La designación de los ex ministros Aída García Naranjo, Francisco Eguiguren y Rudecindo Vega como embajadores del Perú en Uruguay, España y Nicaragua ha generado toda una polémica entre la clase política y la población en general.
Una gran mayoría de peruanos se pregunta y con justa razón de ¿cómo es posible que el presidente Humala en vez de mandar definitivamente a sus casas a personajes cuestionados que le crearon una serie de problemas durante su gobierno les haya premiado con esos nombramientos? ¿Es qué acaso no existen en el país gente proba y capacitada para dichos puestos?
Si bien las críticas y protestas se han centrado en la naturaleza política de los nombramientos y en los inconvenientes que ello podría suponer para una adecuada representación diplomática de nuestro país en esos lugares, parece que todos se olvidaron que el presidente tiene la potestad, inclusive dentro de nuestra cancillería, de designar a las personas que él crea conveniente para algún cargo político.
Más allá de la potestad que tiene el primer mandatario para poner o sacar a alguien del aparato gubernamental, lo cierto es que los designados no salieron de sus ministerios, por más que ellos hayan dicho lo contrario, por la puerta grande sino por una serie de errores.
En el caso de Aída García Naranjo, ella tuvo una cuestionada gestión al frente del Mimdes, por su actitud de culpar a una madre de familia tras la muerte de tres niños en Cajamarca tras haber consumido alimentos del Pronaa en su colegio.
Asimismo, por haberse presentado en un evento muy alegre e incluso bailando con el ex futbolista José Luis “Puma” Carranza, cuando aun se le criticaba por su poca sensibilidad en la muerte de esos tres niños en Cajamarca.
Estos hechos llevaron a que en octubre del año pasado en una encuesta de Datum, el 61% de las personas consideraran que García Naranjo debió haber sido separada en ese momento del cargo.
Por su parte, el ex ministro de Justicia, Francisco Eguiguren fue duramente criticado por ser el responsable político de que la CIDH haya demandado al Estado peruano para que vuelva a enjuiciar a los comandos que participaron en la Operación de Chavín de Huantar, y también por haber dicho en un medio local sobre la posibilidad de negociar con el camarada “Artemio”.
En el caso de Rudecindo Vega, ex ministro de Trabajo, a él se le habría retiro del cargo por declarar que en el país debería darse una amnistía general en todos los sectores.
Como era obvio, las declaraciones de Eguiguren y de Vega respecto a la guerra interna que vivió el país durante más de dos décadas llevaron a diversas ONGs de derechos humanos a alzar su voz de protesta por lo que ellos consideraron una afrente a la memoria de los miles de peruanos que cayeron durante ese conflicto.
Justo e injusto
Las reacciones de quienes son despedidos tan abruptamente en tan corto tiempo (menos de cinco meses) de un cargo ministerial, sin embargo, no son siempre iguales. A veces, hay funcionarios que consideran que fueron cesados injustamente, por algún viraje político del gobierno o por proteger a una figura más encumbrada en la estructura de poder, y en consecuencia se retiran denunciando esas circunstancias. Dichas persona, por supuesto, son incapaces de aceptar un cargo nuevo, ya que hacerlo significaría aceptar las razones del porque fueron licenciados.
La historia de estos tres personajes hoy premiados, son distintas a los que consideran injusto su retiro. De acuerdo con el periodista Mario Ghibellini, García Naranjo, Eguiguren y Vega han aceptado muy contentos la nueva propuesta laboral que el oficialismo les ha ofrecido, ya que han admitido implícitamente su fracaso como ministros. Como reza un antiguo adagio: a admisión de parte, revelo de prueba.
NO SON LOS PRIMEROS
Los casos de García Naranjo, Eguiguren y Vega en nuestra reciente democracia lamentablemente no son los únicos. En los últimos 10 años ha habido algunos presidentes que al igual que Humala premiaron a algunos personajes cuestionados. Es el caso, por ejemplo, de Fernando Olivera, quien durante la administración de Toledo a pesar de los exabruptos del entonces líder del Frente Independiente Moralizador (FIM) al frente de la cartera de Justicia, fue designado primero, como embajador de Perú en España, y luego Canciller de la República.
También la designación de Rafael Rey como embajador de Perú en Italia durante el segundo gobierno aprista, luego de haber sido separado como Ministro de Defensa tras su enfrentamiento con diversos ONGs de derechos humanos.
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