miércoles, 25 de noviembre de 2015

¿Proyectos mineros en riesgo de paralizarse?


En un escenario económico complicado, no se realizaron –sea por desidia o descuido- consultas previas en varios proyectos.

A raíz de la primera consulta minera realizada en Parobamba, Cusco, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz aceptó que en 8 de los 25 proyectos ejecutados los últimos años, se omitió la consulta previa; a pesar de que el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa (vigente desde el año 2011) establecen que cualquier proyecto que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultado. Ortiz añadió que en esos casos específicos, se realizará una “consulta posterior”, pero surge la interrogante sobre la viabilidad de dicho mecanismo, pues la norma establece que la consulta debe ser previa.

Ante ese escenario, surge la necesidad de saber cómo debe proceder el Estado en estos casos y si las actividades de los proyectos de exploración deberían paralizarse o no.

Para Ana Leyva e Ismael Vega, las actividades deberían paralizarse. “Lo que correspondería es la paralización de la actividad hasta que se realice la consulta sobre dicha autorización”, dice la abogada de CooperAcción; mientras que Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), comenta que “esos ocho proyectos mineros son nulos y deben suspenderse en tanto se ha omitido la aplicación de lo que establece la ley, es decir la consulta previa”.

En tanto, Javier Jahncke, de la Red Muqui, agrega que “el mismo nombre del derecho establece que la consulta es previa, por tanto, no tiene sentido realizarla después para ponerse al día, eso no es viable”.

Pero la consulta sigue siendo un tema en debate, entre los puntos en discusión está el determinar los actos administrativos a consultar en los casos de extractivas. Algunos sostienen que solo debe darse en el acto administrativo que aprueba la primera autorización y para otros, en los momentos en donde el Estado toma decisiones trascendentales, que tiene impacto en la vida de las comunidades del entorno del proyecto minero.

Al respecto, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, refiere que se necesita una inversión garantizada sobre determinada zona para realizar la consulta previa. Carlos Gálvez Pinillos, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP), señala que no tiene por qué haber inversión garantizada “porque por algo la consulta es previa”.

“Si ya hubiera una consulta en determinada zona y las comunidades dicen que no quieren actividades extractivas, pues las empresas no insistirían. El problema surge cuando las empresas invierten y luego se realiza la consulta”, enfatiza el presidente de la SNMP.

¿Qué medidas tomaran las comunidades?


Según Vega, “todo va seguir igual o, ¿acaso alguien puede imaginar que el Gobierno va a modificar o parar un proyecto porque los pueblos indígenas cuestionan el proyecto?”, se pregunta y agrega que las organizaciones indígenas podrían presentar una demanda de amparo contra el Estado Peruano por omitir su derecho a ser consultados, además de atentar contra su derecho a un ambiente sano, tranquilo y equilibrado. (Agencia)