jueves, 29 de marzo de 2012

España en crisis por protestas laborales

Medidas adoptadas por el gobierno español parece no ser del agrado de un gran sector de la población que salieron a las calles a protestar por reformas a la que califican con antidemocráticas desatando una ola manifestaciones que pueden traer serios problemas al presidente Mariano Rajoy.


El Gobierno de Mariano Rajoy sufre una huelga general contra la reforma laboral cuando aún no lleva ni cien días de mandato. La protesta -la octava de estas características en democracia- ha arrancado sin incidentes graves, aunque tres integrantes de piquetes han sido detenidos en Madrid en torno a las dos de la madrugada por causar daños en establecimientos del centro de la ciudad y otras cuatro personas lo han sido en dos piquetes de Alcalá de Henares y en Coslada.

Varias televisiones autonómicas han interrumpido su programación durante la noche del miércoles: por el momento son Canal 9 (Comunidad Valenciana), TV3 (Cataluña), Canal Sur (Andalucía) y el canal público de la Comunidad de Madrid, que precisa en un mensaje en pantalla: “La huelga general, convocada por los sindicatos contra la reforma laboral del Gobierno de la Nación, impide la emisión de Telemadrid”.

La huelga pretende meter presión al Gobierno central para que cambie una reforma laboral de urgencia que le exigió Bruselas y que abarata el despido además de permitir bajadas unilaterales de sueldo. La convocatoria se produce cuando España padece los mayores problemas de paro de su historia (hay 5,3 millones de desempleados), llega con el Ejecutivo del PP zarandeado por un imprevisto resultado electoral en Andalucía —que mantiene a la izquierda en el poder de la comunidad más poblada de España— y cuestionado por las autoridades europeas, que desconfían del rumbo que sigue este país y duplican sus exigencias de disciplina. Con estos antecedentes, la movilización de los trabajadores contra le reforma laboral no hará rectificar una coma a Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno, que ha negado que el fracaso electoral en Andalucía tenga que ver con su política de recortes, subidas de impuestos y eliminación de derechos de los trabajadores, ha insistido en su intención de avanzar en los ajustes que necesita España, mantener intacta la reforma laboral que han aprobado y desoír las reivindicaciones de sindicatos y trabajadores.

El día siguiente al paro general en España, Rajoy aprobará en consejo de ministros un proyecto de presupuestos del Estado que será “el más austero de la democracia”, según ha anunciado. Con una reducción media del 15% en las partidas de todos los ministerios, la difícil asignatura del cumplimiento del objetivo de déficit justo en el comienzo de una larga recesión provocará más paro y pobreza en el país, según todos los pronósticos.

La huelga sigue la senda marcada hace solo año y medio como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también planteaba mecanismos para abaratar el despido y que fue contestada por los sindicatos con una protesta general. Entonces, el Ejecutivo socialista tampoco rectificó. En aquella ocasión, el PP atacó con dureza a los sindicatos, rechazó las razones esgrimidas para la huelga y censuró aquella iniciativa mucho más que lo hizo el Gobierno socialista.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2010, la protesta cuenta con el apoyo de los socialistas, que entienden las razones que esgrimen los sindicatos y ya han anunciado que recurrirán la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional por entender que vulnera varios artículos de la Norma Fundamental. Lo hará si el Gobierno, como parece que es su intención, no rectifica la normativa, como reclaman los sindicatos.

En las cuatro huelgas anteriores, la protesta apenas hizo cambiar a los Gobiernos que aprobaron las reformas

Aunque los socialistas no secundarán la huelga ni dejarán de trabajar en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autónomos durante la jornada de protesta, las declaraciones de sus dirigentes son de claro apoyo a la iniciativa.

Los populares consideraron insuficiente en 2010 la reforma laboral que aprobó el PSOE y aunque entonces criticó el abaratamiento del despido, ahora han profundizado en los ajustes de esa normativa acogiendo los principales criterios de la patronal CEOE y rechazando los planteamientos de los sindicatos. “Es la mayor regresión de la democracia”, señalan los líderes de CC OO y UGT.

El Gobierno del PP entiende que la nueva reforma laboral contribuirá a la creación de empleo. Los socialistas creen que causará más despidos.

Será la quinta convocatoria de este tipo de las ocho registradas en democracia, donde la protesta tiene que ver fundamentalmente con recortes en materia de desempleo o con una reforma laboral. En las cuatro ocasiones anteriores (1992, 1994, 2002 y 2010), la protesta apenas hizo cambiar a los Gobiernos que aprobaron las reformas. Solo en uno de los casos, la reforma aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2002, en pleno auge económico, fue considerada inconstitucional por el Tribunal por “uso abusivo del decreto Ley”.