jueves, 24 de marzo de 2011

No matarás

En el Perú según estudios realizados por entidades gubernamentales, anualmente se producen cerca de mil abortos diarios, es decir 41 por hora. A pesar que está práctica está penalizada, no se conoce de casos de mujeres que estén en la cárcel por este delito

Rosa la tenía claro. Si quería seguir recibiendo el apoyo de sus padres tenía que abortar. A sus cortos 20 años debía tomar una decisión. Así que sin darle muchas vueltas al asunto, junto con su amiga Clarisa fue en busca de una mala obstetra quien le dio dos posibilidades: la barata-unas pastillas vía oral y vaginal- y la cara-una extracción directa con una pipeta de jebe, para no dañar el útero. Ella optó por lo segundo.

Así como Rosa, en el Perú se dan cerca de 370 mil abortos clandestinos, según la antropóloga Delicia Ferrando.

Siendo la vida el fin más sagrado, es justo que una mujer-muchas veces adolescente- decida por la vida de otra persona por mas que el bebe sea suyo.

El Código Penal vigente castiga a la abortista con una pena de prisión de hasta dos años, sin importar su motivación. Sólo cuando se trata del aborto sentimental (por violación) y el eugenésico (por malformación del feto) la sanción se reduce a un máximo de tres meses de cárcel.

Precisamente la benevolencia de la pena del aborto en el país ha hecho que muchas mujeres no se sientan persuadidas para no quitarles la vida a sus hijos. De ahí el alto número de abortos.

Para la abogada Tania Martínez, la responsabilidad de que las abortistas sólo sean sancionadas –por lo general- con una pena privativa de la libertad suspendida lo tiene el Congreso, que le ha dado más importancia a los delitos patrimoniales (robo y hurto) que a la vida misma. La letrada, dice, que los parlamentarios tienen la obligación moral de cambiar esto para así endurecer las penas y reducir los altos índices de aborto.

Según Jeannette Llaja, directora de Demus, el tema del aborto no se soluciona con aumentar la penalidad, puesto que quienes lo practican son mujeres pobres que no tienen dinero para ir a una clínica privada por lo que se exponen a una atención absolutamente inadecuados. Llaja se pregunta si una abortista es una delincuente o una mujer que requiere de un sistema de salud eficiente.

Para Rocío Gutiérrez, del Movimiento “Manuela Ramos”, el mayor número de abortos se da en un gran porcentaje en adolecentes de escasos recursos, que al no encontrar ninguna otra salida, arriesgan su vida practicándose un aborto en clínicas clandestinas donde cualquier cosa puede pasar. “Aquí hay que señalar que siempre van a existir los embarazos no deseados que en nuestro país representan un 35% del total, el problema radica en que no existe una igualdad de condiciones, si bien el aborto está penalizado en casi todos sus atenuantes, este no alcanza a todos los niveles socioeconómicos del país, es decir, una joven de escasos recursos está obligada a tener que practicarse el aborto en lugares de dudosa reputación, mientras que las mujeres de mayores recursos son atendidos en clínicas particulares donde reciben una mejor atención guardando siempre la reserva del caso”, refiere.

Gutiérrez señala que es necesario hacer entender a nuestras autoridades, que la clandestinidad significa un servicio de pésima calidad, ya que se ha demostrado que en un 40% de prácticas abortivas en esos centros han tenido una serie de complicaciones, que incluso en algunos casos han terminado en muerte del paciente. ¿No es posible que la mortalidad infantil exista en la sierra rural por falta de vacunas y atención médica? “¡Los bebés se mueren!”, denuncia.

Despenalización

A fines del primer régimen de Alan García, el gobierno peruano estuvo a punto de aprobar la despenalización del aborto sentimental (por violación) y eugenésico (por fetos malformados). Entonces, el presidente se negó a promulgar un proyecto de ley ya discutido por el Congreso. Y hace poco más de un año, la Comisión Especial Revisora del Código Penal aprobó la modificación, pero hasta ahora ha quedado en el limbo de los nuevos debates. “García nunca lo hará”, sospecha la abogada Jeannette Llaja, quien asegura que el sector más conservador de la jerarquía eclesial tiene una gran capacidad de influencia sobre el gobernante aprista.

Si bien la despenalización del aborto como solución a este problema es discutible ya que sería una disposición a nivel superficial, en el país tiene sus defensores. Es el caso de la letrada Tanía Martínez, quien reconoce que se hace necesario tomar esta medida para aliviar aunque sea en parte esta difícil realidad así como para constituir un punto de partida para acciones de mayor alcance en los niveles mas profundos de la problemática. Dijo por ejemplo, que a partir de la despenalización podrían los servicios de salud y en particular de planificación familiar, orientar y atender mejor a las mujeres que opten por interrumpir su embarazo, asimismo brindar una mayor orientación sexual en las escuelas.

“Desde nuestro punto de vista la despenalización del aborto es una condición necesaria para la existencia de un marco desde el cual empezar a resolver en forma integral el problema”, sostiene Martínez.

La activista de “Manuela Ramos”, Rocío Gutiérrez, al referirse a los avances en materia de despenalización del aborto en el país, señala que existe una serie de adelantos con respecto a este tema. Sostiene que existe una comisión revisora del Código Penal que tiene una propuesta de despenalización del aborto en los casos de violencia sexual y malformaciones congénitas incompatibles. “Esperemos que estas iniciativas se hagan realidad”, refiere.

Cabe señalar que en Chile, Nicaragua y El Salvador está penalizado todo tipo de aborto. Pero en la mayoría de naciones latinoamericanas está permitido el terapéutico, y en Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador el sentimental. Colombia y México son los países más liberales en este sentido: en el primero, están despenalizados los abortos terapéutico, sentimental y eugenésico; mientras que en México se puede interrumpir el embarazo en los tres primeros meses de gestación.

Políticas públicas

En el Perú una mujer no debería encontrarse nunca en la disyuntiva de abortar, pero el Estado hace poco para potenciar el control de la natalidad y la educación sexual, por lo que se hace necesario políticas públicas claras sobre este tema. Rocío Gutiérrez se pregunta cómo el Estado implementará una verdadera educación sexual en familias y escuelas? ¿Cómo garantizará que haya suficientes métodos anticonceptivos para controlar los embarazos no deseados y con ello la tasa de abortos? Sería bueno que los candidatos presidenciales tomaran nota de estas preguntas.

CIFRAS

1.- Embarazos no deseados en el Perú representan un 35%

2.- Las edades que fluctúan son entre los 15 – a 29 años

3.- Los diagnósticos finales de muerte son: infección, hemorragia, infecciones, discapacidad mediante la extirpación del útero.

4.- En el Perú se dan 1,000 abortos diarios, 41 abortos por hora

5.- De las más de 2.000 mujeres que quedan embarazadas diariamente en Perú, 813 llevan embarazos no deseados, y casi el 90 por ciento de los embarazos de mujeres entre los 12 y 14 años son producto de violación sexual.

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