Iván Lanegra, adjunto para el
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del
Pueblo, realiza un balance
sobre la implementación de la consulta
previa en el país. Aquí sus
palabras.
- Se han concluido ocho procesos de consulta previa. ¿Cuál es el balance
que se realiza desde la Defensoría del Pueblo?
- Una primera cuestión es respecto de los actores
involucrados en los procesos: salvo en las consultas nacionales, las demás
consultas vinculadas a proyectos o con decisiones ligadas al territorio se han
llevado a cabo en la Amazonía, y se ha dejado de lado todo el ámbito andino.
Eso además está ligado a que todavía hasta la fecha no se incorporan las
comunidades campesinas de origen quechua dentro de la base de datos de pueblos
indígenas; solo ha ocurrido con las comunidades aimaras y jaqaru. Por lo tanto,
tenemos un déficit.
Un segundo elemento, es que las decisiones que se han
adoptado hasta el momento todavía no se han concretado en una decisión final
del Estado. El caso más visible es lo que está ocurriendo con el pueblo
indígena Maijuna y Kiwchua, que participaron en la primera consulta hace 16
meses para la creación de un área de conservación regional y, hasta el momento,
dicha área todavía no se ha creado. En tercer lugar, vamos viendo el tipo de
acuerdos que se pueden lograr en estos procesos. Determinados proyectos, en
particular, los extractivos requerirán de una consulta temprana, vinculados con
las actividades de exploración, y una consulta posterior, al menos una, en lo
que refiere a la explotación para asegurar de que la información esté
disponible en un nivel suficiente para asegurar que los pueblos tomen
decisiones con la información adecuada.
- ¿Por qué cree que no se ha llevado cabo ninguna consulta en la zona
minero andina?
- Por el retraso en la publicación de la base de datos
en lo que corresponde a comunidades campesinas, en particular, las quechuas, donde
están la mayor cantidad de proyectos que pueden ser objeto de exploración, y
que por tanto, son aquellos donde podría haber consultas. Existen comunidades
campesinas en la zona andina que son parte de pueblos indígenas que tienen
derechos colectivos y que por lo tanto, requieren ser consultados antes de que
se adopte una medida. Por ello, la Defensoría del Pueblo le ha recordado al
Ministerio de Energía y Minas la importancia de realizar la consulta en el
ámbito minero.
- ¿Podría decirme un ejemplo de alguna comunidad campesina de la zona
andina que requiera ser consultada?
- La comunidad campesina de Cañaris es un ejemplo muy
claro. Es una comunidad campesina que forma parte del pueblo indígena quechua,
tiene derechos colectivos, como la tierra, y por lo tanto, está sometido a las
reglas que establecen las normas sobre pueblos indígenas, e incluye, entre
otros derechos, la consulta previa.
- La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, explicaba que
respecto a la consulta previa en la zona minero andina han avanzado en el
marco de las funciones que les tocan. Decía que ahora es el
Ministerio de Energía y Minas el que debe iniciar los procesos. ¿Siendo la consulta obligatoria, existe
algún mecanismo para exigir a su cumplimiento?
-El Ministerio de Cultura tiene un rol directo que
todavía no está completo. Al no haber completado la publicación de la base de
datos de pueblos indígenas, no habrían cumplido su tarea. Esto debe corregirse
en la brevedad. Hay que recordar también que el Ministerio de Cultura, a través
del viceministerio, tiene un rol muy claro en la rectoría del tema de consulta,
e inclusive, tiene un rol de segunda instancia para definir donde se requiere
consulta en determinados casos. Ese rol no está siendo usado de manera activa,
y creo que debería de haber una mayor decisión respecto de asegurar que se haga
consulta en aquellos casos donde la legislación es muy clara.
- ¿Cuáles son los retos que se identifican desde la Defensoría del
Pueblo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas?
- Si hay un tema significativo para todas las
comunidades y pueblos indígenas del país es el tener un derecho a la tierra
firme, estable, debidamente garantizado, que esté alejado de cualquier
situación de incertidumbre. Para titular se requiere una política nacional al
respecto, la implementación de un programa que apoye a los gobiernos
regionales, y además, garantizar los recursos económicos para hacer que esto se
lleve adelante.
- ¿Considera que la Ley 30230 vulnera la seguridad territorial de
los indígenas?
- No es posible interpretar esta norma bajo ningún
tipo de vista como una que modifique en término alguno, alguna disposición
vinculada con las tierras o con otros derechos indígenas. Porque si esa fuera
la interpretación, tendría que haber sido sometida a consulta previa.; y si no
lo fue, no puede hacer ningún tipo de modificación. Una posibilidad es que el
reglamento sea muy claro y establezca con precisión que esta norma no tienen
ningún tipo de aplicación respecto a casos vinculados con derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
- La Defensoría advertía que el 51% de
comunidades nativas carecen de establecimientos de salud. Por otro lado,
concluyó una consulta previa sobre una política de salud intercultural. ¿Cuáles
son los avances y los retos?
-El principal problema en este ámbito es la poca
capacidad del Estado para extender los servicios de salud para todas las
comunidades. Ese porcentaje es un indicador de ese problema. Es un tema que
viene de atrás, pero aún hoy no se corrige. Este informe ha sido el de redoblar
los presupuestos orientados a este tema, y de aprobar una política de salud
intercultural que fue además, consultada con los pueblos indígenas. Esta
política define precisamente todas las líneas de acción que tienen que ir
cumpliéndose para asegurar que la salud sea no solamente algo disponible para
los pueblos indígenas, sino que sea adaptada interculturalmente a las
necesidades de cada comunidad. El tema crítico para las comunidades es acceder
a servicios de calidad, pero las distancias y las dificultades logísticas han
sido habitualmente el principal problema. Creemos que este informe y esta
política pueden conducirnos a esa solución. (Agencia)
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