Hace algunos días atrás se celebró en todo el país el Día del Campesino. Dicha fecha que debió servir de júbilo para todos nuestros hermanos del campo, sin embargo no lo fue para una inmensa mayoría, especialmente para aquellos que viven en la sierra y selva del Perú.
Para nadie es un secreto que nuestra agricultura se ha caracterizado por ser una actividad económica con dos claros nortes: 1) La producción agraria de subsistencia y, 2) La gran hacienda latifundista, que se caracterizó fundamentalmente por el desarrollo de un modelo agroexportador. Precisamente este sector que solo representa al 10% del universo de los campesinos, es la que se ha beneficiado en los últimos años.
Para el ingeniero Luís Suárez, exdirector de la Dirección Agraria de Huánuco, la crisis actual del sistema agrario, no es consecuencia exclusiva de las políticas de los últimos gobiernos, sino que hunde sus raíces de forma profunda en la historia de la colonia y de la república. Por eso, afirma, no parece pertinente culpar a la Reforma Agraria de 1969 promovida por Velasco, de los males actuales del sector agrario y de la decadencia del ruralismo.
Según las estadísticas del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), en el Perú, aproximadamente el 10% de sus habitantes (26% de la PEA), está vinculada al sector agrario con un perfil de subsistencia, de ahí que las unidades productivas tengan en promedio 3.1 hectáreas (está realidad casi no ha cambiado a la fecha). De acuerdo, con Suárez, esta situación hace difícil una planificación agraria que permita incrementar los precios de los productos agrícolas y de este modo poder reinvertir los beneficios en mejoras para los sistemas productivos, en la creación de productos con valor agregado o la generación de cadenas de valor. “En función a esto, el sector agrario tan solo ha sido capaz de aportar un 0.001% de la recaudación tributaria del país y esto, en parte, explica las dificultades que han tenido los gobiernos por financiar el sector, tanto así, que en el período del 2005, el sector agrario tan solo ha recibido el 3.4% de las colocaciones del sistema financiero. ¿Por qué? La respuesta es tan sencilla como dramática; el sector agrario no es atractivo ni puede ofrecer una alta rentabilidad en el corto plazo tal y como favorecen las teorías de la empresa neoliberal. Los problemas actuales son por lo tanto, consecuencia de los factores humanos, históricos e institucionales que se han ido exponiendo en la descripción del problema y sobre todo son manifestación del divorcio entre la idea de política como servicio por una política como negocio oportunista”, afirma el exfuncionario.
A su juicio, hay que evaluar en el presente agrario la ruptura de la relación hombre/tierra, y la instauración de modelos de desarrollo que han obviado la necesidad de ejecutar un cambio social en el ámbito rural, que permita reinterpretar su realidad como un conjunto identitario capaz de promover los lineamientos de su propio desarrollo, la optimización de sus recursos internos y consecuentemente la integración regional que organice una distribución más equitativa de la renta.
Para el director de la Revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad Ardiles, si bien sería injusto culpar al gobierno aprista de ser el responsable de la actual crisis de la agricultura, ello no significa que este régimen haya mejorado las condiciones de este sector, más por el contrario, ha buscado estrangular de diversos modos a los pequeños productores y las comunidades campesinas y nativas, para obligarlos a transferir sus tierras a los neolatifundistas en acecho.
Según Trinidad, el gobierno de García no solo ha incumplido olímpicamente el precepto constitucional que otorga preferencia al desarrollo del agro (artículo 88), sino también las políticas de Estado XV y XXIII del Acuerdo Nacional, y las que dispone defender a la producción nacional frente a cualquier forma de "competencia" externa desleal, como las importaciones agrarias subsidiadas (artículo 63). “Esta situación ha hecho que el sector que representa al 26 por ciento de la población nacional y produce el 70 por ciento de los alimentos que consumimos todos los peruanos, apenas se le asigne el dos por ciento del presupuesto público”, refiere el periodista.
“Para cambiar esta situación, es necesario lograr una justicia económica que implique pagarle al campesino lo que realmente valen sus productos”, sostiene el también director de La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO).
Para nadie es un secreto que quienes se enriquecen con el trabajo del agricultor es el intermediario, que paga sumas ínfimas por los productos que cosecha el campesino.
En Huánuco, por ejemplo, por un kilo de papa blanca en chacra se está pagando entre 0.60 a 0.70, cuando en el mercado ese mismo producto se vende a 1.20. Aquí la rentabilidad para el intermediario es del 50%, mientras para el productor la ganancia apenas si alcanza para comer y para comprar una u otra cosa.
Mea culpa
Si bien el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta, reconoce que este gobierno hizo un gran esfuerzo para desarrollar la agricultura del país, considera que pudo hacerse mucho más.
A su juicio, debió destinarse más recursos a este sector, ya que para poder desarrollar la agricultura en nuestro país se requiere mínimamente de 800 millones de dólares; también debió reestructurarse el Programa Sierra Exportadora, ya que por culpa de muchos funcionarios y técnicos, solo pudo atender al 25% de los beneficiados.
“Debo admitir que no se trabajó coordinadamente en toda la cadena productiva, se descuidó varios aspectos, como la tecnificación y la búsqueda de mercados”, sostiene Huerta.
El titular de esta comisión hizo un llamado al nuevo gobierno de Humala para priorizar el campo, ya que se requiere de más fondos para diversificar el sembrío y lograr que el producto no solo se venda como materia prima, como es actualmente, sino con un valor agregado.
Por su parte Reynaldo Trinidad refiere que Ollanta Humala si realmente quiere cambiar la agricultura del país, debe hacer cumplir los artículos 88 y 63 de la Constitución, las políticas de Estado XV y XXIII del Acuerdo Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en torno al Derecho de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en torno a cualquier medida administrativa o legislativa que pudiera afectarlos, y el Plan Agrario de Gana Perú.
Con ello, sostuvo, lograremos que los agricultores que siempre fueron los más olvidados (no de la costa) tengan mayores rentabilidades y por ende una mejor calidad de vida.
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