En el 2007, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio sobre la situación de los adolescentes infractores de la ley penal privados de la libertad. De acuerdo con ese trabajo, el 85% de los adolescentes vive en circunstancias personales, sociales y económicas difíciles; proceden de sectores de la población que padecen extrema pobreza. Asimismo, padecen de graves deficiencias en el plano educativo y tienen una baja o nula instrucción formal, siendo los índices de retraso y deserción escolar muy significativos.
El 62% procede de familias incompletas y desestructuradas, donde el gran ausente es el padre. Expresan una marcada desintegración familiar, la cual no es capaz de garantizar mecanismos de control.
El estudio también arrojó que muchos de ellos consumen drogas (terokal, marihuana y PBC) y tienen un manejo inadecuado de la sexualidad que los lleva a ser padres a corta edad. Asimismo que carecen de documentos personales que afectan el ejercicio de sus derechos (partida de nacimiento, boleta del militar, etc.). Además, tienen dificultades para reconocer y respetar derechos y normas sociales establecidas, y carecen de habilidades básicas para controlar impulsos y conductas violentas y depresivas.
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