viernes, 24 de agosto de 2012

Deuda pendiente



El 28 de agosto del año 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su informe final sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú a partir de los 80. Sin embargo, las recomendaciones y sugerencias de dicho informe aún no se llevan a la práctica y hay muchas promesas incumplidas. 

Diana Jordán, viuda de Abarca, vivió los momentos más tristes de su existencia al quedarse sin su esposo y compañero: El Mayor de Infantería (EP) Maximiliano Abarca Castillo, quien murió desangrado entre Chipao y Puquio (Ayacucho), porque el helicóptero no llegó a tiempo. 
“Yo enviudé en el año 89 y me quedé con una niña de un año. Me dieron la noticia de la muerte de mi esposo en la casa de mi hermana. Debido al amor que le tenía yo seguía creyendo que él estaba vivo”, comienza a contarnos la señora Jordán. 
La señora Diana nos cuenta que pasó unos años terribles, no solo por los actos terroristas, sino porque el gobierno se negaba a facilitar los beneficios que le correspondían. “Tuve que hacer muchos trámites. Fue una situación que me chocó bastante”, dice la viuda.
Lo único que le dieron en ese momento fue un “adelanto” de S/. 500, con lo que tuvo que aprender a vivir.
En el año 2007 fue convocada a inscribirse a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se le informó que sería beneficiada con una beca para el estudio de su menor hija, una remuneración de diez mil soles y la inscripción del Seguro Integral de Salud.
“Han pasado no sé como cuantos años, y aún no nos entregan lo que nos prometieron”, dice con zozobra la señora Diana.
Quizás lo más irónico de todo es el hecho de que el Estado le debe una beca de estudios a la hija de la viuda, quien en el momento de la muerte de su padre tenía un año de edad. Sin embargo, actualmente la hija de la señora Jordán ya está a tres meses de terminar su carrera, por lo que la beca prometida no serviría de nada. 
Además, nos dijo que en determinado momento la quisieron sacar de la Villa Militar, porque, como ya no estaba el propietario (o sea su esposo), esa casa no le correspondía. Por lo que ella tuvo que hacer un juicio para poder  quedarse en esa vivienda hasta que el Estado le dio su nueva casa, que es donde reside ahora, en el distrito de San Borja.
“Ya soy muy mayor de edad y le pido al Estado que por favor, nos den nuestra reparación. Yo no estoy pidiendo nada gratis. Lo que pido es mío por derecho”, sostiene.
“No tengo calma”
La señora Doris Caqui, viuda de Rímac, no encuentra tranquilidad a pesar que ya han pasado muchos años desde aquel fatídico 23 de junio del 86, día en el que su esposo, Teófilo Rímac Capcha, fue apresado por militares uniformados, para luego ser reportado como desaparecido.
“Mi espíritu aún no tiene calma”, nos dice la señora Caqui, quien comienza relatándonos su fúnebre historia, rememorando hechos que le llenan el alma de dolor.
Su esposo Teófilo Rímac Capcha, profesor de filosofía y dirigente, fue desaparecido por los militares en Cerro de Pasco, la noche del 23 de junio del año 1986.
Rímac Capcha fue Sub Secretario General de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco y Secretario General del Comité Departamental del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular de Pasco (FOCEP)
Aquella noche funesta, irrumpieron en su domicilio militares uniformados, cerca de las 12:30 a.m.  “Nos sacaron del dormitorio donde estábamos descansando, junto a nuestros tres hijos, y  se llevaron a mi esposo a las sala a golpearlo”, recuerda Doris.
Nos contó además que esa noche, a pesar que su esposo mostró a los militares las garantías del Ministerio del Interior que certificaba que él estaba recibiendo amenazas desde hacía meses, ellos se lo llevaron al cuartel Carmen Chico, no sin antes romper las garantías. 
Según se supo tiempo después, en el cuartel, Teófilo Rímac fue sometido a severas torturas para que se auto inculpara del atentado de Picayacu.
Así, la señora Doris Caqui ha vivido los últimos años de su vida, esperando una justicia que aún no llega. 
“Nadie nos atiende”
Sandra García, viuda de Morales, presidenta de la Asociación de Viudas de Madres y de Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, nos indica que han intentado por todos los medios hacerse escuchar, pero nadie les presta atención. Su difunto esposo, el Mayor PNP  Roberto Morales Rojas, fue asesinado por Sendero Luminoso el 4 de febrero de 1993, en Huarmaca, Cochabamba.
“Nosotros, como víctimas del terrorismo, no hemos sido reparadas por el Estado en ninguna de las recomendaciones que dio la CVR”, afirma la presidenta.
Supuestamente, nos dice, íbamos a percibir diez mil soles, pero nosotros lo único que hemos recibido por parte del Ministerio del Interior es nuestro sueldo que nos corresponde, y el seguro de vida que lo cobra cualquier policía o militar que muere en acto de servicio. Pero ningún beneficio por reparación por ser víctimas del terrorismo. “Nos sentimos burlados y maltratados. Reclamando en la calle, no logramos nada. Junto a Doris Caqui – Presidenta de Conavip – hemos pedido audiencias para conseguir lo que nos prometieron. Pero ya no con marchas, sino dirigiéndonos mediante cartas a los diferentes estamentos del Estado”, nos cuenta la señora García.
Pero lamentablemente, afirma, no somos correspondidos. Hemos enviado incluso al Presidente de la República, pero tampoco nos ha hecho caso. A los únicos que llegamos es a algunos congresistas que tampoco pueden hacer mucho. Además, queremos modificar el Decreto Supremo 051, que lo dejó Alan García, donde nos pretenden reparar con diez soles indignos, pero no reparan, sino que dañan, porque la vida de nuestros familiares no tiene precio”, sostiene una indignada señora Sandra García.