miércoles, 21 de octubre de 2015

“Para el éxito de la Ley 29889 precisamos de más recursos”


Para Malena Pineda, jefa del programa de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, la salud mental debería ser una política de Estado.

- ¿Por qué se destinan pocos recursos a la salud mental, cuando existen seis millones de peruanos con algún trastorno mental, según el director del instituto Noguchi, doctor Humberto Castillo? 
- Durante años habido una política de invisibilizar este problema, de ahí que nunca se le haya priorizado en las políticas y presupuestos públicos. Ello trajo consigo que el Minsa no tuviera el personal disponible para tratar con los prejuicios sociales y la desinformación que las personas tienen de los problemas de salud mental que han motivado que la sociedad considere a estos trastornos como incurables. Por su parte, a las personas con trastornos mentales no se les ha reconocido como sujetos de derecho, se les ha estigmatizado, discriminado y se les ha venido dando las prestaciones de salud de peor calidad. Esperamos que esta realidad mude con el plan de salud mental diseñado por el Minsa y cuyo reglamento fue aprobado hace algunos días.
 -  Con la aprobación del reglamento de la Ley 29889, habremos dado un paso importante para solucionar el problema de la salud mental.
- La reforma de la política de salud mental conlleva implementar un modelo comunitario y descentralizado que permita tener servicios integrales con rehabilitación psicosocial, con asistencia social, con atención médica desde el primer nivel, en los hospitales generales, así como en los servicios de emergencia, además del empleo asistido, los programas de vivienda asistida y el apoyo para las personas que cuidan de ellas.
Además, este modelo permitiría que muchas personas que no reciben su tratamiento por razones de acceso geográfico o económico, y otras que se encuentran recluidas en instituciones, lo reciban de manera oportuna, eficiente y en un ambiente adecuado. Para ello será necesario que el Estado otorgue más presupuesto cada año para la implementación de la Ley 29889 y su reglamento, solo así se contribuirá a cerrar las brechas en salud mental y al reconocimiento de los derechos de las personas que requieren de su atención.
- ¿No cree que en este problema también debería participar el Ministerio de Educación?
- Estoy de acuerdo, la salud mental debería ser una política de Estado. Si bien la rectoría está en el Minsa y su implementación a través de los gobiernos regionales, se requiere de la participación activa y coordinada de otros sectores, entre ellos el de Educación.