miércoles, 2 de marzo de 2016

¡Ni una muerta más!



En el Perú, 8 mujeres son asesinadas por sus parejas cada mes, y 17 sufren de tentativa de feminicidio.

Los amigos del suboficial PNP Gilmer Gonzales Achata (51 años) lo describen como un hombre alegre, responsable y muy apegado a la familia. Por eso cuando se enteraron por la prensa, que ese amigo bonachón había matado de un balazo en la sien a su esposa Rosa Mary Chui Cachicatari (50 años), no podían creerlo.

De acuerdo con el Ministerio Público de Puno, Gonzales llegó a la comisaría de Ilave la noche del último 15 de febrero con la mirada desorientada y pasmado afirmando haber matado a su pareja.

Para constatar el hecho, efectivos policiales fueron hasta la casa de su colega, donde encontraron un panorama desolador. Tendida sobre la cama, hallaron en posición cúbito ventral y en medio de un charco de sangre el cuerpo sin vida de Rosa Mary.

En el Perú, casos como estos lamentablemente no son aislados. Estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) revelan que mientras en el 2012 se registraron 174 casos de feminicidio y tentativa, este número se incrementó a 293 el año pasado, es decir, en tan solo 3 años, 119 mujeres más fueron objetos de golpes y asesinatos.

Según el MIMP, cada mes 8 mujeres mueren a manos de sus parejas, y 17 sufren de tentativa de feminicidio.

La problemática de la violencia contra la mujer en el Perú fue advertida el 2014 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).

Ese año, la OIG además de ubicarnos como el segundo país, detrás de Colombia, con mayor cantidad de feminicidios íntimos de América Latina, sostuvo que la tipificación del feminicidio dentro de nuestro marco legal, aprobado en el 2011, no estaba dando resultados porque no se venían aplicando políticas públicas eficaces, y para mejorarlas dio algunas recomendaciones.

Una de ellas dice que la desigualdad económica, social y cultural hacia la mujer debe cerrarse, puesto que esa realidad constituye una causal para las elevadas tasas de feminicidio. Otra recomendación es la que se refiere a mejorar las instituciones capaces de asegurar la efectiva aplicación de las leyes.

Por las altas tasas de violencia contra la mujer que aún persisten en el Perú, todo hace indicar que las autoridades no tomaron en cuenta las recomendaciones de la OIG, ya sea por indiferencia, o porque hasta ahora no saben cómo implementarlas.

Rafael Chanjan Documet, comisionado para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, reconoce que si bien la tipificación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal supuso un avance para prevenir y erradicar el feminicidio en el país, aún está pendiente implementar mecanismos institucionales que promuevan que los operadores de justicia actúen diligentemente a la hora de investigar y sancionar este delito.

Liz Meléndez, integrante de Cladem Perú, señala que a pesar de lo que las cifras sobre feminicidio y tentativa muestran si se ha venido trabajando para cambiar esta nefasta realidad, aunque aún de manera insuficiente.

Lo que pasa, dice, es que el principal problema no está en la ley del feminicidio, sino en lo que está a su alrededor.

“El feminicidio es la consecuencia de una serie de violencias previas (psicológicas, físicas y sexuales) que la mujer ha sufrido y que, por diversas razones, no fueran atendidas en su debido momento”, afirma.

Según el MIMP, las mujeres de entre 26 y 35 años, que son las que más sufren de casos de feminicidio y tentativa, coincidentemente son las más agredidas física y psicológicamente por sus parejas.

La representante de la ONG Alianza por la Solidaridad, Gioconda Diéguez, señala que las leyes y los planes son importantes pero es fundamental trabajar contra el sistema patriarcal que impide el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas, con una sociedad que lamentablemente valida o justifica que se limite libertades a las mujeres.

En ese sentido, subraya, es importante se institucionalice el enfoque de género tanto en la formación como en el rol que realizan magistrados, trabajadores de los CEM, personal de salud, entre otros operadores públicos.

La violencia no es de ahora
Según un estudio de la ONG Flora Tristán titulado “Feminicidio en el Perú”, la discriminación y la violencia contra la mujer en el país no es un problema de hace algunas décadas, sino que es ancestral, el cual se ha sostenido históricamente en patrones y prejuicios de género discriminatorios, lo cual generó en prácticas sociales que atentaron contra la libertad, la salud, la integridad y finalmente la vida de las mujeres. 

Estadísticas del MIMP revelan que el 50% de los agresores justificó su demencial acción a los celos incontrolados, y un 35% a la decisión de la víctima a separarse.

En ambos casos, dice Liz Meléndez, los atacantes actuaron en un claro intento de afirmar su autoridad y dominio, en una jerarquía de poder que no les permitía aceptar la libre determinación de las mujeres sobre sus vidas.

El machismo aún arraigado en nuestra sociedad ha hecho, según el representante de la Defensoría, que el 94% de los agresores culpen a la mujer de los hechos de violencia cometidos contra ellas.

No basta voluntad política
Gioconda Diéguez refiere que cualquier ley que se apruebe para prevenir y punir la violencia contra la mujer sino va acompañada con un presupuesto no va a funcionar. Por eso demandó la implementación efectiva de la nueva ley contra la violencia, lo que incluye la capacitación al personal de las comisarías y de otras instancias relacionadas con la denuncia y acceso a la justicia.

“Es necesaria la incorporación del enfoque de género en las diversas instancias operadoras de justicia lo que amerita desarrollar capacitación y medidas de evaluación de la incorporación de dicho enfoque, garantizar calidad y calidez de atención en los servicios públicos, adoptar medidas efectivas de protección a las víctimas de violencia de género,  medidas para no revictimizar, acceso a anticoncepción de emergencia y profilaxis con antiretrovirales a víctimas de violencia sexual, despenalización del aborto en casos de violación sexual,  implementación del protocolo de investigación eficaz con enfoque de género para casos de feminicidio, entre otras”, manifiesta.


Eliminar todo tipo de violencia contra la mujer no es fácil. Liz Meléndez sostiene que para ello se requiere trabajar en todos los niveles: niños, adolescentes, padres de familia, medios de comunicación, etc. “En la medida que todos empujemos el barco hacia una educación con igualdad, los índices de violencia irán disminuyendo”, sostiene. (Redacción)

NOTA
27 casos de feminicidio y tentativa se registraron en el primer mes del 2016.