Corrían la década de los 70 y los férreos gobiernos militares y de izquierda reinaban en gran parte de América del Sur. Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil eran manejados según el testimonio de algunos cronistas de una manera desordenada y autoritaria – siendo criticado por grupos que protestaban ante las nefastas decisiones, tanto el tema político – económico y social, dejando enormes forados en las cajas fiscales – provocando pobreza y desigualdad, lo que contribuyó a que se agudizara la crisis financieras en estos países de la región.
La fuerte oposición que tuvieron los gobiernos de esos países llevó a sus jefes de estado a combatirlos y para ello crearon el “Plan Cóndor”, que consistía en permitir el ingreso de fuerzas extranjeras secretas a sus territorios con el fin de eliminar a los políticos incómodos.
En el caso de Chile, esta persecución comenzó tras la caída de Salvador Allende. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet, altos mandos de la DINA (policía secreta chilena) se reunieron en noviembre de 1975 con integrantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, a lo que después se sumó Brasil y Perú. Aquí se acordó realizar acciones de ‘prevención’ contra elementos ‘subversivos’.
Como parte de este plan, el general chileno Carlos Prats y su esposa murieron en medio de la explosión de un coche bomba en Buenos Aires. La DINA fue sindicada como responsable de este crimen.
Otros casos fueron el secuestro de una pareja de uruguayos en Porto Alegre, Brasil, y la revelación de los denominados ‘archivos del terror’ en Paraguay. Estos documentos develaron diversas operaciones clandestinas montadas por el gobierno del dictador guaraní Alfredo Stroessner.
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