan. “Para ello requerimos un personal bien capacitado y remunerado así como un presupuesto adecuado para lograr los objetivos. De lo contrario, cualquier propuesta que se tome no tendrá los resultados positivos que se esperan”, sostiene Bermeo.
SEPA:
1.- El Perú solo cuenta con nueve centros de rehabilitación juvenil. De ese número ocho corresponden al régimen cerrado y solo uno al abierto. La mayoría de estos establecimientos están en el interior del país.
2.- Según UNODC, 79% de los presos que pasaron por el Sistema Penal Juvenil cumplieron una medida socioeducativa en medio cerrado, es decir 1724 presos (73%) y solo 490 en medio abierto).
3.- Cuatro de cada 10 reclusos en establecimientos del INPE tienen entre 18 y 29 años
4.- Seis de cada 10 adolescentes infractores tienen entre 16 y 17 años.
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