Luego de los lamentables sucesos de Bagua, el anterior Congreso de la República aprobó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, norma que quedó trunca cuando el entonces presidente Alan García observó la ley que hasta hoy no logra ser definida y aprobada nuevamente por el Parlamento.
En este marco y ante la falta de mecanismos claros que permitan el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, desde hace dos años en el país los diversos enfrentamientos en torno a la actividad extractiva de los recursos naturales se han triplicado. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la administración García terminó su gobierno dejando 214 conflictos sociales, siendo la mayoría de ellas de carácter socioambiental.
Con la llegada del gobierno de Ollanta Humala, la necesidad de aprobar la Ley de Consulta a los Pueblos Andinos nuevamente se ha puesto en debate en la agenda política nacional. Mientras la mayoría está de acuerdo que se apruebe para evitar más conflictos sociales que por lo general dejan una serie de pérdidas humanas y materiales al país, otros en cambio-como los apristas- dicen que ello es contraproducente ya que ahuyentará la inversión privada. Ante la discrepancia, ¿cuál es la verdad del asunto?
Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, el fundamento de la consulta se encuentra en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. De ahí, que sea necesario su aprobación, no solo para que esos pueblos se beneficien, sino también el país. De lo contrario, afirma esta institución, pasará lo mismo que sucedió con el Gas de Camisea en el Cusco que tuvo que esperar más de 80 años para su explotación.
Para la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas, el Estado peruano más allá de los beneficios económicos que pudiera obtener, tiene la obligación de cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, dice, uno de los ejes transversales de la gestión del nuevo gobierno debe ser la institucionalización del diálogo y la concertación entre el Estado y los pueblos indígenas en el marco de una política de reconciliación que ayude a que todos ganen.
De acuerdo con la funcionaria de esta institución, el derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas se ha tornado en una tarea imprescindible para avanzar en este objetivo. “De ahí que ahora corresponda a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Cultura impulsar una política nacional orientada a que los diversos sectores y niveles de gobierno institucionalicen el diálogo como herramienta para garantizar el bien común y el respeto de los derechos individuales y colectivos de los referidos pueblos”, refiere Abanto.
En tal sentido, sostiene, una medida absolutamente necesaria es que el Congreso de la República apruebe una Ley del Derecho a la Consulta, en el marco de dicho convenio, tomando en consideración los importantes consensos obtenidos mediante la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010. A la vez, dice que el Ministerio de Energía y Minas debe contar con una nueva reglamentación del derecho a la consulta, acorde con lo establecido con las normas internacionales sobre esta materia, las sentencias del Tribunal Constitucional y la nueva Ley de Consulta.
Por su parte, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, señala la obligación que tiene el Estado para con los pueblos indígenas a quienes como a cualquier otro peruano debe proteger. “Si queremos reducir el riesgo de la inversión pública y privada, y dotar de gobernabilidad al país se requiere consultar a las comunidades originarias”, sostiene el especialista.
Gamboa destaca la importancia de esta ley como un nuevo elemento de la democracia participativa, ya que según él las empresas extractivas hacen su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencias de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto.
María Clara Gálvez, de Due Process ok Law Foundation (DPLF), a sus vez sostiene que en el Perú aún se debe ajustar el marco normativo para este tipo de consulta, aunque reconoce que es importante que se utilice este mecanismo desde un inicio para evitar conflictos que no solo afecten la imagen del país sino también el intereses de la empresa para invertir en la zona.
Entre tanto el congresista de Alianza para el Gran Cambio, Yehude Simon, sostiene que el tema de la consulta previa tiene que ser profundamente meditada, a fin de que exista un consenso y una serie de posibilidades en donde las comunidades pueden ser socias de las empresas o en su defecto el Estado modifique la constitución para que la propiedad de los suelos sean de las comunidades o de los dueños de las tierras. Solo así, dice, el gobierno se evitará de hechos de corrupción y conflictos sociales.
No es tan simple
Para el expresidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta, el tema de la consulta previa en el país no es tan fácil como se le quiere hacer ver. Según el exparlamentario, no hay forma de cómo podamos definir que este pueblo es originario o no. “Mientras tengamos este tipo de dudas, siempre habrá el riesgo de darle un mecanismo legal a quien no le corresponde que, en el peor de los casos, puede utilizarlo políticamente”, dice Huerta.
Al igual que el exparlamentario aprista, el legislador Javier Velásquez Quesquén señala que hay que tener mucho cuidado con esta ley, ya que al ser vinculante afectaría de sobremanera las inversiones privadas en el país, lo que perjudicaría al crecimiento económico que se espera.
Según el también congresista aprista, es necesario que el Estado se constituya en un mediador del problema para satisfacer a todas las partes.
Mientras los políticos y estudiosos del tema se ponen de acuerdo de que tan necesaria es esta norma para mejorar la relación que debe existir entre el Estado y las comunidades nativas, y a su vez asegurar el progreso de todos los peruanos, la consulta debe ser vista como una oportunidad de mejorar el acceso a la información por parte de las comunidades, para así fortalecer sus capacidades negociadoras y mejorar los estándares de seguridad jurídica respecto de sus tierras y su derecho a la participación en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales. De esta manera, como manifiesta la Defensoría, podremos generar negociaciones más equitativas, eficientes y sostenibles en el tiempo, las cuales brindarán un clima estable y propicio para el desarrollo del país.
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