miércoles, 27 de abril de 2016

Asociaciones público-privadas: ¿acelerando la inversión?


Propuesta Ciudadana alerta que la falta de transparencia y vigilancia de estos mecanismos constituyen una agenda pendiente para el próximo gobierno.

En el país existe un gran déficit de infraestructura. Tanto en Lima como en provincias aún hay distritos sin escuelas, postas y centros de salud.

Como el sector público no puede con todo, desde hace años se creó una fórmula para que los empresarios ayudasen a reducir esa brecha de infraestructura con celeridad al no estar sujetas a trabas burocráticas. Así nació las asociaciones público – privadas (APP).

A pesar de su utilidad, algunos especialistas han comenzado a dudar de su eficiencia, sobre todo por experiencias de otros países. Es el caso de Marisa Glave, socióloga de Propuesta Ciudadana, quien señala haber advertido que muchas obras no responden a una prioridad pública, sino que fueron construidas bajo la lógica de la empresa, especialmente en el área rural, y en el sector educativo.

Desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la Unión Europea consideran necesario afinar algunas tuercas del mecanismo para mejorar la negociación, regulación y supervisión de las APP como la adopción de marcos normativos claros y transparencia en las decisiones. Desde Propuesta Ciudadana señalan que es el Estado el que debe definir qué obras promover, dónde y cómo. Además, consideran que los objetivos y criterios de selección deben estar claros en las bases de los concursos y contratos, así como dar un seguimiento detallado a los proyectos en fase pre operativa e incluir a las APP en la contabilidad nacional (haciendo públicos los contratos).

Los compromisos pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan
el 1,5% de egresos anuales del presupuesto público.

Para mejorar la eficiencia de estos mecanismos, Roberto Urrunaga, decano de Economía de la Universidad del Pacífico, resalta la necesidad de mejorar la planificación del Estado mediante planes intersectoriales. Adelantó que en mayo se hará público el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Con ello, se buscaría mejorar la falta de priorización que existe a nivel estatal en este rubro, pues todos los paquetes de las APP se han iniciado como iniciativa privada.

Los compromisos pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan un promedio de USS 529 millones, es decir, el 1,5% de egresos anuales del presupuesto público.

Obras por impuesto
Desde el 2008 hasta el 2014, las obras por impuesto se han incrementado en un 81%, lo que sugiere que se trata de un mecanismo muy atractivo para las 64 empresas que han participado hasta el momento, en su mayoría mineras, aunque cada vez más se suman las empresas financieras –representando el 36%- como el BCP (en segundo lugar), Telefónica, Interbank o Backus. Los sectores públicos que atraen mayor inversión de este tipo son el de transporte, saneamiento y educación. De las 203 obras bajo el mecanismo Obras por Impuestos- hasta marzo de 2016- solo se habían concluido 82, representando el 40% del total de los proyectos. De hecho, es común que los costos de una obra ejecutados por un privado sean más elevados.  El economista Humberto Campodónico señala que las empresas públicas también deberían poder optar a este mecanismo.

Otro de los problemas señalados por Propuesta Ciudadana es que las empresas anuncian inversiones bajo los mecanismos de Obras por Impuestos como parte de su responsabilidad social empresarial con la intención de mejorar su imagen corporativa.  Sin embargo, lejos de ser donaciones de la empresa privada, Glave recordó que “son fondos del Estado, porque son impuestos que deja de pagar el privado”. (Redacción)