jueves, 2 de febrero de 2012

Una tragedia que se pudo evitar

El incendio que le costó la vida a 28 internos del centro de rehabilitación `Cristo es Amor` nos hace reflexionar sobre el hacinamiento en que viven alrededor de 100 mil peruanos adictos a las drogas en los 222 centros entre legales y clandestinos. Esto a falta de una política de salud agresiva y leyes obsoletas que brinden alguna salida al problema. ¿Qué más tiene que pasar para esto no se vuelva a repetir?


Sin duda la tragedia ocurrida en el centro de rehabilitación “Cristo es Amor” en Sn Juan de Lurigancho, fue una muerte más que anunciada, debido a las precarias condiciones en la pasaban sus días los 50 internos que trataban de superar sus problemas adictivos. Pero este problema no es de ahora, en ese mismo lugar hace dos años ya habían ocurrido dos amagos de incendio que no llegaron a mayores. Pasaron los años y a pesar de las denuncias de los vecinos que pedían que se clausurara este centro debido a la forma precaria en la funcionaba este centro se convertiría en una verdadera trampa mortal. A esto le sumamos las nulas políticas del Estado con respecto a la salud mental de la población que según el último censo dio como resultado que en nuestro país alrededor del 30% de la población alguna vez un problema de drogas, existiendo alrededor de cien mil peruanos adictos a algún tipo de drogas – y tan solo 222 centros en todo el pais, siendo 127 de ellos en Lima Metropolitana (57%) Es que a pesar de estos datos y los intentos por solucionar el problema como leyes como la 29765 del julio del 2011 en la que tanto el Estado como los gobiernos locales tenían la responsabilidad compartida de regular las actividades de las comunidades terapéuticas con el afán de fiscalizar el funcionamiento de las mismas, estos jamás dieron resultados – debido a que dicha norma nunca entro en vigencia debido a que carece de un reglamento que le de legitimidad y por ende el control de estos locales quedó prácticamente en el olvido.

Buscando responsables

Existen muchas hipótesis sobre quién o quienes son los responsables de este incidente. Empecemos por el Decreto Supremo 013/2006 del Ministerio de Salud, en la que se señala expresamente que son los consejos distritales son los que deben regular los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo por lo que deben velar por que las condiciones de salubridad sean la óptimas, si bien es cierto este centro terapéutico fue clausurado dos veces, pero hasta el momento ningunas de las instituciones antes mencionadas han asumido su responsabilidad en el suceso. Entonces nos hacemos una pregunta ¿Por qué si este centro estaba tan cerca del municipio de San Juan de Lurigancho este seguía funcionado con toda normalidad?. ¿por qué permitieron que siguiera funcionado a pesar de que este evidenciaba un peligro para los internos?.

Para la gerente municipal de dicho distrito, Ninfa Calle Hernández, el municipio no tiene ninguna responsabilidad en el siniestro debido a que a la norma publicada el 23 de julio del 2011 se especifica que el Ministerio de Salud es el ente encargado de generar los permisos de funcionamiento – además de supervisar los servicios que ofrecen a los internos de todos los centros de rehabilitación que funcionan bajo la modalidad de comunidades terapéuticas terapéuticos en todo el país.

La funcionaria insistió en afirmar que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho solo puede dar licencias de funcionamiento a estos locales siempre y cuando tengan la resolución del Minsa.

Sin embargo otra versión es la que maneja la otra parte. Uno de ellos es César Vilca, administrador del Centro Terapéutico “Mi buen pastor” del mismo distrito, quién acusa tanto a la comuna como al propio ministerio de haberles negado el permiso respectivo a pesar de que contaba con las autorización de Defensa Civil.

“Nos han tenido meses meciéndonos, en el Minsa nos decían que esa función le correspondía al municipio y viceversa. Al final de tanto insistir nos dijeron que la ley dado por el Congreso no estaba reglamentado y por ende no podrían darnos ninguna autorización. Esto nos obliga a que pasemos a la informalidad – cosa que es injusta” acotó.

En respuesta a lo afirmado. El Ministerio de Salud, salió al frente de las acusaciones deslindando de alguna acusación al señalar que la norma estipula que la autoridad edil es la única responsable de los sucedido – afirmando que el municipio jamás dio cuenta al Minsa de la existencia de ese centro de rehabilitación en el distrito durante las inspecciones realizadas en el 2011 y en lo que va del año. Y con respecto a las falencias en la ley en la se imposibilita a ellos de ejercer algún tipo de fiscalización sobre los centros de rehabilitación. El Minsa negó que exista algún tipo de ineficiencia con respecto a la entrega de licencias de funcionamiento – por lo que les resulta extraño que los dueños de estos centros salgan a hacer algún tipo de reclamos sin fundamento alguno.

Entre tanto con respecto a las declaraciones de funcionario de la municipalidad de SJL. El Ministerio de Salud indicó que los gobiernos locales están con la plena autoridad de clausurar estos establecimientos informales pidiendo apoyo a la Policía y la Fiscalía en caso de reincidencia, quedando demostrado que el único responsable del incendio es la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Con respecto a este incidente donde perdieron la vida hasta el momento 28 personas. La Defensoría del Pueblo, a través de su la Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad, Malena Pineda, indicó que en todo el país solo existen 30 Centros de Rehabilitación para pacientes que cumplen con los estándares de atención dispuestos por el Ministerio de Salud, por lo que se hacen insuficientes para atender a los más de 100 mil internos en todo el país que pasan por este trance, siendo la única salida ante la gran demanda la creación de centros clandestinos al margen de la ley que ponían en peligro la vida de los internos.

La funcionaria afirmó que lo ocurrido en `Cristo es Amor´ no debe volver a ocurrir – es por eso que insta al Estado a poner énfasis en un mejor manejo de la salud mental en el país – dado que el descuido en este sector es que es el detonante del problema, a pesar del anuncio del ministro de Salud, Alberto Tejada, quién anunció el incremento del presupuesto para salud mental de 70 a 100 millones de soles anuales.


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