Dilma Rousseff no tiene ni un año en el poder, y ya cinco de sus ministros han tenido que demitir por casos de corrupción. Ella preside una coalición de 10 partidos que reclaman cuotas de poder
La salida de seis ministros de Dilma Rousseff en apenas diez meses de gobierno —cinco por corrupción, el último, el de Deportes, el comunista Orlando Silva, la noche del miércoles— revela, según los analistas, una grave crisis en la política de este país.
Según Luis Felipe Miguel, catedrático de la Universidad de Brasilia, la presidenta Rousseff tiene que combinar “una imagen de limpieza con una coalición de gobierno no tan limpia”. Según Miguel, quien conversó con el diario El País, se trata de una “disputa por parcelas de poder” dentro de los partidos aliados en los que reina el llamado fisiologismo, o reparto de poder en beneficio del propio partido, sin escrúpulos ideológicos, como se acaba de ver con el Partido Comunista al que pertenece el ya exministro de Deportes.
En las últimas elecciones generales al Partido de los Trabajadores, que llevó a Dilma Rousseff al poder, se le unieron 10 agrupaciones, entre las más importantes está el Partido Comunista y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Brasil va bien económicamente, pero cojea visiblemente en su forma de gobierno. El gigante latinoamericano, cuya vitalidad y futuro son indiscutibles, está necesitando con urgencia de una reforma política para que no acabe comprometido el dinamismo de su sociedad, de su industria y de su comercio.
“En estos diez meses de gobierno Dilma ha quedado clara la existencia de un mosaico de operaciones criminales contra el interés del contribuyente”, escribió recientemente en su editorial el diario O Globo. Por su parte, el diario Folha de Sâo Paulo se preguntaba “cuándo va a aparecer el próximo escándalo”.
Lo más grave de la actual crisis brasileña que pone en peligro la gobernabilidad misma de Dilma y todo el sistema de alianzas creado por su antecesor Lula da Silva, no es quizás, el hecho de que cinco ministros —el Ejecutivo cuenta con 38— hayan tenido que dejar sus cargos arrastrados por acusaciones graves de corrupción, ahí tenemos el caso del exministro de la casa Civil, Antonio Palocci, donde no solo se ha tratado de desvíos de conducta de la persona del ministro, sino de una trama de corrupción creada en los ministerios como forma de financiación ilícita del partido al que pertenece el ministro.
La oposición, por ejemplo, ha criticado duramente el nombramiento de Aldo Rebelo para sustituir al último ministro dimitido: Orlando Silva, de Deportes, porque considera que en dicho portafolio existe todo una trama de corrupción que no se acabará con una nueva persona, sino cuando esta pase a manos de otro partido. Cabe recordar que Rebelo es una figura eminente del Partido Comunista de Brasil (PC do B), el partido del ministro dimitido.
Abriendo espacios
El dilema de Rousseff una presidenta gestora, sensible a los resultados concretos, no es fácil. Ella advierte cómo se paralizan los ministerios zarandeados por los escándalos de irregularidades El caso del ministro de Deportes ha sido emblemático. La trama de corrupción ha acabado paralizando las obras del Mundial —que ya estaban todas ellas atrasadas— mientras el Gobierno está enzarzado en una disputa con la Fifa, organismo que no acaba de sintonizar con el ministro dimisionario.
Rousseff, por lo menos hasta que no se lleve a cabo una reforma política a fondo, no puede prescindir de la actual alianza de diez partidos que apoyan su gobierno y que fue heredada de su antecesor Lula da Silva.
La mandataria está tratando de abrirse algunos espacios, para restar poder a los partidos y concentrarlo en la Presidencia de la República. Para ello está deshaciéndose de los ministros más comprometidos con la inercia heredada de su antecesor según el cual un ministerio se administra en función del partido político de su titular. Rousseff quiere al frente de los ministerios a personas que respondan directamente ante ella y no ante el jefe de su formación política.
La opinión general es que en enero, coincidiendo con el primer aniversario de su llegada al poder, Rousseff lleve a cabo una reforma ministerial y pueda contar por fin con un Gobierno verdaderamente suyo y no tenga, como hasta ahora, que presidir un Gabinete que en su mayoría es fruto de una herencia del pasado. ¿Bastará eso para resolver los graves problemas que presenta la gobernabilidad en Brasil? Quizás, no, explican los expertos de la política, porque el mal es de fondo, es del sistema con el que la presidenta brasileña no puede acabar de un plumazo.
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