jueves, 1 de marzo de 2012

El drama de los propietarios

A Jorge de la Cruz, peruano de 45 años, la semana pasada su banco le dio la opción de permanecer en su piso de Usera (Madrid) pagando un alquiler. La oferta le llegó in extremis: faltaban horas para que se ejecutara su desahucio. De la Cruz llegó a España en 2003 y a los dos años compró el piso pensando en que pronto se reunirían con él su mujer y sus tres hijos que se quedaron en su natal Huancavelica. Pero la crisis desbarató los planes de esta familia, que sigue dividida en dos. Aceptó la oferta porque no tenía otra opción: pagará 500 euros mensuales a la entidad. No se trata de un alquiler social, como reivindican los afectados, pues para que lo sea el precio debe fijarse en un 30% de los ingresos de la unidad familiar y Jorge recibe 426 euros de ayuda pública. Dos amigos se van a mudar con él para compartir los gastos. Él no está del todo cómodo con lo firmado a toda prisa: “¿Por qué debo pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), si ya no soy el propietario?”, se pregunta.

Al igual que Jorge, Carlos Sevillano, un profesor ecuatoriano, también acaba de aceptar la oferta de un banco para evitar ser desalojado de lo que hasta hace una semana era su hogar.

Carlos llegó a Barcelona hace 10 años. Trabajó de todo y gracias a sus ahorros pudo adquirir hace cinco años un departamento en esta ciudad.

Mientras tenía trabajo, él estuvo pagando al banco su crédito hipotecario. Sus problemas empezaron hace casi dos años cuando se quedó sin empleo. “Al comienzo continúe amortiguando el crédito bancario puesto que tenía un ahorro, ahora ese dinero y lo poco que gano no me alcanza porque debo dar preferencia a la alimentación de mi hijo que tiene ocho años”, cuenta el sudamericano.

De su esposa, ecuatoriana también, no tiene noticias hace un año, desde que ella viajo a su país en busca de un empleo. “He tratado de comunicarme con Rebeca, pero nada. Su familia no me da razón”, explica.

Las entidades están aplicando en algunos casos alternativas a los desahucios. Fórmulas como la refinanciación del crédito o convertir al propietario en inquilino, aunque esta opción es aún minoritaria en España. Bankia, la entidad que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es la que más desahucios ha llevado a cabo, ha flexibilizado las condiciones hipotecarias de 50.000 clientes. Una de las soluciones que ofrece es fijar una cuota mínima que el deudor pueda pagar (unos 300 euros) y evitar el desalojo. “El ofrecimiento del alquiler lo hacemos a través de la obra social. En casos de gran exclusión, pero no es una fórmula muy utilizada”, añaden fuentes de la entidad. Otros bancos reconocen que, pese a ser minoritario, es un mecanismo que cada vez usan más.

Bancos y cajas son conscientes del coste que tienen para su reputación las imágenes en los medios de comunicación de familias a las que se les expulsa de su hogar por no poder pagarlo. Desde que empezó la crisis, el Santander ha refinanciado 40.000 operaciones por un valor conjunto de 4.200 millones de euros.

La opción de alquilar el piso, además de ahorrar a las entidades los costes de un desahucio, les garantiza un ingreso y la seguridad de que nadie va a destrozar la vivienda. “Le dije al banco: ¿Qué preferís, que tengamos el piso cuidado o que se meta una familia de okupa (gente que toma posesión de una vivienda desocupada sin pagar nada a cambio), que es lo que va a pasar?”, explica Pedro (no quiere dar su apellido), un español que hace dos años perdió su empleo en una fábrica de ropas que permanecerá en la vivienda a cambio de 500 euros revisables a la baja si cumple con los pagos.

“La búsqueda de alternativas al desahucio es una demanda social que poco a poco se abre paso”, dice Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, y mediador en muchos de los desahucios que los activistas intentan frenar. En su opinión, el aumento de estos alquileres es el resultado “de la movilización social” y “del desprestigio de las entidades, que están perdiendo la batalla con la sociedad civil por el ejercicio antisocial del derecho a la propiedad sobre las viviendas adjudicadas, que en muchos casos abandonan, sin anotarlas en el registro de la propiedad y sin abonar las cuotas a las comunidades de propietarios”, sostiene.