jueves, 17 de febrero de 2011

“La represión violenta no puede convertirse en una práctica habitual del Estado”


-Doctor Jorge Mantilla, Comisionado
de la
Defensoría del Pueblo, en enero se registraron 239 conflictos sociales, de
los cuales 126 al

menos tuvieron un episodio de violencia. ¿Considerando que estamos en un proceso electoral, qué tanto esta situación
podría afectar la campaña política?

- Salvo el tema azucarero, donde algunos candidatos han participado en las

marchas convocadas en apoyo a los

trabajadores de este sector, hasta ahora, los conflictos sociales violentos no han

afectado la actual campaña electoral.

Hay que considerar además que existen algunos factores que permiten pensar

que en este contexto electoral es poco probable que se incremente estos

problemas, básicamente porque siempre va a ser difícil prever cómo la participación

de algún candidato u organización en un conflicto de este tipo va a significar para

estos un mayor caudal electoral. Además hay que considerar factores como la

participación de algunos liderazgos regionales y locales en la actual campaña,

el periodo de “luna de miel” que suelen tener los alcaldes y presidentes regionales recientemente elegidos.

- ¿Por qué al actual gobierno le ha sido difícil manejar esta situación durante
todos estos años?
- Las razones pueden ser diversas. Los conflictos sociales que actualmente vive el país,
coinciden con el periodo de mayor crecimiento económico de nuestra historia. Esto no
es una casualidad. Más de la mitad de conflictos que reporta la Defensoría del Pueblo
son socioambientales, es decir, controversias asociadas a la explotación de recursos
naturales, principalmente mineros o hidrocarburíferos. Justamente son estos sectores
de la economía los que explican principalmente este crecimiento económico, a pesar de lo
cual, en algunos casos, el rechazo de la población hacia estas actividades es reiterado y las
demandas por trabajo, participación en los beneficios, protección del medio ambiente, etc.
son recurrentes. Otra causa central está en la débil capacidad que ha tenido el Estado para
intervenir en la etapa temprana del conflicto. Además
que muchos consideran que ésta es la mejor vía para lograr que el Gobierno atienda a sus
demandas.
Esta percepción se fortalece cada vez que se desatiende el conflicto en su etapa temprana y,
sólo después de la violencia, se logra
atender las demandas inicialmente calificadas como exageradas, infundadas o absurdas,
como sucedió en
Moquegua, Bagua o La Convención, por poner sólo algunos ejemplos.
- Qué medidas considera que el actual régimen pudiera tomar en estos cinco meses que le
queda en el gobierno, para que los conflictos sociales no se incrementen y así la transición
del poder no
corra riesgos?
- En cinco meses es difícil pensar en la implementación de alguna política pública efectiva en
materia de gestión de conflictos sociales. En todo caso, el Gobierno debería conservar lo
avanzado, como la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en la PCM, así
como de las oficinas de gestión de conflictos en los ministerios, de modo que la próxima
gestión pueda seguir construyendo capacidades sobre lo existente.
Asimismo, es fundamental evitar asumir compromisos que no puedan ser razonablemente
atendidos por el nuevo gobierno, para lo cual se requiere un adecuado nivel de coordinación
entre las comisiones de transferencia que se vayan a instalar. Un ejemplo palpable de lo que
puede suceder si no se toma en cuenta este asunto, es lo ocurrido con la renovación de
licencias para comercio ambulatorio expedidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima
antes de finalizar la anterior gestión.
- A su juicio cuáles debieran ser las medidas que el nuevo régimen a instalarse este 28 de julio
debiera implementar para desactivar los conflictos sociales que amenazan la paz del país
- El Estado debe implementar una política pública de manejo de conflictos sociales y prevención
de la violencia.
Para esto es fundamental que exista una adecuado nivel de coordinación entre las diferentes
instancias responsables de intervenir en las diversas fases del conflicto social; desde los
sectores donde se producen el mayor número de conflictos sociales, pasando por los gobiernos
regionales y locales, hasta las fuerzas policiales encargadas de enfrentar la violencia del
conflicto. Este sistema debe funcionar de manera preventiva para atender los problemas que
están detrás de conflictos, para prevenir el escalamiento del conflicto y, por último, para prevenir
la violencia. Otro aspecto central es promover el diálogo como principal mecanismo
para gestionar el conflicto y evitar su escalamiento violento. El diálogo, constituye la herramienta
más eficiente y menos costosa que puede utilizar el Estado para gestionar el conflicto dentro de
un marco institucional. La represión violenta del conflicto no puede convertirse en una práctica
habitual en el Estado para enfrentar estos fenómenos, salvo cuando extraordinariamente resulte
necesario el uso de la fuerza pública para proteger valores constitucionalmente superiores.