Después de casi medio siglo de conflicto armado, el número de desplazados internos en Colombia unos 3,8 millones según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR- sigue siendo el más alto del mundo.
Y detrás de las cifras -que organizaciones locales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, estiman en un número todavía más elevado- se esconden dolorosas historias personales que no dejan olvidar que en el origen del conflicto colombiano subyace una disputa por la posesión de la tierra.
Eso la saben bien en la vereda La Pola, municipio de Chibolo, departamento de Magdalena, en el nororiente de Colombia.
Durante mucho tiempo, esta región fue el principal teatro de operaciones del Frente Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando del tristemente célebre “Jorge 40”.
Y en julio de 1997, el comandante paramilitar, quien llegó a la zona afirmando que su objetivo era protegerla de la guerrilla, protagonizó en este humilde caserío uno de los casos de despojo más sonados en la historia reciente del país
“Aquí, en este lugar donde estamos, fuimos reunidos todos los de esta vereda, aproximadamente unas ciento y más de familias”, dice Rodrigo Carranza, un campesino de 47 años.
Carranza recuerda que ese día, los de las AUC les dijeron que tenían que abandonar este territorio. “Y bueno, cada quien cogió para diferentes lugares. Nuestras casas fueron incineradas, todas las finquitas fueron quemadas”.
Lentamente
En esos días, además de sus posesiones terrenales Denis Margot Pasos, de 37 años, también perdió a su esposo, el pastor Antonio María Rodríguez Felizzola, quién se rehusó a acatar las órdenes de “Jorge 40”.
“A él lo sacaron de la iglesia. Dieron la orden de salir, pero él no salió”, cuenta Margot. “Luego nos fuimos todos, aquí no quedó nadie”, relató.
Pasos regresó a La Pola, “a predicar la palabra de Dios”, hace tres años.
Pero algunos campesinos, como Rodrigo Carranza, emprendieron el regreso en el 2007, luego de la desmovilización de las AUC en 2006.
Y después de años luchando por recuperar plenamente sus terrenos, ahora esperan poder completar finalmente el proceso al amparo de la iniciativa más ambiciosa del presidente Juan Manuel Santos: la Ley de Víctimas, sancionada por el mandatario en junio del año pasado.
La implementación de la Ley 1448, sin embargo, ha dado pie a encendidos debates.
Las autoridades también han sido criticadas por no ofrecer suficiente protección a los líderes comunitarios que acompañan el proceso de restitución de tierras, quienes se han convertido en víctimas de las bandas criminales neoparamilitares surgidas a raíz de la desmovilización de las AUC.
Mientras que el senador Jorge Enrique Robledo, del opositor partido Polo Democrático Alternativo, ha acusado al gobierno de mentir y exagerar sus logros en materia de restitución.
Y lo cierto es que Santos, quien viajó la semana pasada a La Pola como parte de una gira de rendición de cuentas de sus dos primeros años de gestión, todavía no ha podido hacer entrega de un solo título de propiedad al amparo de su más ambiciosa ley.
“La restitución de tierras con el uso de esta ley no ha habido una sola hectárea, pero es porque no se podía hacer antes”, refirió el mandatario en ese entonces a la BBC Mundo.
“Se han restituido cerca de 18 mil hectáreas por la vía administrativa, pero con esta ley…”.
Proceso complejo
En los departamentos de Sucre y Bolívar, sin embargo, ya hay varias demandas en manos de los jueces de tierras con los que culmina el proceso contemplado por la Ley 1448.
“Y nosotros esperamos que las demandas que vamos a presentar en los próximos días estén saliendo en setiembre u octubre”, dice el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, refiriéndose al caso específico del municipio de Chibolo.
Según Sabogal, los críticos de la lentitud del proceso de restitución de tierras deberían hacer más por comprender las complejidades del proceso.
“La ley entró en vigor el primero de enero. Pero hasta que se recogen las solicitudes, que se empiezan a tramitar… obviamente eso no ocurre el dos de enero. Recuerde además usted que este es un proceso que tiene dos etapas, una administrativa (para la que hay establecido un plazo de ocho meses) y una judicial”, refiere Sabogal.
“Y el problema de la tierra es muy complejo. Quitar un centímetro de tierras en este país no es fácil, pues aquellos que fueron ganadores del despojo no las van a querer devolver de buenas a primeras”.
“Pero la decisión del gobierno es total y lo vamos a hacer, esta ley la vamos a sacar adelante”.
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