El bochornoso espectáculo que dio Antauro Humala, hermano del actual presidente, en el penal de Piedras Gordas, quien concedió una amplia entrevista a un medio local para despotricar de Mario Vargas Llosa y su hijo; y por otro, la salida del exbroadcaster de la televisión José Francisco Crousillat recluido en el penal San Jorge, sin grilletes, con un solo policía y en un taxi para ir a su chequeo médico particular, confirman una vez más que nuestro sistema penitenciario ha tocado fondo.
La evidente falta de control de estas dos cárceles, es solo una pequeña muestra de lo que se vive en varios establecimientos de nuestro país, principalmente en aquellos donde la policía tiene el control de la seguridad, donde el ingreso de drogas, materiales peligrosos y celulares al interior de los cárceles, además del funcionamiento de mafias organizadas dentro de los pabellones que incluso llegan a presionar a los directores de las instituciones amenazándolos con incitar revueltas, se ha hecho algo común.
Para el doctor Alejandro Solís, abogado penalista y catedrático de la universidad La Católica, el problema de nuestro sistema penitenciario radica principalmente en el hacinamiento que ha traído consigo que los delincuentes comunes estén mezclados con los reos de alta peligrosidad.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, de los 49, 583 internos que hay en el país, el 75% son reos primarios (presos por delitos menores), y el resto, o sea el 25%, corresponde a los de alta peligrosidad o reincidentes (presos por robo agravado, secuestro, asesinos de primer grado, etc.).
La convivencia entre estos dos tipos de delincuentes genera que las posibilidades de reinserción se reduzcan a niveles ínfimos, muestra de ello es el gran nivel de reincidencia que evidencian los partes de ingresos a las cárceles.
Para el actual Jefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe, el problema ha estado en la falta de aplicación de las normas penitenciarias. Un ejemplo de ello, dice, es cuando un interno es desaprobado dos veces en las evaluaciones legales y psicológicas que practica el INPE, este debe pasar de un régimen cerrado ordinario a uno cerrado especial. “Precisamente eso no ha estado ocurriendo, ya sea por la dejadez o quien sabe por actos de corrupción de algunas malas autoridades de la institución”, sostiene Pérez.
Esta situación, de acuerdo a una fuente del INPE, ha traído consigo que en los penales estén mezclados aquellos que si quieren trabajar o estudiar para reducir su pena, y por otro lado, los que no tienen nada que perder, que son los que precisamente generan disturbios cuando alguna autoridad pretende aplicar las normas penitenciarias.
Cabe señalar, que los penales que más problemas tienen son los que precisamente están bajo la administración policial. Uno de ellos es Lurigancho.
Actualmente hay 86 establecimientos penales en el país. De los cuales 20 están en manos de la policía y 66 bajo la seguridad del INPE
Por su parte el legislador Alberto Beingolea, presidente de La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sostiene que el gobierno no termina de clarificar el panorama en materia penitenciaria en aras de encontrar una solución a este problema que ya data de hace 20 o 30 años, ya que a su juicio los mensajes del Presidente Humala son ambiguos, y sus acciones con el nombramiento de sus ministros y funcionarios dan más dudas que certezas.
Mejor presupuesto
Ante la actual crisis penitenciaria, el jefe del INPE José Luis Pérez esboza algunas propuestas. Una de ellas es la de mejorar el presupuesto que se les asigna, y que actualmente llega a 349, 195,923 nuevos soles. “Con esos recursos no solo se podrá construir más cárceles, sino también mejorar la logística, que en el caso del Penal de Piedras Gordas es preocupante, ya que de acuerdo con la última inspección que se hizo a ese establecimiento se comprobó que de las 140 cámaras que hace diez años vigilaban a los reclusos, hoy solo funcionan 80”, revela Pérez.
De acuerdo con fuentes confiables de esta institución, en Piedras Gordas no solo hay cámaras de seguridad que no funcionan, sino también se ha verificado que el detector de metales ubicado en la puerta de ingreso al penal está malogrado, y que los bloqueadores de señal de un pabellón están inoperativos.
Esta situación como es obvio, de acuerdo con nuestro contacto, es muy peligroso ya que los delincuentes podrían estar usando esos espacios para planificar sus fechorías desde el propio penal.
Como es de conocimiento público, varios de los últimos atracos que remecieron la ciudad capital, fueron dirigidos desde el interior de los penales.
Otra de sus propuestas del actual director del INPE, es fortalecer la prevención social primaria, sin embargo este proyecto es de larga data y necesitaría el apoyo de otras áreas del Estado.
Una de los graves problemas que afronta esta institución es su alto grado de inestabilidad. En los cinco años, por ejemplo, hubieron hasta siete presidentes del INPE.
José Luís Pérez reconoce que bajo esas condiciones es imposible hacer una gestión exitosa, ya que si bien la política es una, cada director aplica la misma de acuerdo con su criterio. “Esto ha hecho que la situación carcelaria del país se empeore”.
Prisiones privadas
Durante la gestión de la exministra de Justicia, Rosario Fernández se promovió un proyecto piloto de privatización de cárceles y que continuó con el también exministro de la misma cartera Aurelio Pastor.
De acuerdo con el proyecto del anterior gobierno, la empresa privada que gane la bueno pro debe diseñar, financiar, construir y operar la primera cárcel tercerizada del Perú en Huaral, que se llamará Aucayama II y que tendrá capacidad para 1,500 internos. El consorcio ganador tendría la concesión por espacio de 25 años.
Para que la empresa ganadora tenga rentabilidad, el proyecto contempla que por lo menos el 60% de la población del penal trabaje en una factoría al interior del penal, con lo cual podrán solventar su manutención, además le brindará al interno la posibilidad de acceder a una retribución económica por su trabajo, tal como se hace en Inglaterra.
El proyecto de las presiones privadas no es nuevo en el mundo. En los EEUU, aproximadamente 10 millones de personas entran y salen de las cárceles cada año, y se aprovecha la mano de obra barata de los presos para la fabricación de la industria del calzado, ropa, gafas, entre otros. En este país las cárceles son un negocio muy rentable.
Uno de los legisladores que se ha manifestado de acuerdo con esta propuesta es el congresista de (AP) Fernando Andrade Carmona, quien sostiene que la inversión privada favorece la reducción del gasto del erario nacional.
La propuesta de tercerizar las cárceles en el país, sin embargo también tiene sus críticos. Uno de ellos es Leonardo Caparrós, exviceministro de Justicia. Para él este plan no va aligerar en mucho los problemas de hacinamiento y reincidencia, pues albergará a reos de baja peligrosidad, es decir, los de fácil readaptación.
Para el especialista en Seguridad Ciudadana Cesar Ortiz, lo primero que se debe hacer para generar el cambio es la presentación de medidas de emergencia al gabinete en pleno, para que un plazo de 30 días pueda implementar una serie de medidas conducentes a solucionar este problema.
Una de ellas, dice, Ortiz es la reclasificación de todos los internos del país, para de esta manera separar a los reos de menos peligrosidad con los reincidentes.
Otro aspecto a tomar en cuenta, de acuerdo con el especialista, es que se haga una revisión integral de las políticas, programas y normas legales que generan problemas en el sistema penitenciario, que a su juicio, tienen su origen afuera.
Mientras los expertos y políticos siguen buscando formulas para acabar con los problemas existentes en las cárceles del país, casos como del exbroadcaster de la televisión José Francisco Crousillat que salían del penal para hacerse un chequeo médico particular, seguirán siendo pan de cada día.
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