jueves, 3 de septiembre de 2015

Dura realidad


Debido a las barreras para movilizarse, más de un millón y medio de peruanos con alguna discapacidad no pueden estudiar o trabajar, situación que los condena a vivir en la pobreza.

Juan Veliz Peralta lleva casi 30 minutos esperando un taxi que lo pueda llevar a su trabajo. Su problema no es la falta de dinero, sino su discapacidad. “La mayoría de los taxistas al verme en silla de ruedas no quieren recogerme porque temen que les ensucie el asiento”, cuenta este joven técnico de informática, quien nació con sus extremidades inferiores deformadas.
Si bien la Ley General de la Persona con Discapacidad (29973) establece que dichas personas tienen derecho a un entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones de la manera más segura y autónoma posible, en el Perú, el 60% de esta población no puede movilizarse porque no tiene condiciones de accesibilidad.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la “Supervisión de las condiciones de infraestructura vial en puntos críticos de accidentes de tránsito en Lima y Callao” reveló por ejemplo, que el 81% de las vías supervisadas en la capital carece de rampas para discapacitados lo que refleja que los gobiernos locales no tienen una mirada inclusiva de protección para estas personas.
La indiferencia que sufre esta población en el país no solo proviene de las autoridades, también de la sociedad.
Jaime Huerta, un arquitecto que perdió la movilidad de sus piernas luego de un accidente, cuenta que para él es un dolor de cabeza encontrar un estacionamiento reservado para las personas con discapacidad porque casi siempre está ocupado por carros de personas que no tienen ningún problema físico.

Otras leyes que no se cumplen
De acuerdo a cifras de la Asociación de Intérpretes y Guías del Perú (Asisep), en el Perú 750 mil peruanos tienen discapacidad auditiva, lo alarmante es que más del 90% de este sector poblacional no es orientado por un intérprete o un guía de lengua de señas, y el acceso a la información es casi nulo. Susana Stiglich, presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú, afirma que el Estado no hace cumplir la Ley de Radio y Televisión del Perú (28278), que establece que los programas informativos, educativos y culturales de producción nacional deben incorporar medios visuales donde utilicen lengua de señas o textos.
Otra norma que es un saludo a la bandera es la Ley de Promoción de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de Adecuación del Espacio Físico en Cabinas Públicas de Internet (28530). Basta con salir a la calle para darnos cuenta que ninguna cabina de internet cumple con los espacios accesibles a personas con discapacidad, que las computadoras no cuentan con el programa lector de pantalla adecuada, y los portales web no están adaptados para los invidentes y sordos.
El boom inmobiliario
Desde el 2011 al 2015, se han construido y financiado 160.561 casas con el Fondo Mivivienda.
De acuerdo con el arquitecto Huerta, el problema con estos predios es que por abaratar costos y dinamizar la venta de viviendas, se dejaron de lado normas de accesibilidad; programas como “Techo Propio” o “Mi Vivienda” crearon urbanizaciones donde las veredas medían tan solo 60 cm de ancho -las sillas de ruedas miden de 61 a 70 cm de ancho a más- y no hubo un porcentaje de viviendas diseñadas para personas con discapacidad ni para los adultos mayores que usan sillas de ruedas.
“Si bien existe un organismo que se encarga de normar, promover y supervisar que las edificaciones tengan acceso a las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores, en la práctica pareciera que no existiera”, sostiene el arquitecto.
Infraestructura pública y privada
En varios distritos de Lima, los espacios públicos como calles, pistas, hospitales, etc., no fueron diseñados para incluir a las personas con discapacidad. Casi algo parecido sucede como los lugares privados.
Según Jaime Huerta, no es necesario que toda la infraestructura de la ciudad sea accesible, además sería algo imposible; sin embargo, dice, la existencia de una rampa que favorece a la persona con discapacidad, también beneficia, por ejemplo, a los chicos que practican skate e inclusive por quienes andan con bicicleta. “Como vemos, la infraestructura hecha para un grupo poblacional, es buena también para otros”, sostiene el arquitecto.
En la capital, solo San Borja, San Isidro, Miraflores y San Borja han avanzado considerablemente en esta materia.
Transporte no inclusivo
En Lima los buses no están adaptados para recoger a la personas con sillas de ruedas, y las personas que tienen posibilidades económicas de utilizar taxis sufren de la indiferencia de los conductores, como es el caso de Juan Veliz.
Si bien se han realizado avances considerables, gracias a la implementación del Metropolitano y el tren eléctrico, estos no cubren todas las rutas y deben mejorar y perfeccionar sus servicios. “Falta mejorar la atención porque en horas punta es imposible entrar, además lo que no está solucionado son los alimentadores, hay algunos que tienen plataforma, pero el chofer nunca para si ve a una persona con discapacidad, y si lo hace dice ‘está malograda la plataforma’, cuando eso no es posible, porque son buses nuevos”, afirma Huerta, quien añade que el Metropolitano debe ser perfeccionado porque el cinturón de seguridad de la zona reservada no sostiene una silla de ruedas, la cual se resbala cada vez que el bus avanza.
Niños y jóvenes marginados
Según la Defensoría del Pueblo, el 78% de las personas con discapacidad en edad escolar está fuera del sistema educativo debido a la falta de políticas inclusivas. El 40,5% de dicha población solo tiene educación primaria y el 23,6% no tiene educación, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del 2012.
Del total de colegios de Educación Básica Regular (10.668) que existen en el Perú, solo el 23% cuenta con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, programa que contribuye a que los niños con discapacidad incorporados en colegios regulares lleven un aprendizaje adecuado a sus necesidades.
Para la doctora Liliana Mayo, integrante de la Comisión Nacional de Educación (CNE), esta triste realidad viene limitando a los niños y adolescentes con alguna discapacidad a desarrollarse profesionalmente, en especial a los que viven en las zonas rurales.
 “Si queremos que estas personas sean útiles al país precisamos de reformas; es decir, de una educación inclusiva que incluya profesores capacitados, mejor infraestructura escolar, transporte accesible, entre otras herramientas. Historias de chicos que salieron adelante existen, solo es cuestión de darles una oportunidad”, afirma la funcionaria pública. (Redacción)

1’ 575.402
Personas con alguna discapacidad viven en el Perú, según el INEI.
En el mundo son  mil 150 millones de personas, según la OMS.

NIÑOS Y ADOLESCENTES
Población con discapacidad en edad escolar (0 a 17 años): 120.297 (INEI 2006 – 2012)
Escolares con discapacidad leve o moderada: 98.732.
Con discapacidad severa: 10.732.
Estudiantes con discapacidad incorporados al sistema educativo regular: 32.985 (Censo Escolar 2012)
Niños con habilidades diferentes que cuentan con algún apoyo educativo: 7.804.
En las zonas rurales solo localiza el 1,6% de los 381 Centros de Educación Básica Especial.
Para tratar esta problemática, y formular recomendaciones a las autoridades para dar viabilidad a la educación inclusiva, el Consejo Nacional de Educación (CNE) organizó el 2 y 3 de setiembre el Seminario “Políticas de Educación Inclusiva”, con el apoyo del Centro Ann Sullivan del Perú.

ACCIDENTES
El lunes 31 de agosto un discapacitado visual terminó con heridas luego de caer por la escalera eléctrica de un centro comercial de San Borja.
Según la Federación Nacional de Discapacitados, en Lima son muy frecuentes los accidentes en personas con discapacidad visual y auditiva