El alto número de menores de edad captados por las mafias dedicadas a la trata de personas en el país, sobre todo en los lugares alejados de Lima, evidencia, – a decir de Ricardo Valdés de la ONG CHS Capital Humano y Social-, la deficiente labor que viene haciendo el Ministerio de la Mujer así como las instituciones civiles encargadas de velar por el bienestar de lo niños y adolecentes en condición de abandono moral, social y económico a quienes la inclusión social todavía no les ha llegado.
“Los gobiernos locales y regionales juegan un papel primordial en este asunto, no es posible que se sigan abriendo bares y centros nocturnos sin el menor control en Puno, Loreto y Ucayali donde se han registrado el mayor número de explotación sexual a menores de edad”, refiere Valdés.
De la ineficiencia del Estado se vienen aprovechando las mafias dedicadas a este negocio. Pero, según el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, Humberto Durán, existen otros factores que han contribuido a que actividad ilegal persista.
De acuerdo con Durán, a la inercia estatal también se suman factores culturales, familiares, psicosociales y afectivos, de migración y desplazamiento, así como económicos, por lo que se necesita la conjunción de esfuerzos coordinados entre instituciones estatales, ONGs especializadas y las principales instituciones sociales, como la familia, la iglesia, los clubes de madres, entre otros.
“Mientras esto no se haga, y solo se reduzca el problema al lado represivo punitivo, poco se habrá de lograr, ya que precisamente son determinadas condiciones sociales, culturales y políticas las que alientan esta práctica”, sostiene el letrado.
Ricardo Valdés por su parte afirma que es necesario que las autoridades ediles hagan un mayor control de fiscalización de los locales que no cumplan con las normas de no contratar a menores de edad. “El pensamiento del informal que se dedica a tratar con menores de edad es – si yo no tributo no formo parte del Estado, por consiguiente no tengo porque regirme a las leyes – y si no me rijo a las normas todo lo que haga esta dentro de los parámetros lícitos. Un claro ejemplo es lo que pasa con las empresas de transportes informales que no piden ningún tipo de documentación a un menor y que sin embargo siguen operando con toda normalidad – a ellos se les debe fiscalizar, lo mismo pasa con los hostales, alojamientos, cabinas de internet, agencias de empleos, etc. En pocas palabras nadie fiscaliza nada, ahí esta parte del problema”, sostiene.
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